Arturo Ferreyra, juez de Ejecución Penal con sede en Villa María, Córdoba, integrante de la Comisión de Seguridad de la FAM.
Estamos preocupados por las cuestiones de seguridad de la comunidad en general y de los funcionarios que tienen que dedicarse a la investigación de hachos graves y peligrosos por lo cual vamos a trabajar, vamos a generar un protocolo de políticas públicas para que todas las instituciones que de alguna manera tiene que tener la responsabilidad de la prevención y de la persecución del delito cuenten con las herramientas suficientes para poder controlar a la gente de mal vivir y que la comunidad viva más en paz.
Estábamos hablando de las distintas amenazas que van sufriendo los operadores de los sistemas de justicia en las distintas provincias, desde amenazas a su integridad física, a sus familias, cómo se vive recibir una menaza y continuar el trabajo cotidiano.
Estamos frente a una comunidad que, de alguna manera, no sé bien por qué motivos, tal vez cansadas por algunas personas que no cumplen con sus funciones, tal vez cansados y agobiados por las situaciones laborales y las cuestiones económicas, le vamos perdiendo respeto a la autoridad por ejemplo a la escolar. Hace mucho que venimos viviendo estas agresiones verbales y físicas a los docentes cuando no estamos de acuerdo con la manera en que están educando a nuestros hijos. Le han perdido el respeto a la policía, vemos en reiteradas ocasiones cuando la gente se enardece en contra de las comisarías, en contra del actuar policial, por el motivo que sea, pierden el respeto y hacen justicia por mano propia. Y también lo estamos viendo con las autoridades judiciales. Creo que tenemos que trabajar para que cada uno de nosotros cumplamos nuestro rol y la comunidad entienda que no es lo mejor hacer justicia por mano propia y tiene un sistema que funciona.
Traías a colación un informe de hace 30 años de Colombia. De cómo estaban y qué veían ellos. ¿Por qué lo compartiste?
Traje ese informe de Colombia porque es algo que pasó, lo vivimos nosotros por los medios de comunicación, yo era bastante más joven: Le pusieron una bomba a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Bogotá, hubo 20 jueces muertos más mucha gente civil muerta, y fue un hito muy grave en la vida democrática de Colombia. Acá nosotros hoy estamos empezando a tener una situación creciente de inseguridad vinculada con los hechos de narcotráfico por las luchas de poder, por las luchas de espacio, y en un artículo del Financial Times salió un artículo justamente con este cambio de territorio que están haciendo las estructuras del comercio ilegal de estupefacientes, que están mudándose de estados como México o Colombia a la Argentina porque en nuestro país el sistema es mucho más light, mucho más permisivo, entonces frente a la persecución que sufren en esos otros estados se están mudando para acá. Por eso es que lo pongo como ejemplo poque estamos siendo el futuro de lo que ellos vivieron.
JUSTICIA PARA LA JUSTICIA. Violencia contra jueces y abogados en Colombia: 1979-1991
Qué te preocupa más, las amenazas que pueden provenir desde el crimen organizado o los hechos de violencia de sectores involucrados en causas judiciales, ya sea por parte de las personas que cometieron el delito, sus allegados o familiares… ¿Cuál es más frecuente?
La mayor preocupación es la escalada de hechos delictivos en general. Toda la comunidad los sufre. El problema es que no alcanzan los recursos. Ni la policía ni las unidades judiciales dan abasto. Los delitos menores como los robos no se investigan. Tiene que haber un homicidio para que se movilicen. De lo contrario se archivan.
Cómo está la situación en Córdoba con respecto a amenazas, intimidaciones, agresiones, a jueces, juezas, fiscales, defensores.
Los magistrados y funcionarios están desprotegidos. No hay ningún tipo de prevención, ni guardias en los edificios. Nada. Solo alguna custodia.
