¿Realmente creemos que se tienen que pudrir en prisión?
El sistema carcelario argentino y la situación de presos y presas nos convocan a repensar qué hacemos como sociedad con las personas que cometen delitos. En un Estado de derecho: ¿Es admisible que se violen los derechos humanos de las personas detenidas? ¿Podemos permitir que vivan en condiciones inhumanas? ¿Toleramos y miramos para el costado ante las torturas y vejaciones? ¿Existe la pena de muerte dentro del servicio penitenciario? ¿Pensamos qué sucede con esas personas que, luego de cumplir su pena privativa de la libertad, salen de las cárceles? ¿Consiguen empleo, pueden comenzar o continuar sus estudios, tienen una familia que espera y contiene, cómo reaccionan los vecinos? ¿Deseamos la integración social de presos y presas o predomina el tan mentado “que se pudra en la cárcel”?
En esta edición de Diálogo Ciudadano sumamos las voces de las personas privadas de la libertad para que nos cuenten sus experiencias. “Necesitamos visibilidad afuera para que no haya silencio y oscuridad intramuros”, reflexionaron. “Nada gracias a la cárcel sino a pesar de la cárcel”, aseguraron. “Todo lo que hacemos es a pesar del servicio penitenciario”, nos comentaron. “Vivimos en el infierno y soñamos con la libertad”, sentenciaron.
Vas a conocer a Liberté …construyendo esperanza en el mismísimo infierno… de la mano del Pampa, es una cooperativa que funciona en la Cárcel Cerrada de Máxima Seguridad de Batán, que fue creada en el año 2014 por un grupo de presos. Es un emprendimiento 100% autogestionado por presos que contó con el padrinazgo del juez de Necochea, Mario Juliano, fallecido en el año 2020. Liberté nace para obtener una mejora de vida dentro de las cárceles, para conseguir lo que el Estado no les daba: un plato de comida decente, maquinitas de afeitar, papel higiénico, remeras. Con mucho trabajo lograron una biblioteca con más de 3.500 libros que reparten al resto de los pabellones, un almacén donde pueden adquirir alimentos con un sistema de pagos electrónicos debido a la prohibición de utilizar efectivo, una rotisería, una huerta, un apiario, actividades deportivas, cursos y, la gran novedad, consiguieron una Diplomatura única, la primera en su tipo, organizada y coordinada desde una cárcel, donde no necesitás un título de grado para acceder, tiene 1600 inscriptos y conviven presos y presas junto a jueces, juezas, profesionales y estudiantes de derecho, entre otros. La Diplomatura de Extensión se efectúa junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Además, Liberté creó un fondo de asistencia a la víctima en una puesta en práctica de las nociones de justicia restaurativa.
También conocerás a Pabellón 4, organizados en la Unidad de Máxima Seguridad N° 23, Pabellón N° 4 de Florencio Varela, iniciativa impulsada por Alberto Sarlo, un abogado de 48 años, escritor –publicó cinco novelas -, entrenador de boxeo matriculado. Crearon la primera y única Editorial Carcelaria de Argentina que se llama Cuenteros, Verseros y Poetas, ya publicó más de 14 libros gratuitos y 3 fanzines – cada edición de dos mil libros cada una, lo que representaron en diez años 28 mil libros – que fueron donados a comedores de Quilmes, Florencio Varela y la Cárcel de Mujeres de Olmos. En Pabellón 4 se enseña a leer, escribir, filosofía, boxeo y hacen música de la mano de la banda “Gueto de Varsovia”, “nos llamamos así por ese grupo de judíos que se atrinchero en la segunda guerra mundial una demostración de la resistencia en este campo de concentración donde vivimos”, nos contaron.
Estuvimos con Mujeres tras las rejas y te invitamos a conocer su trabajo. Es una ONG liderada por Graciela Rojas que viene realizando un profundo trabajo social en la cárcel de Rosario, acompañando intramuros a las mujeres presas y refugio y contención una vez que estén afuera. «Nosotras, las mujeres en el arte, presas de esa imagen, nosotras las mujeres en la casa, presas de un sistema que nos confina a los márgenes de toda representación, nosotras, las mujeres privadas de la libertad en el margen de todos los márgenes, nos proponemos mostrándonos al mundo y a nosotras mismas con una mirada deconstruida». Comenzaron con el teatro intramuros, pero el gran avance se dio con la radio comunitaria: “Una ruptura con el encierro donde entra el afuera y sale el adentro”. La radio fue un despertar de conciencias, de derechos que no deben pausarse con el encarcelamiento, las carencias del sistema se filtran en ese espacio de reflexión y comunicación. “Íbamos varios y armábamos una estructura, incluso dábamos cursos o charlas”, cuenta Graciela. “Muchas mamás que se iniciaron con nosotras pudieron por ejemplo pararse frente un juez y decirle que sus hijos necesitan comer o vacunarse”, cuenta Rojas. En el medio de la radio surge “El enredo” taller de costura que se realiza dentro de la prisión y los resultados se comercializan en ferias. “Antes de ser victimarias, esas mujeres son víctimas de un sistema. Todas dejaron de estudiar para criar hermanos, hijos, sobrinos. No saben cómo cuidarse sexualmente. Y nunca recibieron atención de su salud, maman mandatos patriarcales fríos y crueles desde antes de nacer, explica la fundadora de la ONG.
