Por Gustavo Goyochea, Nodocente- Coordinador del Programa de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento
A la deshumanización manifiesta del gobierno nacional frente a una situación social alarmante, se suma la cosificación y clasificación de determinados segmentos de la sociedad, en un sistema donde la muerte de ciertos cuerpos no es sólo esperable, sino incluso rentable con tal de bajar el gasto público y sostener el bendito equilibrio fiscal.
Por ello no es casualidad que se desmantelen áreas y reduzcan presupuesto de sectores que trabajan con distinta población en situación de vulnerabilidad social, como lo son las niñeces, las personas con enfermedades graves y las Personas con Discapacidad. Para la cosmovisión del presidente, este es un sector no productivo que genera gastos, una variable, un asiento contable factible de ajustar en el todopoderoso Excel.
La lógica diría que, en un momento económico complejo, donde los índices de pobreza superan el 55% y los de indigencia el 17%, donde la capacidad real de compra se desplomó y cada vez cuesta más alimentarse dignamente, la seguridad social para los sectores más vulnerados debería estar planificada y garantizada, el cómo, poco importa si el resultado es óptimo.
Pero al parecer lo único planificado en este gobierno es el despliegue de necropolíticas en distintos niveles con un mismo objetivo, dejar morir a los cuerpos no rentables para el capitalismo neoliberal.
Ejemplo de esto es el desfinanciamiento y desmantelamiento de áreas clave de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que tiene a cargo el diseño, coordinación y ejecución de las políticas públicas en materia de Discapacidad, incluida la gestión de pensiones por invalidez, prestaciones, Incluir salud, Certificado Único de Discapacidad, entre otros. A un presupuesto ya deprimido se le aplicó un ajuste del 26% respecto al mismo período del 2023, y el despido de más de 360 trabajadores y trabajadoras -alrededor de un tercio del plantel total-, muchos de ellos con Discapacidad, y muchos responsables de delegaciones asentadas en las provincias, o sea, despidieron a sus trabajadores y cerraron las oficinas dejando a la población de las provincias sin un espacio de atención. A esto se suma el desfinanciamiento de las prestaciones cuyo presupuesto quedó desfasado respecto a la inflación afectando gravemente a las Personas con Discapacidad que requieren de distintos apoyos para llevar una vida digna.
No conforme con esto se intentó avanzar sobre los presupuestos más altos del organismo, el de las pensiones y el de las prestaciones. Respecto a estas últimas, hace un par de meses se filtró un proyecto de decreto con la firma del Director ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, en donde se proponía la desregulación del sistema nacional de prestaciones básicas para Personas con Discapacidad, intentando romper un sistema de 25 años que equipara los aranceles de las prestaciones para habilitación y rehabilitación. Una rápida reacción de organizaciones de Personas con Discapacidad, Familiares y prestadores, sumado a iniciativas legislativas y el apoyo de organizaciones sociales y políticas lograron detener momentáneamente la avanzada.
Y hablando de avanzada… un botín codiciado para la ultraderecha neoliberal es la caja correspondiente a las pensiones por invalidez que gestiona la ANDIS, cuyo monto 2023 ascendía al 82,77% del presupuesto total del organismo.
Tal es así que ni bien comenzado abril la pata comunicacional del gobierno nacional llevó adelante una operación mediática con el fin de poner en cuestión la legitimidad de las Pensiones por invalidez entregadas durante el período 2003-2023.
El informe presentado en La Nación más tenía como título “El fraude de las pensiones por invalidez”, sentenciando que el 80% estarían mal otorgadas. Como primer argumento y a modo de reconto histórico, los periodistas comienzan analizando muy sesgadamente, la curva de crecimiento de las pensiones entregadas en el período en cuestión, partiendo de las 79.000 que había en el 2002, antes de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, hasta las 1.250.000 que dejó Alberto Fernández cuando concluyó su mandato en diciembre de 2023.
Del estudio de los gráficos surgían gestos de indignación muy bien practicados, y la pregunta ya clásica …por qué hay tantas si aquí no hubo ninguna guerra…, o la afirmación que el crecimiento responde a que las pensiones por invalidez fueron utilizadas políticamente. Eso si, hicieron la salvedad de dejar afuera el período de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), señalando que -el ingeniero intentó hacer una revisión pero no pudo-. Se olvidan estos periodistas que durante el gobierno de Cambiemos se suspendieron y dieron de baja de manera indiscriminada más de 170.000 pensiones a Personas con Discapacidad, que luego la justicia, mediante la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenó devolver, cosa que no hicieron. También omitieron informar que previo a la llegada de Néstor Kirchner las pensiones por invalidez tenían un cupo, y el acceso al derecho se daba mediante la lógica de alta por baja, es decir, las Personas con Discapacidad accedían a una pensión si otro beneficiario la renunciaba o fallecía. Con la llegada del nuevo gobierno se pasa de un criterio restrictivo a uno inclusivo con foco en los Derechos Humanos, generando los mecanismos para que las Personas con Discapacidad que lo requieran y cumplan con los requisitos, puedan acceder a la pensión por invalidez en tanto instrumento de seguridad social. En otras palabras, se quitaba el cupo y se habilitaba el derecho.
Esta lógica de abordaje de la política pública se llevó adelante hasta el 2015, pero vuelve a sufrir un giro con la llegada al poder del gobierno de Cambiemos. En este período, además de las suspensiones y quitas señaladas se cajonearon miles de trámites, se restringió el acceso a medicación y a las distintas prestaciones producto de los ajustes presupuestarios, y a la modificación de procedimientos administrativos, que lejos de agilizar, agregaban burocracia que restringía aún mas el acceso a los distintos apoyos.
