Por Marcela Ruiz, Presidenta de la FAM
Una y otra vez surgen en el país propuestas de reforma de la justicia juvenil, básicamente basadas en la baja de la edad de punibilidad de niñas, niños y adolescentes, con el argumento de que el castigo, la pena, a edades cada vez más tempranas, redundará en una mejora en los índices de seguridad ciudadana.
Este planteo, tan simplista a mi entender, no sólo no contempla la complejidad del fenómeno del delito adolescente que, por otra parte, como muestran las estadísticas, es ínfimo en la Argentina, sino que tampoco explicita qué hacemos como sociedad con la o el adolescente antes y después de cometer un delito.
También se sostiene desde diversos ámbitos que la respuesta que hoy da el Estado a niñas, niños y adolescentes que delinquen es inadecuada, se proclama el consabido “ingresan por una puerta y salen por la otra”, ignorando así el arduo y complejo trabajo que se hace desde los poderes judiciales jurisdiccionales. Esto no implica que no necesitemos una transformación de la justicia juvenil. Pero en qué sentido, sobre qué preceptos, brindando qué herramientas y recursos debemos cambiar las leyes, las instituciones o las normas procesales, es un debate que aún no se escucha con claridad.
Es importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales, pero ese sistema de justicia diferenciado y especializado debería centrarse en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y en una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión social.
Por otra parte, en un país con altos índices de pobreza e indigencia, con niveles cada vez más alarmantes de consumo abusivo de sustancias legales e ilegales, con deserción escolar en aumento en algunas provincias, con ausencia de políticas de empleo decente para jóvenes y con la falta de políticas públicas para subsanar o contener algunas de estas problemáticas, deberíamos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como sociedad con nuestras niñas, niños y adolescentes?
Caminamos nuestras ciudades con niñas, niños y adolescentes durmiendo en las calles, vendiendo chucherías, limpiando vidrios, recolectando basura. El Estado ausente. Nadie se pregunta por qué esa persona no está en la escuela, o en un club, o jugando con sus pares. ¿Y entonces qué hacemos cuando cometen un delito? ¿Cómo hacemos justicia con ese niño, niña o adolescente?
Esta edición especial de Diálogos cuenta con los aportes de personas de variadas disciplinas que enriquecen el debate y nuestras miradas a través de su formación, investigaciones, estudios y experiencias.
Agradezco la participación de cada experta o experto y de los organismos que nos cedieron sus investigaciones y estadísticas para nutrir esta realidad que necesitamos asir, conocer y comprender para intentar mejorarla.