Conocimos el trabajo de la Fundación Tercer Tiempo, Rugby para la Reinserción, cuyo objetivo principal es “la reinserción social de aquellas personas que se encuentran en conflicto con la ley penal o bien en un estado de vulnerabilidad social, utilizando como medio la práctica del Rugby, y pretendiendo a través de ésta inculcar, los valores del trabajo en equipo, solidaridad, respeto y esfuerzo, que este deporte pregona”. “No es caprichosa la elección del Rugby, el respeto al árbitro, la honestidad para con el adversario y el apego a las reglas del juego, nos parecían la excusa ideal para intentar abordar las múltiples problemáticas que atraviesan a las poblaciones privadas de la libertad”. En la actualidad están desarrollando su proyecto en cuatro (4) cárceles de la ciudad de Rosario y sus alrededores, Unidad Penitenciaria N° VI de la ciudad de Rosario, Unidad Penitenciaria N° XI de la localidad de Piñero, Unidad Penitenciaria N° XVI de la ciudad de Pérez e Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR). También cuentan con un espacio de practica extramuros en el polideportivo municipal de la ciudad de Rosario, “allí seguimos el abordaje mediante el rugby fundamentalmente con nuestros equipos profesionales de los jugadores pero también con sus familias”.
Además, nos ayudan a conocer la situación actual y a pensar en necesarias transformaciones distintos especialistas:
Eduardo Barrionuevo nos desafía y nos dice que, al hablar de personas privadas de la libertad, no debemos olvidarnos de que hablamos de personas. Nos cuenta qué pasó con los presos durante la pandemia, la utilización de la tecnología, los celulares, el contacto con sus seres queridos y la posibilidad de seguir su educación. “Afirmar con contundencia que los derechos humanos no son sólo de las personas privadas de libertad, pero también les pertenecen. El haber sido condenados por un delito los priva de la libertad ambulatoria, no de la dignidad”.
María Jimena Monsalve nos convoca a conocer múltiples problemas actuales que, a su entender, resultan ignorados al momento de generarse los debates públicos en los medios de comunicación. Falta de presupuesto e inversión, falencias en la formación profesional de los servicios penitenciarios, la ausencia de programas de desarrollo social, hiperencarcelamiento masivo, que tuvo su pico entre los años 2018 y 2019, entre otros. Y exhorta por una “implementación uniforme del sistema acusatorio adversarial, pero enfocado en las necesidades específicas de esta etapa procesal tan diferente, y con plena capacitación en la aplicación de las justicias alternativas, como la Justicia Terapéutica y la Justicia Restaurativa, como recursos de acción e intervención constantes”.
Cecilia Toro pone el acento en las medidas disciplinarias “la persona presa se encuentra sola ante el ejercicio discrecional del poder de la autoridad penitenciaria”, analiza el caso “Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina” que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la recomendación al Estado argentino para que adecúe la normativa referida a las sanciones disciplinarias en materia de ejecución penal que respete los principios básicos del debido proceso y las previsiones de los instrumentos internacionales de derechos humanos al respecto, el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo argentino remitió al Congreso de la Nación en abril de este año (2021) que contempla la reforma del capítulo referente a sanciones disciplinarias. “La voracidad del poder punitivo llevado a su máxima expresión con el encierro carcelario nos devuelve el paisaje desolador, la soledad extrema de quien es objeto del ejercicio de ese poder. El castigo (que se suma al castigo del encierro) bajo la apariencia formal de sanciones disciplinarias, con la consecuente imposibilidad de acceso a beneficios penitenciarios (que en realidad son derechos). De allí entonces la necesidad de adecuación de la normativa (y de las prácticas) al respecto irrestricto de los derechos humanos de las personas presas”.
