Lili Vitar se emociona y emociona en este recorrido de su puño y letra por el terror genocida en la provincia de Tucumán, la recuperación democrática y la lucha incansable por Justicia. Abogada de los familiares de las víctimas de la dictadura y asesora de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983) Liliana dice que en democracia: «No podía pasar por la Facultad de Derecho de la UNT, me recordaba que casi toda la carrera la hice en dictadura. Pasaron muchísimos años hasta que pude hacerlo. Recuperar la institucionalidad, la participación, dejar atrás el “orden” de muerte. Recuperar la voz y la risa». Esta crónica imprescindible, también contiene el Informe completo de la Comisión Bicameral, un material que generosamente nos prestó para compartir en esta edición especial.
La historia continúa, la búsqueda no cesa y muchas preguntas no tienen todavía respuestas ¡Cuarenta (40) años! en el contexto de la provincia de Tucumán, elegida como campo de experimentación de las prácticas represivas iniciadas en 1975.
Una provincia en la que, paradójicamente, el voto popular consagró al genocida Bussi como gobernador y siguió sustentándolo con el voto a su hijo.
André Comte-Sponville, en su obra “Reflexiones sobre el presente, el pasado y el futuro” postula como principal tesis que “el tiempo es el presente” “único tiempo real” (Santiago de Chile, 2001, Editorial Andrés Bello p.57). En mi opinión, en la Memoria colectiva hay una particularidad con el “tiempo” que no se da en otras vivencias. El tiempo presente y el pasado parecen no diferenciarse cuando hablamos de los secuestros del ayer, que son los desaparecidos de hoy. Hay hechos claramente que se ubican en el pasado, más siguen siendo presentes. El tiempo sirvió para marcar qué se hizo en “justicia y castigo a los culpables”, el tiempo sirvió para repudiar lo que no se hizo y porqué lo biológico obró como determinante por el avance de edad de los represores. El tiempo surcó las arrugas en nuestras madres, muchísimas partieron sin saber dónde estuvieron sus hijos. El tiempo tendrá otra connotación en estas páginas:
Trataré en apretada síntesis, de transmitir los sentimientos de tristeza y alegrías, broncas, llantos, miedos, afonías, soledad, solidaridad, admiración por las madres y familiares, por nombrar sólo algunos, en la búsqueda de justicia.
El inicio del terror data de la implementación del Plan Cóndor, el acta de su fundación es 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile.. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) lo define como “un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña”.
En Tucumán se inició la represión en 1975 con el Operativo Independencia a cargo del Acdel Vilas y en 1976 se instaló como plan sistemático en todo el país, basado en el secreto, la clandestinidad e impunidad. Su desarrollo está explicitado en el Informe de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, creada en la Provincia durante el gobierno de Don Fernando Pedro Riera, tópico sobre el cual volveré en párrafos posteriores.
No fue casual que Tucumán haya sido fue elegida como campo de experimentación de las prácticas represivas, aun antes de 1976. La provincia cargaba sobre sus espaldas la dictadura de Onganía, quien en 1966 decretó el cierre de once ingenios, lo que provocó consecuencias socioeconómicas profundas. Doliente Tucumán, gobernada por el genocida en 1976, que hizo del Tucumán revolucionario la cuna del terror: torturas, desapariciones, cárceles, vejámenes, niños en cautiverio, torturas a mujeres, privadas y privados de libertad sin ningún registro del Estado. El morir formaba parte del vivir y no se distinguía si estabas viva aguardando la muerte, o permanecías como si no vivieras. La Doctrina de la Seguridad Nacional fue padecida por el pueblo tucumano, violándose todos los derechos humanos.
El informe de la OEA “Informe prohibido” marcó un hito, aun cuando en mi caso, la militancia activa fue la constitución junto a abogadas y abogados de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos, en diciembre de 1983 y al gestarse la Comisión Bicameral de Derechos Humanos tan importante para Tucumán. Pero la llama que encendió la genuina militancia data cuando conocí a las Madres y Familiares de desaparecidas y desaparecidos, esa fuerza indestructible me movilizó. Las Madres, inventoras de estrategias para sobrevivir al dolor. Mi edad actual (sesenta y siete años) coincide con la edad de algunas madres en la época que comenzamos con la tramitación de las causas y la actividad de la Comisión Bicameral y eso no deja de emocionarme.
