Susana Medina es la flamante presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, asumió el 1 de febrero pasado. Posee una amplia trayectoria en el asociacionismo judicial centrado en las mujeres. Participó junto a Carmen Argibay de la fundación de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) de la cual fue presidenta del 2016 al 2018, y presidió por cuatro períodos la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Es directora del Instituto de Capacitación Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi.
En esta edición 8M Susana Medina no se priva en recordar sus años como jueza de instrucción en un breve repaso de cómo estábamos para valorizar el presente. “Era terrible porque no sabíamos qué hacer con las mujeres golpeadas, maltratadas, o con niñas y niños abusados. Hoy tenemos leyes y nuevas herramientas, juzgados, capacitaciones y protocolos. Es como una tarea siempre inconclusa, lamentablemente. No obstante, estamos en el rumbo correcto”.
“La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos y es condición indispensable para el logro de la justicia social y la consolidación democrática. Es también requisito previo, necesario y fundamental, para el desarrollo económico y la paz social”, explica Medina.
“La remoción de situaciones de desigualdad fáctica, no se satisface con la afirmación casi dogmática contenida en la enunciación del principio de igualdad jurídica o formal de los postulados constitucionales o legales. Por el contrario, requiere de acciones concretas acompañadas de una promoción integral que nos lleve a transitar un cambio sustantivo de paradigmas culturales. En esto, los tribunales y en especial las juezas, tenemos un importante rol para garantizar la observancia de los derechos reconocidos y garantizados en leyes internas y tratados internacionales de derechos humanos como la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las Reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), visibilizando el tema de la discriminación y la desigualdad a través de sentencias que han marcado el rumbo del cambio que necesitamos. Falta mucho, pero hemos comenzado y ya se ven los resultados”.
Susana recuerda que hace 30 años el poder judicial era un ambiente eminentemente patriarcal cuando la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina comenzó su militancia para lograr la equidad de género en el Poder Judicial. “Se ha avanzado mucho a partir de la incorporación de la perspectiva de género y la política que en la materia lleva adelante la Corte Suprema, que ha sido imitada por los poderes judiciales provinciales. Se fueron dando una serie de cambios. En los edificios, por ejemplo, la creación de lactarios y guarderías. Junto a esto, un lenguaje más inclusivo –ahora nos dicen juezas–, y una apertura actitudinal. Sin embargo, todavía quedan algunos rezagos”.
“Desde la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (1991) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (1993), se hizo un gran trabajo para poner en la agenda pública el tema de la desigualdad que luego fue incluido en la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011, mediante la cual se exhorta a los Estados a fomentar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre y los alienta a que “se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, según corresponda, al fijación de objetivos concretos y la aplicación de medidas a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los varones, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas a favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública…”.
“Asimismo, cabe destacar la política de género que ha diseñado la CSJN y viene desarrollando desde el año 2004 de manera sostenida, gracias al impulso inicial de Carmen Argibay y Elena Highton y hoy continúa a pesar de ser cuatro ministros hombres. Esto marca un rumbo claro en materia de equidad de género”, destaca Susana Medina.
“El Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer muestra que en la base de la pirámide las mujeres somos mayoría, en la segunda instancia hay una tendencia a equiparar los cargos entre hombres y mujeres, y en los puestos de decisión, es decir en las Cortes y en los Superiores Tribunales de Justicia de la Nación y las provincias, la mayoría de sus integrantes son hombres. Esto es lo que pretendemos revertir”, concluyó la presidenta del STJ de Entre Ríos.
