Por Ariel Ariza, presidente Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
En lo que va del año, los nombres de los días se sustituyen con los nombres de las víctimas que pasan a ser títulos de las coberturas televisivas de los femicidios. Son nombres de mujeres, adolescentes y niñas. Los medios de comunicación refieren detalles de vidas truncadas y de sentimientos de despojo de afectos primarios. Impotencia es la palabra que no hace falta pronunciar porque flota como un sentido que alude a cada pérdida que transmite en las crónicas de los hechos.
Los problemas que se agudizaron durante 2020 vuelven a presentarse, generando un círculo crítico de repeticiones siniestras. Las herramientas dispuestas para afrontarlos siguen resultando insuficientes. Ante la violencia de género y los números de femicidios que día a día se registran una de las alternativas para consolidar las políticas, y también para repensarlas en forma constante, es detener, focalizar la mirada sobre los dispositivos existentes para dar respuestas ante pedidos y denuncias para asegurar prevención y protección en situaciones de riesgo para la vida e integridad de las víctimas. Está claro que las políticas, las herramientas y los circuitos de los sistemas de justicia tienen que reforzar sus ejes de trabajo Por eso, queremos poner blanco sobre negro para definir cuáles son los dispositivos existentes para dar respuestas ante pedidos y denuncias.
Se presentan en esta edición de Diálogo Ciudadano una serie de enfoques críticos sobre este presente que afecta a mujeres, adolescentes, niñas y diversidades de nuestra Argentina. Los aportes y las voces que se suman a este número provienen de los campos más diversos: las militancias sociales y feministas, las organizaciones que trabajan en los territorios cumpliendo diversas tareas, personalidades y referentes de distintos campos del saber, los diferentes departamentos de los Estados –nacional, provinciales y municipales- desde los cuales se establecen las políticas y las responsabilidades para afrontar las respuestas hacia quienes padecen violencia y desde los cuales deben mediar articulaciones y coordinaciones.
Ante el agravamiento de la violencia de género en el contexto de la pandemia de COVID-19, las miradas y aportes que contiene esta entrega de Diálogo Ciudadano, toman en cuenta los malestares sociales y culturales a través de los que se generan, residen y se potencian las violencias en todos sectores de la sociedad.
Se propone considerar especialmente el mapa de recursos y dispositivos en los ámbitos judiciales existentes en las distintas jurisdicciones. Este mapa aspira a constituirse en una herramienta a través de la cual mirar las adaptaciones que desde los sistemas judiciales se vienen llevando a cabo. Permitirá igualmente ver el panorama de abordajes en cada región como así también medir la calidad de la coordinación interinstitucional entre los poderes del Estado. El mapa estará en proceso constante de elaboración y actualización.
En el mes de Febrero de este año, FAM emitió un documento en el que se perfiló como cuestión prioritaria la necesidad de medir la capacidad de los dispositivos existentes como así también de los modos de interactuación y coordinación entre los poderes del Estado. Este documento condensa sintéticamente el modo en que desde los sistemas judiciales se están evaluando los funcionamientos y las áreas que es necesario fortalecer, en un contexto en que además se presentan una serie considerable de circunstancias adversas. En este conjunto de posiciones expresadas por FAM bajo la denominación de “Afianzar las justicias” , el eje inicial es también el de las preguntas que lleva a formularse la cantidad de denuncias de violencia y el desenlace de los números de femicidios.
También tiene lugar en esta edición una propuesta de trabajo sobre reformas del Poder Judicial y sus estructuras y procesos, que tuvo lugar en los últimos días en la provincia de Santa Fe. El encuentro interinstitucional marca la característica de esta cooperación coordinada entre los tres poderes del Estado para mejorar la calidad de las respuestas desde el sistema judicial hacia la sociedad. Una iniciativa que merece ser tomada especialmente en cuenta dado que tiene entre sus objetivos consolidar áreas y problemas recurrentes en temas de acceso a justicia, reformas en los fueros con competencia laboral, vías procesales para consumidores y usuarios, plena implantación de la oralidad en procesos civiles y comerciales e incorporación de tecnología digital para superar las dificultades afrontadas por abogadas y abogados en el ejercicio profesional durante la pandemia.