AÑO 1983 Recuperación de la Democracia-Recuperación de la Dignidad
Resonaba como eco la frase “recuperación de la democracia”, se la escuchaba en todos los rincones y voces, se la mencionaba en toda circunstancia y ámbito (cotidiano, social, político, administrativo, judicial) para diferenciarla de la dictadura.
¿Cómo era la sociedad de octubre de 1983? ¿Cómo estábamos después del horror?¿Cuál fue el impacto en la ciudadanía de la imposición de la doctrina de la seguridad nacional? Cuál era la dinámica societal del 83?
Volver a las libertades públicas, vivir en democracia con las marcas de la dictadura para dejar atrás el autoritarismo y militarismo. ¿Pero, cómo superar definitivamente la ideología de la doctrina de la seguridad nacional?
Se presentaba como desafío dejar atrás la militarización de la vida, recuperar la mirada al otro sin sospechas, sin la etiqueta de subversivo; para la doctrina de la seguridad nacional, todo aquel que proclamaba ideas transformadoras que tenían por objetivo el cambio del orden social, económico o político establecido en el país, era subversivo.
Desde lo cotidiano para mí significó recuperar las calles, caminar libremente sin mirar atrás para comprobar que no se es perseguida. Recuperar la identidad. Sentir los símbolos patrios como propiedad de todas y todos y no privativo de los genocidas, volver a amar los colores celeste y blanco, sin sentirse cómplice.
No podía pasar por la Facultad de Derecho de la UNT, me recordaba que casi toda la carrera la hice en dictadura. Pasaron muchísimos años hasta que pude hacerlo. Recuperar la institucionalidad, la participación, dejar atrás el “orden” de muerte. Recuperar la voz y la risa.
Se volvieron sinónimos la movilización en las calles, los derechos humanos y la democracia. La vuelta al espacio público estaba ligada al fin de la dictadura, a la lucha por los derechos humanos y a las reivindicaciones de los sectores populares.
El terrorismo de estado en las familias víctimas las colocó en un estado de shock permanente, la ausencia indefinida de esos años pasados, un proceso incompleto de la pérdida, en tanto se reclamaba aparición con vida. Impotencia, vulnerabilidad, cuántos sentimientos vividos por las familias que en forma directa sufrieron el terrorismo. Eva Giberti (psicóloga) lo expresó claramente : “se ha creado una dimensión nueva: la de lo inexplicable dramatizada por la existencia-no existencia de los desaparecidos, lo cual genera un clima enloquecedor, psicotizante para quienes tienen que moverse diariamente en él… la desaparición de miles de personas carecen de explicación y justificación…Han debido incorporar a su estructura familiar un episodio no-humano: la desaparición inexplicable de un familiar…” (Mesa redonda en Bs.As. Mayo de 1983)
¿Acaso podemos decir que en el 83 había conciencia colectiva por todo lo que había producido la dictadura? ¿O sólo era una cuestión restringida a los familiares de desaparecidos y desaparecidas, de los liberados y liberadas ya los militantes de derechos humanos? Mi percepción personal es que si bien se respiraban aires de libertad, después de la larga noche del horror vivida y que permitía desatar sueños y esperanzas, no existía la conciencia colectiva que se tradujera en la expresión masiva de los reclamos de juicio y castigo a los culpables. El miedo es difícil sacarlo de las entrañas. En la dictadura los lazos sociales se rompieron: el otro, la otra, estaban en estado de sospecha.
En octubre de ese año fue elegido presidente Raúl Alfonsín, con toda la fuerza que le dio el voto popular y las propias características de su personalidad. Eran épocas para disfrutar del pueblo en las calles. Era un modo claro de convencerse que la dictadura había terminado, por lo menos en lo formal, porque los servicios de inteligencia permanecían intactos. En el contexto político de entonces (Raúl Alfonsín presidente y Fernando Riera, caudillo peronista y gobernador de la Provincia de Tucumán) se vive la “recuperación de la democracia”. Aquí me gustaría detenerme en la personalidad del gobernador Riera; en su apariencia cautelosa; su voz suave pero firme; el respeto que infundía y el amor de su pueblo por la solidaridad que practicaba. Su imagen era la antítesis de la figura del genocida Bussi, que transmitía furia y odio. En la entrevista con el CELS pude comprobarlo que, bajo esa serenidad, tenía muy claro que aún subsistía el aparato represivo en democracia, en la propia provincia que gobernaba.
