Por Marcela Ruiz, presidenta Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
Recorriendo los conceptos vertidos en estas notas que componen nuestra edición especial de Diálogos dedicado a Acceso a Justicia, y a 40 años de la recuperación del sistema democrático, no puedo soslayar los avances que supimos conseguir, pero también reflexionar sobre nuestras carencias y la falta de respuestas que aún tenemos ante las desigualdades estructurales de nuestras sociedades que dejan fuera de los sistemas de justicia a las personas más vulnerables.
Entre los avances cabe mencionar la creación de una gran cantidad de Centros de Acceso a la Justicia con asesoramiento jurídico y social gratuito; el establecimiento de sistemas de mediación comunitaria, mucho más simples y ágiles que la obligatoria mediación judicial y/o extrajudicial previa a la deducción de un pleito, los mecanismos de solución de los conflictos relacionados con usuarios y consumidores; las campañas masivas para la difusión de derechos y el combate de determinados flagelos como el delito de trata, la violencia de género, la discriminación, etc., que ha tenido correlato en la sanción de importantes normas jurídicas, entre otros logros de los últimos años.
No obstante, observamos realidades dispares en las distintas provincias, algunas con un desarrollo loable como la provincia de Río Negro, otras pioneras en experiencias novedosas como Entre Ríos, otras que pudieron –Pandemia mediante- avances tecnológicos para facilitar accesos, pero que aún no logran romper las barreras de las desigualdades de nuestras poblaciones y por lo tanto no poseen un real Acceso a Justicia.
Y cuando menciono un efectivo Acceso a Justicia, no estoy pensando en un concepto abstracto, estoy hablando de una política de fuerte inclusión social con equidad.
Los obstáculos de la ciudadanía para el acceso a justicia son variados, pero sobresalen las problemáticas de índole socio cultural, económicas, educacionales, cognitivas, territoriales, raciales, entre otras.
Los poderes ejecutivos y judiciales, en su gran mayoría, no consiguen elaborar sistemas adecuados que incluyan las diversidades mencionadas y que respondan a las necesidades ciudadanas del siglo XXI. En muchos casos, el acceso a justicia se produce por el meritorio voluntarismo de las personas individuales o de los grupos de trabajo, para resolver cotidianamente los conflictos justiciables de nuestras comunidades.
Observamos magistradas, magistrados y funcionarios que deciden implementar lenguaje de señas para que la persona justiciable comprenda y asista a un proceso judicial, otros que recurren a las figuras de facilitadores culturales para comprender la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, muchos otros que recorren miles de kilómetros, atravesando montañas, valles y ríos para acercar los servicios de justicia a las poblaciones asentadas en diversos parajes de nuestra basta geografía.
Las y los integrantes de los Poderes Judiciales sabemos con certeza que Acceso a Justicia es un derecho humano de todos los habitantes de la Nación y como tal, debe ser respetado y protegido desde el Estado y desde la propia sociedad. Además, implica el fortalecimiento de la administración de Justicia y de la democracia como sistema de gobierno. ¿Será por ello que hacemos esfuerzos inconmensurables por llegar allí donde el servicio justicia es necesario?
Claramente no alcanza con los esfuerzos y el voluntarismo individual, por más plausible y admirable que pueda resultar. Es imprescindible que desde el propio Estado se adopten políticas y acciones tendientes a facilitar el acceso a justicia, aumentar la tutela efectiva y el acceso a la justicia a través de reformas normativas, implementar modelos de modernización y descentralización del sistema de justicia, crear programas para ofrecer servicios legales a todas y a todos, y la construcción de redes interinstitucionales que ofrezcan herramientas concretas para ejercer efectivamente los derechos.
A 40 años de Democracia tenemos el deber de hacer realidad la obligación que nos impone el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional: «…afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…».