Volviendo al informe, el segundo argumento que expone el periodista de LN+, o mejor dicho la “información caliente” como lo calificó, afirmaba que el 80% de las pensiones del país estarían mal otorgadas y se deberían quitar, conclusión que saca después de realizar una proyección al aire y en el aire sobre los resultados de una investigación que realizó la ANDIS en 3 provincias aliadas al Kirchnerismo.
La operación estaba en marcha. A los días el jefe de gabinete Guillermo Francos levanta el tema y continúa con la jugada, esgrimiendo argumentos falaces y retomando discursos vetustos, muy en línea con lo sentenciado por el periodista Luis Majul.
A esto se suma la intervención del Fiscal Federal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, que luego de “advertir” que hubo fraude en la asignación de estos beneficios, denuncia al ex presidente Alberto FERNÁNDEZ Y A LOS Directores ejecutivos de la ANDIS, Claudio esposito y Fernando Galarraga.
Y como broche para cerrar la táctica, el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa habitual muestra como prueba irrefutable del “curro” de las pensiones por invalidez, la radiografía de un perro incorporada por un médico de Corrientes a un expediente de una pensión supuestamente otorgada, redondito…. Lo que el funcionario no advirtió es que ese trámite no concluyó el circuito, por lo tanto la persona titular de la solicitud nunca cobró ni cobra una pensión por invalidez.
El problema no es que se investigue o audite, es más: me parece necesario para saber de dónde se parte. El problema es que todo eso sea una excusa porque el resultado ya está escrito de antemano, en otras palabras, puro teatro para quedarse con un suculento presupuesto. Estigmatizan el proceso, lo manchan de corrupción y luego el gobierno justifica el ajuste. Lo hicieron en el gobierno de Mauricio Macri y lo van a volver a hacer, o por lo menos lo van a intentar.
Y como frutilla del postre, el jueves 4 de julio mediante el decreto 585/2024 -modificación ley de ministerios-, se dispuso el pase de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud, generando un retroceso de décadas en materia de derechos y logros en la inclusión social del colectivo de Personas con Discapacidad. Con esta medida se vuelve a fortalecer el Modelo médico rehabilitador que pone el foco en la deficiencia y la normalización del sujeto, dejando de lado la conquista del Modelo social que entiende a la Discapacidad como una cuestión transversal a la vida social, no posada en el sujeto sino en la relación que surge de las deficiencias y las barreras que impone la sociedad. Cabe señalar también que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene fuerza de ley y rango constitucional mediante las leyes 26.378 y 27.044 respectivamente, se basa en el modelo social de la Discapacidad con foco en los Derechos Humanos, por lo tanto la medida estaría yendo en contra de un tratado internacional que en la Argentina tiene rango constitucional.
Además de los recortes presupuestarios y el desmantelamiento de las estructuras estatales, la necropolítica desplegada por el gobierno se evidencia en la desprotección de la población frente a empresas proveedoras de servicios.
Mediante las resoluciones 329/2024 y 330/2024, el gobierno Nacional eliminó el registro de Personas electrodependientes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que garantizaba a estos usuarios prioridad y celeridad en la recomposición del servicio en caso de corte, además les permitía a las familias acceder a financiamiento para realizar reformas en sus hogares con el fin de instalar Fuentes Alternativas de Energía -FAE-.
Con las nuevas disposiciones, además de eliminar el registro, se flexibilizan los tiempos de respuesta en caso de falta de suministro eléctrico. Con la normativa anterior las empresas tenían 48 hs para restaurar el servicio, no importando si era un día hábil o no, mientras que desde ahora pasan a ser ¡48 horas hábiles! o sea, rueguen que no se les corte la luz un feriado largo…
Para entender un poco qué implica esta decisión, tenemos que tener en cuenta que las Personas electrodependientes, como la misma palabra lo dice, dependen para vivir de algún dispositivo de apoyo constantemente conectado a la red eléctrica. Si el suministro falla se debería poner en funcionamiento el FAE, mientras la empresa proveedora da respuesta y solución inmediata a la falta de energía, preservando y poniendo en primer lugar la vida. Pero, por el contrario, con la decisión del gobierno priman la desregulación y los beneficios para la empresa por sobre la salud, la dignidad y la vida de las personas.
Recordemos también otras decisiones políticas, como la falta de entrega de medicación oncológica a pacientes de bajos recursos para continuar sus tratamientos, el desfinanciamiento del Programa 1000 días que acompaña a gestantes e infancias en situación de vulnerabilidad social, la desarticulación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), entre tantos otros.
Recapitulemos, el gobierno nacional deja a la deriva a infancias y juventudes en situación de vulnerabilidad social, personas con enfermedades graves y Personas con Discapacidad, sectores que, en el imperio del mercado, donde el hombre es lobo del hombre, no tienen cabida porque no producen ni consumen, por lo tanto no pueden ser digeridos por el sistema, para ellos el despliegue de necropolíticas, simplemente se los deja morir. Más claro… agua.
Mientras que los héroes del presidente, la oligarquía conservadora de siempre y los grandes empresarios que representan al capital internacional, tienen la puerta abierta del gallinero, todo el aparato del Estado a disposición para expoliar al país a gusto y un marco normativo hecho a medida recién salido del horno, el darwinismo social más claro que nunca.