Por decreto 158 del 13/12/1983 el Presidente dispuso el procesamiento de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, desde marzo de 1976.
“Vida equivale a derechos humanos” dice Silvia Schwazbök en “Estética y postdictadura”. Consecuente con dicho discurso y respondiendo a las demandas del pueblo argentino, Alfonsín por decreto 187/83 del 15/12/1983 creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), a los fines de investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar . Debía “emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución. La Comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exc1usiva del Poder Judicial.” La CONADEP elaboró el Informe “Nunca Más”, publicado en 1984, frase que sumada a la anterior era pronunciada con esperanza.
Dicho Informe fue tomado posteriormente por el Fiscal Strassera y su Fiscal adjunto Moreno Ocampo, en el juicio a las Juntas. La continuidad de la CONADEP se dio en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pero al mismo tiempo se propició como iniciativa legislativa, la reforma al código de justicia militar, que derivó en la sanción de la ley 23049, con cambios en esa jurisdicción especial, totalmente rechazada por los organismos de derechos humanos.
Las Madres -Las locas –
Dedicación superlativa tienen las Madres, en las que involucro a las madres integrantes de todos los organismos. Las “locas” representaron la maternidad que salió de sus casas, fueron la más dura resistencia al gobierno militar. Encontraron en la Plaza el espacio público para reclamar “aparición con vida y castigo a los culpables” . Las locas, Mujeres que desde la plaza lucharon contra la impunidad . Abrieron las puertas de la domesticidad de sus casas y nunca más la cerraron. La calle fue el escenario de sus reclamos. Madres que se transformaron en documentalistas, analistas políticas. Al redactar las denuncias para presentarlas en la justicia o al recepcionarlas en la Comisión Bicameral, reprimía el llanto. Cómo iba a llorar frente a la fuerza de ellas que enfrentaban todo, desde el dolor, la represión, hasta la cárcel y la muerte en algunos casos ?
Asociación de Abogados por los derechos humanos -Las lobas-
Los ejes reivindicativos producida la recuperación de la democracia, giraban en torno a la “aparición con vida, juicio y castigo a los culpables”. Para la ciudadanía e inclusive para la comunidad jurídica la frase “derechos humanos” se circunscribía a estos postulados. Derechos humanos era una terminología que permanecía reservada a los desaparecidos, a los asesinados por la dictadura, a los presos políticos, los liberados, a las denuncias por violaciones a esos derechos.
Vivir la democracia siendo abogada, era el vehículo idóneo para trabajar por su consolidación. En ese diciembre del 83 nace la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos. El uso del masculino genérico al mencionar sólo “abogados” no lo teníamos en cuenta, a pesar del peso numérico de las mujeres que la integrábamos.
Como mujeres y hombres del Derecho no podíamos permanecer indiferentes ante lo que había dejado el terrorismo de Estado con la implementación de la metodología represiva, basada en el secreto, la clandestinidad y por ende, la impunidad. La misma realidad nos empujó, nos gestó. Cómo empezar ? No éramos especialistas en derecho penal, pero nos sobraban energías.
Nos reuníamos en el Colegio de Abogados, institución que la presidía el Dr. Hugo Fabio, dirigente radical. Bajo su presidencia se presentó un habeas corpus colectivo, que contó con muchísimos firmantes (familiares y abogados y abogadas) y no recuerdo que haya obtenido respuesta judicial.
Al inicio éramos 22, número que fue reduciéndose y finalmente quedamos tres, Laura Figueroa, Alicia Noli y yo, a quienes Bussi nos llamaría en una entrevista radial con el Dr. Arturo Ponsatti “las lobas”. Habrá pensado el genocida que aullábamos en soledad? ¿Quiso emplear “las lobas” con el mismo significante que “las locas de Plaza de Mayo” ? La cultura del patriarcado ha utilizado siempre animales para nombrar a las mujeres para descalificarlas, subordinarlas, desvalorizarlas. Nada de eso consiguió el genocida. Las lobas siguieron aullando.