Gustavo Vitale nos cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina y declaró que la política de traslados de personas privadas de la libertad vulnera derechos humanos. Vitali llevó ante la Corte el caso neuquino «Néstor Rolando López y otros. vs Argentina», su conclusión fue que los traslados o transferencias de las cuatro víctimas a centros de detención fuera de la Provincia de Neuquén de donde eran oriundos, ubicados entre 800 y 2000 kilómetros de distancia de sus familiares, jueces y abogados defensores, sin una evaluación previa ni posterior de los efectos en su vida personal y circunstancias familiares, implican el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y lo hacen responsable de violaciones a los mismos. Además, concluyó la Corte IDH que no existe en Argentina un marco legal claro en materia de traslados, distinto al disciplinario, basados en el art. 72 de la Ley de Ejecución entre cárceles a nivel federal, lo que deriva en que las personas presas puedan ser trasladadas de manera arbitraria. Esta práctica es avalada por los jueces en el control posterior al resolver los habeas corpus, al permitirle al Servicio Penitenciario Federal un amplio margen de discrecionalidad para asignar el alojamiento de las personas encarceladas, verificándose la ausencia de un control judicial efectivo.
Gustavo Salvador nos propone reflexionar sobre la pena privativa de la libertad, “se ha comprobado empíricamente que castigar por castigar no genera un proceso de transformación en el individuo”. Ante una sociedad que manifiesta su reclamo por el incremento de la inseguridad y el incremento en la taza de reincidencia en los delitos, plantea que la sanción penal no puede ser la única respuesta punitiva del estado y hay que pensar otras respuestas ante infractores a la ley penal. “Sobre todo cuando se está en presencia de personas jóvenes, cuya situación de vulnerabilidad aparece sumamente ostensible. Me estoy refiriendo a lo que se da en llamar “Justicia Restaurativa”, que aparece como algo diferenciador de lo que constituye la sanción de encierro como un fin en sí mismo”.
Alberto Volpi nos hace conocer el programa Marcos de Paz (MdP), que fue establecido por Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) a través del cual visitan cárceles federales para “facilitar” el diálogo. Son equipo de facilitadores que promueven y organizan, fundamentalmente, dos espacios para el diálogo, organizados generalmente con el formato de círculos de diálogo dinámicos entre pares: Probemos Hablando, para las personas privadas de libertad, y Concordia, para las personas que trabajan como agentes del servicio penitenciario.
Claudia Liliana Perlo nos presenta un sistema de videoconferencia móvil para la gestión institucional y educativa en contextos de encierro.
José Morales y la Dirección General del Patronato de Liberados de Entre Ríos nos harán un recorrido por sus “Talleres Para la Libertad” y además nos muestra su trabajo para fomentar las Cooperativas de Trabajo con la finalidad de contribuir a la reintegración laboral de liberados y liberadas en distintos ámbitos, posibilitando la concreción de iniciativas productivas, micro emprendimientos, acciones de economía social o estrategias similares.
Algunas cifras
“Argentina avanza hacia un sistema de encarcelamiento masivo. A finales de 2018, las cárceles y alcaidías argentinas alojaban 94,883 personas privadas de su libertad (PPL). Este número de internos creció un 47% en sólo 5 años, y representa un crecimiento del 97% en tan sólo una década. Sin duda, es el dato más importante acerca del sistema penitenciario de la Argentina”, indica el Informe 2020 sobre la Población Privada de la Libertad en la Argentina del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTREF.
Asimismo, el informe manifiesta que “al crecimiento acelerado de la población no fue acompañado por un crecimiento de plazas, lo que produjo un mayor hacinamiento y un severo deterioro en las condiciones de encierro y la provisión de servicios y programas de rehabilitación”.
¿Qué tipo de delitos cometieron las personas privadas de la libertad? Al tomar los últimos dos años en el Servicio Penitenciario Federal y en el de la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 4 arrestados fue por delitos vinculados con las drogas ilícitas, lo que indica que los presos por delitos vinculados a los estupefacientes más que se triplicó durante ese período evaluado. Por ende, el mayor crecimiento de la población carcelaria en estas dos jurisdicciones se explica mayoritariamente por delitos vinculados a las drogas, y en menor medida por robos y delitos sexuales. “Sin embargo, no fue impulsado por el encarcelamiento de los grandes traficantes sino por aquellos vendedores y transportistas de poca monta”, asevera el informe.
Por otra parte, al tomar en cuenta las condiciones de encierro, el informe es lapidario. “Las cárceles de la provincia de Buenos Aires tienen un marcado mayor hacinamiento (con muchos internos durmiendo en colchonetas en el piso), una carencia pronunciada de fuentes de trabajo y programas de estudio, y servicios más deficitarios. Por otro lado, el SPF tienen muchos más recursos y por lo tanto las condiciones de reclusión son significativamente mejores”.
