Mariana Carbajal es periodista especializada en el periodismo de género. Experta en violencia de género. Consultora en Comunicación y Género. Desde 1991 publica en Página 12 y aporta sus reflexiones e investigaciones en radio y TV.
El maltrato del fiscal Santiago Terán hacia la periodista Lucila Trujillo en la pantalla de C5N –en el cual la colega no pudo haber respondido de mejor forma, con argumentos, un tono adecuado– permite darle contenido a algo tan abstracto y a veces difícil de comprender como es el concepto de justicia patriarcal.
Debemos agradecerle al fiscal: con su actuación ante las cámaras de televisión dejó en evidencia lo que desde hace años el movimiento feminista y organizaciones comprometidas con los derechos de mujeres y colectivos LGBTTIQ+ viene denunciando: el Poder Judicial es el gran bastión del Patriarcado. El fiscal de Cutral-Co Santiago Terán mostró ser uno de sus exponentes. Pero no es el único.
Puso en primer plano la asimetría de poder por sobre una mujer. No se trata de una actitud individual sino institucional, donde el ejercicio de la violencia machista simbólica pretende en definitiva, ser un disciplinador.
Son ejemplos palpables de ese entramado machista que persiste enquistado en la Justicia fallos emblemáticos, que conmovieron a la sociedad, como el que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense, de 16 años, asesinada en 2016, y el que condenó por homicidio doblemente agravado a 8 años de prisión a la joven tucumana identificada como Belén, luego de sufrir en 2014 un aborto espontáneo: Belén tuvo que enfrentar un proceso judicial en el que se vulneraron sus derechos desde el comienzo, cuando fue denunciada mientras estaba internada, violándose el secreto profesional que ampara la consulta médica. Estas dos sentencias son apenas una muestra. Basta poner en el buscador de Google “fallo machista”, para encontrar gran cantidad de noticias que los denuncian.
El domingo (9 de agosto) cumpliría 25 años Micaela García, la joven víctima de un femicidio en abril de 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay. A poco de que fuera hallado su cuerpo sin vida, el papá de Micaela, Yuyo García, conmovió con el mensaje que dio a la sociedad, cuando los medios lo rodearon con sus micrófonos, en medio de tanto dolor: “Más allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por mano propia. Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela”. Desde entonces, Yuyo se ocupó de impulsar una legislación para establecer una capacitación obligatoria en género y violencia machista para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La Ley Micaela se aprobó en diciembre de 2018. El fiscal Terán dijo que había hecho varios cursos en cumplimiento de esa normativa, y precisó que el último fue hace cuatro años: dos años antes de aprobarse la ley. Las fechas no cierran.
Pero con la Ley Micaela no alcanza. Sirve para evitar errores groseros, pero no para transformar las cabezas. Además, su aplicación en la Justicia es lenta.
Según el mapa de género de la oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en términos de personal administrativo, el 61 por ciento son mujeres. Pero cuando se va ascendiendo en la pirámide se observa que solo el 28 por ciento de los cargos jerárquicos son ocupados por mujeres: la diferencia es aún más notable en algunas cortes provinciales, donde no hay ninguna mujer como por ejemplo en Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja y Mendoza. En el máximo tribunal del país, hay solo una.
En momentos en que se empieza a discutir una reforma judicial, se debería contemplar cómo promover y favorecer el ingreso de más mujeres en la justicia. Para que haya una representación democrática, de la población en el Poder Judicial también. Pero que haya más mujeres no garantiza que se aplique más la perspectiva de género y un enfoque de derechos.
Es importante transversalizar la perspectiva de género en la formación desde las escuelas jurídicas. No como una especialización sino como un estándar de calidad.
¿Por qué es necesaria? Entre otras cosas, para desarmar los estereotipos de género. Uno muy instalado todavía es el que considera que las mujeres mienten. Se ordenan pericias psiquiátricas si denuncian delitos contra la integridad sexual, una violación por ejemplo. Pero no si denuncian que les robaron el celular. Se presume que puede mentir. Todavía además, se minimizan las denuncias de hechos relacionados con violencia machista.
No nos quedemos con la escena del fiscal en la tele. El problema es mucho más grande. Apuntar solo hacia su conducta pública repudiable –o limitarnos a rechazar su idea de que las mujeres vayan armadas para defenderse de sus parejas violentas– es cortar el hilo por lo más delgado.