La Asociación tuvo protagonismo jurídico, político, realizamos diversas conferencias de prensa reclamando la efectividad de la Justicia. Un Poder Judicial sin conciencia sobre el horror. La Asociación emitió diversos comunicados, en oportunidades en las que sentimos afectada nuestra actuación profesional, en particular en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañando a todos los familiares, impidiéndonos ingresar, colocándonos junto a los baños. Inclusive la Asociación efectuó denuncias ante el Colegio de Abogados, obteniendo respuesta negativa frente al reclamo. Igualmente ante la Cámara Federal.
En Diciembre de 1983 estamos ante un Tucumán cargado de esperanzas por la recuperación de la democracia. Un Tucumán que salía de la oscuridad y del terror en el que resonaban las voces del Nunca Más, volcado a las calles. Pero también era un Tucumán lleno de incertidumbres porque los represores caminaban libremente por las calles, y las víctimas revivían las torturas y la indignidad al verlos pasear la impunidad. El aparato represivo permanecía intacto. Los servicios de inteligencia seguían operando. Roberto Heriberto Albornoz, una de las “personas más nombradas” (Anexo X del Informe de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos) seguía sintiéndose dueño de las personas.
¿Qué hacer frente a toda esa realidad? ¿Cómo luchar contra la injusticia desde el propio seno de la justicia”?
La ley, lo justo, el derecho a la Vida, el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a la libertad personal, todos los derechos humanos destrozados. Los abogados y las abogadas que interpusieron habeas corpus o que defendían presos políticos, fueron secuestrados y están desaparecidos los doctores Víctor Noé, Juan del Gesso y Dardo Molina y desaparecida la Dra. Elda Calabró. Otros fueron asesinados: los doctores Angel Pisarello y Rafael Fagalde.
La agencia France Press cubrió esta conferencia y al día siguiente la noticia salió en La Nación.
La actividad judicial en pleno comenzó ya en 1983. En 1984 la Asociación efectuaba diversas presentaciones en causas por secuestro, asesinatos. Posteriormente, en base a toda la información surgida de la investigación de la Comisión Bicameral, y en especial testimonio de Juan Martín, se efectuaron presentaciones por centros des detención.
Creación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos
En todo el país los reclamos de los organismos se unían por el desbaratamiento del aparato represivo intacto en los servicios de inteligencia del Estado. Los comunicados, las declaraciones, las marchas no parecían suficientes.
La Comisión Bicameral (ley 5599) fue promulgada en fecha 16/02/1984. El Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el Gobernador peronista, Don Fernando Riera, promovió a fines de diciembre de 1983, la formación de una comisión bicameral encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos, con amplias facultades. Se hizo eco de la petición de los organismos lo habían visitado apenas asumió como Gobernador. Fueron los diputados y senadores quienes la sancionaron, pero los organismos de derechos humanos, la gestaron. Funcionaba en el primer piso de las dependencias legislativas de Avenida Sarmiento al 600. Recuerdo una mesa larga, las máquinas de escribir Olivetti, los legajos con papel de resma tamaño oficio.
Apenas conformada la Comisión Bicameral fuimos convocadas con Alicia Noli como asesoras en la Comisión Bicameral. Ese espacio requerido por los familiares de detenidos desaparecidos, era aguardado con mucha esperanza esclarecedora. Recordemos que la Justicia Federal tenía una lentitud y no daba ninguna muestra de afán investigativo, mucho menos de juzgar y punir a los represores.
La Comisión nació con mucha fuerza. Habíamos estudiado los antecedentes de las Comisiones Investigadora del Poder Legislativo.
Consultamos textos de constitucionalistas, entre ellos Bidart Campos. El Presidente del CELS Dr. Emilio Fermín Mignone manifestó su pleno apoyo a la creación de la Comisión Bicameral y delineó sus funciones. El minucioso trabajo de la Comisión al tomar los testimonios, volcados en legajos particulares pormenorizándolo en detalles, resultó muy útil posteriormente, en las sentencias dictadas en contra de los represores por el Tribunal Oral Federal.
Sobre la función específica de las Comisiones Investigadoras el Doctor Mignone explicaba porqué no colisionaba que existieran dos investigaciones en distintos ámbitos (el legislativo y el jurisdiccional). Lo resume en estos términos: “Centenares de jueces investigarán en su jurisdicción centenares de violaciones graves a los derechos fundamentales, pero sin poder establecer la relación entre ellas . Sin embargo, lo ocurrido durante la represión de la dictadura militar exige una investigación y una apreciación globales, que interrelacione los hechos entre sí para llegar a conclusiones generales, indispensables para la opinión pública”.
