El Derecho se encuentra frente a un desafío histórico “Envolver con un manto de seguridad jurídica la inseguridad ciudadana”, nos dice Ana Rosa Sismondi en su Tesis Doctoral “Aproximación a una concepción integral de la Seguridad Ciudadana del Siglo XXI”, presentada ante la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Ana Rosa Sismondi es Doctora, Licenciada en Ciencia Política, Abogada, Escribana y Especialista en Seguridad Ciudadana. Con la Tesis obtuvo la calificación de «Sobresaliente Cum Laude» otorgada por unanimidad del tribunal evaluador, obteniendo así el título oficial de Doctora por la Universidad de Jaén dentro del Programa de Doctorado en «Dirección y Gestión Pública Local», siendo la primera latinoamericana en doctorarse. Luego la UIM decidió editar un libro con la tesis dentro de su colección “Estudios y Comentarios”.
La investigadora nos ubica en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho a principios del siglo XXI, con su racionalidad de mercado y la crisis de la estatalidad en que se encuentra sumergido. “Es nuestra intención indagar sobre el estado de situación en materia de seguridad ciudadana, para lo cual hemos de relacionar Estado, Derecho y Administración, a sabiendas de que se cruzan, en un marco de influencias recíprocas que define el escenario. Y enfrentar así el gran desafío de abordar un fenómeno social investigándolo desde lo jurídico, en su sentido más amplio, explica Sismondi.
“En el Estado Social y Democrático de Derecho, las políticas públicas de seguridad ciudadana responden a categorías jurídicas, que a través de la norma se invocan como consensuadas, suficientes, vigentes e indiscutibles. De ahí que proponemos abordar nuestra investigación haciendo del estudio de las categorías jurídicas que sustentan las intervenciones en materia de seguridad ciudadana, uno de los ejes centrales a dilucidar”, agrega la autora.
Entre los principios “indeclinables” que menciona Sismondi en su investigación se encuentra que la seguridad ciudadana es una responsabilidad primordial e indeclinable del Estado para con su población; la seguridad ciudadana es una temática local inmersa en un mundo global, que exige soluciones locales avaladas por un programa coherente planteado y reafirmado desde la centralidad del Estado; la seguridad ciudadana es una cuestión transversal que compromete a todo el Derecho en su configuración; y en cuanto a su prestación, incide, o es incidida por todas las áreas de gestión.
“Hemos orientado nuestro mayor esfuerzo para que este trabajo suponga la apertura de una nueva mirada sobre la seguridad ciudadana. A partir de la verificación del fracaso de los mecanismos vigentes en la materia, consideramos que el Derecho tiene una responsabilidad indelegable y una oportunidad histórica de ser el instrumento principal de la transformación que se viene necesitando”, reflexiona la investigadora.
“¿Es, entonces, la seguridad ciudadana una categoría jurídica, un valor, una situación, un clima? ¿Es simplemente un concepto jurídico indeterminado que resulta de un debate -disperso- de diferentes ámbitos en relación a diversas problemáticas que enfrentan las ciudades, los ciudadanos y los Estados? ¿Es un servicio público? ¿Es una función? ¿Es un derecho? ¿Es un derecho humano? ¿Es un derecho fundamental atípico? ¿Es una garantía? ¿Es un bien público? Estas son las preguntas que intentaremos responder”.
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