La importancia de estos párrafos tiene una doble lectura. Por una parte, sin nombrarlo específicamente, se refería al plan sistemático del terrorismo de Estado, al mencionar la interrelación. Por otro lado, alude a las “conclusiones generales”, lo que implicaba que los centenares de casos tramitados en la Comisión, sin dudas sacaría de las tinieblas al secreto, la clandestinidad y la impunidad de la represión y arrojaría un poco de luz. Con sabias palabras el Dr.Mignone hablaba en nombre de los familiares: “La población necesita, por otra parte, un lugar donde llevar sus agravios para no sentirse desprotegida después de tantos años de vejámenes y terror”.
Utilizó una frase que yo estimo tiene relación con la quietud de la Justicia de época y la continuidad de los Servicios de Inteligencia: “Y el único recinto adecuado es el Congreso”. Asimismo aseguraba la colaboración de los organismos “Finalmente la comisión bicameral podrá recurrir -salvo que se decida institucionalizar esta participación- a la colaboración de las organizaciones de derechos humanos que están en condiciones de proveer innúmeros elementos probatorios”.
En palabras dramáticas expresaba la exigencia política de la existencia de la Comisión, utilizando un simbolismo: “la salud moral de la República” “El problema de las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de las Fuerzas Armadas requiere, por la salud moral de la República, por exigencias políticas y por razones de eficacia y practicidad, que se establezca una comisión investigadora bicameral, sin limitación alguna en sus poderes, para esclarecer la Verdad acerca de lo ocurrido y transmitir sus hallazgos a la Justicia. Y bien sabemos que con Verdad y Justicia lograremos la paz y la estabilidad democrática” .
Estimaba el prestigioso abogado y dirigente de Derechos Humanos que la Comisión debía concluir efectuada “ Esta valoración integral (…) la determinación de sanciones o declaraciones de responsabilidad moral y política”
Estimo que el Informe logró ser contundente en la descripción de la metodología represiva y el terror.
Actividad de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos
1) Recepción de denuncias: Recibió denuncias en su propia sede y en el Interior, en esas ocasiones íbamos a las instalaciones de los Concejos Deliberantes de los diversos Departamentos de la Provincia.
2) Contacto con todos los Organismos de DDHH de la Provincia. Recibió la visita del Presidente del CELS, con quien asistimos a una audiencia con el Gobernador Riera. De la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Precisamente en esta visita se reconocieron centros clandestinos de detención.
3) Reconocimiento de Centros Clandestinos: treinta y tres (33) centros clandestinos de detención fueron reconocidos en la Provincia.
4) Investigación de Libros en Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, en los que se comprobó el traslado de los internos.
5) Oficios a las fuerzas de seguridad efectuadas en todos los legajos, todas contestadas en forma negativa.
6) Recuperación de un inmueble que fuera usurpado por los represores por gestiones efectuadas por el Diputado Arturo Sassi.
7) Investigación en Libros de la Policía Provincial.
8) En el Informe Final se efectuó un análisis estadístico de las denuncias.
El 21 de abril de 1985 la Comisión Bicameral de Derechos Humanos presenta su Informe a la Justicia provincial en una sesión plenaria y remite la investigación efectuada, con todos los legajos, a la justicia provincial. Los jueces de Instrucción se declaran incompetentes y giran las causas a la justicia militar. La decisión de elegir dicha competencia era por la inacción de la Justicia Federal. Pero esa actitud reticente fue imitada por la Justicia de la Provincia, que no hizo absolutamente nada.
El Informe no fue conocido ampliamente, en primer lugar la publicación se iba a efectuar por la Universidad Nacional de Tucumán, pero nunca se concretó, pese al esfuerzo del Licenciado Fernando Rovetta. Gracias a su gestión, se publicó por primera vez el Informe de la Bicameral en España. Fernando representaba a Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
La alegría de la recuperación de la democracia y las promesas de reparación por la efectiva Justicia, fueron rotas por la sanción de la ley 23049 en febrero de 1984, modificatoria del Código de justicia militar, que ordenó a las Fuerzas Armadas, la instrucción de las causas por violaciones a los derechos humanos, lo que permitió un absurdo doloroso teñido de injusticia: los propios militares juzgaban a sus pares.
La ley 23049 estallaba en su inconstitucionalidad, pero pocos jueces aisladamente la declararon tal, pese a ser violatoria de las garantías del juez natural y de la división de Poderes, entre ellos el Dr.Ramos Padilla.
En diciembre de 1986 una nueva ley frustró el juicio y castigo, con la sanción de la ley 23492, conocida como ley de punto final o prescripción, que establecía un plazo perentorio para la citación a prestar declaración indagatoria por tribunal competente (sesenta días corridos) a partir de la fecha de promulgación de la ley (23/12/1986). Su propósito era evidente: dar por finalizados los procedimientos contra los culpables de los delitos de lesa humanidad.
En Tucumán el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en la persona del Juez de Instrucción militar número 76 permaneció con las causas desde 1985 a enero de 1987, período de tremendas injusticias, ya que sólo sirvió para intimidar a los familiares (inclusive con un arma de fuego sobre el escritorio) y obstruir el trabajo de la Asociación, pretendió retractaciones por parte de los familiares, a través de amenazas y utilizaba la ley para reunir pruebas a favor de los culpables. Los jueces militares no investigaron, y mucho menos procesaron a ningún militar.
Frente al inminente vencimiento de los plazos de la ley 23492 de punto final, en Enero de 1987, todas las Cámaras Federales del país, se avocaron al tratamiento de las causas y efectuaron citaciones a algunos de los imputados. Tucumán siguió el mismo criterio y la Cámara Federal de Apelaciones el 8 de enero de 1987 se avocó al estudio de todas las causas. Pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, recién comenzó a remitir las causas a partir del 22 de enero de 1987, girando primeramente aquellas que no tenían importante valor probatorio.
Estas leyes injustas tenían como fin la impunidad, sancionadas siempre bajo las excusas de los tiempos políticos, de amenazas de golpes militares y de levantamientos de estos últimos
No puede desconocerse que las leyes se debaten según el clima de época. Las leyes en la lucha por la reivindicación por la Justicia por los graves delitos cometidos por el terrorismo de Estado, estuvo sometido a todos los avatares políticos, a la correlación de fuerzas del momento.
El sufrido Enero de 1987 concluyó y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán no efectuó ninguna citación, a los fines de cumplir con la ley 23492.
No sólo no efectuó citación alguna la Cámara, sino que se declaró , incompetente, girando las causas a la Cámara Federal de Córdoba, después de dos meses del avocamiento. Bajo el argumento “jurídico” del origen de la orden y la obediencia debida; en consecuencia se desprende de las causas. La Cámara Federal de Córdoba no aceptó remitiéndose a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto.
En conferencia de prensa realizada en la Sala Oreste Caviglia, en abril de 1987, frente a una concurrencia numerosa de organismos de derechos humanos, militantes y dirigentes de partidos políticos que habían sido invitados, se denunció públicamente la falta de Justicia en Tucumán.
A las citadas leyes de impunidad , después de la Pascua de 1987, se suma la ley 23521, ley de obediencia debida en fecha 09/06/1987 extensiva a oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las FFAA, de seguridad, policiales y penitenciarias.
Fin de la impunidad legislativa
El fin de la impunidad legislativa se materializa con la sanción de la ley 25779 (03/09/2003) que declara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida bajo la presidencia de Néstor Kichner, quien había asumido el 25/05/2003 . La CSJN se pronunció sobre la inconstitucionalidad de ambas leyes y sobre la validez de la ley 25779, mediante sentencia de fecha 14/06/2005.
A partir de esa fecha empezaron a desandar las causas por delitos de lesa humanidad y las condenas a los represores.
Las Marchas en la Plaza
Recuerdo las primeras marchas, cualquiera fuere su número, multitudinarias o mínimas, la sensación era la misma: me sentía la dueña de la plaza. Esa legitimidad devenía de la seguridad que daba lucha en todas sus formas: por el papel, a través de las presentaciones judiciales escritas, o por la palabra: dando charlas en escuelas secundarias, en los actos de la Universidad, conferencias de prensa, por los medios. La tranquilidad que producía cumplir con los ideales. Y digo “cumplir” porque esa era la consigna. El deber de actuar desde la profesión de abogada. En las primeras marchas nos confundíamos en las manos apretadas, los abrazos, los cánticos, y aunque a veces no cantábamos era ensordecedor ese reclamo silencioso. Nuestras viejas eran más jóvenes, su caminar más fuerte. Sus voces con mucha vibración y sonido. Ellas llevaban en su gran mayoría las pancartas.
Las marchas y la plaza; la plaza y las marchas. Era un todo inseparable, siempre se va “a la plaza” porque han simbolizado el reclamo de toda pretensión, con un común denominador de dolor, de injusticias.
Hoy las marchas del 24 de marzo son diferentes, van los Hijos, Hijas, Hijes; van los nietos, nietas y nietes, Las voces de la juventud, los cánticos de Hijos que conducían la marcha (mujeres), son potentes. Constantemente repiten “la Memoria crece”. También me emocionan las Madres que aun viven y que hacen toda la marcha. SON INCREÍBLES.
Entre la primera marcha que asistí y a la última que fui, no hay tiempo, no hay espacio, sí silencios, PORQUE LOS GENOCIDAS NO DIERON RESPUESTAS SOBRE DONDE ESTAN NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS. Por eso nuestras madres seguirán marchando, sin sentir el cuerpo ni sus pies, atravesarán las cuadras tomadas del brazo de los jóvenes, que con tanto, amor las protegen.
Veo a la juventud en las Marchas, simbolizan la continuidad de la Memoria, Esa Memoria que sobrevuela los tiempos, y que se sustrae de las reglas físicas.
Son las nuevas generaciones las que enarbolan la memoria y no permitirán que el terrorismo de Estado se considere un hecho más. Serán ellas y ellos quienes seguirán reclamando Justicia. En las marchas del 24 hay mucha gente joven, eso me da tranquilidad, esperanza. La Memoria es una construcción interminable.
Y a los 47 años del golpe de estado que instaló la dictadura, con la voz de los desaparecidos que resuenan como ecos pidiendo justicia, la historia continúa y la Memoria nos reclama, nos sacude, y nos pide que no olvidemos. Gracias desde lo más profundo a esa niñez y juventud por aprehender el Mensaje.
La Democracia a 40 años
Deliberadamente fui descriptiva en párrafos precedentes, para dar mayor significación al “recupero” de la democracia, al recupero de la Dignidad.
Hemos atravesado los ´80 con el discurso de las libertades (entendidas, eso sí, como lo opuesto a la opresión de la dictadura), hemos ampliado derechos, reconociendo a mujeres y disidencias y el despliegue de los movimientos feministas. La democracia en estos años pasados, a pesar de las dificultades que tuvo que afrontar, fue sinónimo de la conquista de nuevos derechos y de mayor igualdad, en el marco de una participación popular que pudo expresar adhesiones y demandas sin ningún tipo de restricciones. Así: más democracia, más derechos.
Hoy, los graves problemas sociales, culturales, económicos y la profundización de las desigualdades materiales, han puesto en crisis la democracia. Los discursos negacionistas, el crecimiento desmesurado de la derecha y su giro discursivo que pretende instalarse como “el factor de cambio”, rozan la desintegración social argentina. Por eso, urge en estos tiempos construir la contranarrativa del negacionismo y de los discursos de odio. Se nos impone utilizar las redes sociales para cuestionar, neutralizar y disminuir la narrativa del odio que lleva a resquebrajar el lazo social.
Hemos atravesado la dictadura, la crisis de 2001, la pandemia… nuestros cuerpos atravesaron dolores y pérdidas. No obstante, resulta imperativo no perder la Memoria de esta, nuestra Historia, y de la posibilidad de construir un futuro que nos cobije a todes.
No dejemos que el negacionismo aplaste ese pasado, niegue la experiencia del social y popular. No podemos permitir las expresiones que rechazan la violencia del Estado y menguan la gravedad de su accionar, que alteran el número de víctimas de la dictadura cívico militar, que niegan las resoluciones judiciales de condena a los represores…
No podemos olvidar años de esfuerzos y conquistas por Memoria, Verdad y Justicia.
Por eso, NUNCA MÁS!
INFORME DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE DERECHOS HUMANOS TUCUMÁN
