Tomamos la idea que tuvo la UNESCO de realizar un compilado de tapas de diarios que nos permiten recorrer estos cuarenta años tal como lo vimos en Argentina y como lo reflejamos al mundo. El presente trabajo recoge algunas tapas seleccionadas por el Organismo internacional y complementa con otras creímos oportuno incluir.
La dictadura cívico militar, responsable del delito de coartar la libertad política e ideológica, de la desaparición forzada de más de 30.000 personas y de crímenes de lesa humanidad, ha llegado a su fin. El nuevo llamado a elecciones y el restablecimiento de las instituciones democráticas dieron por resultado el triunfo del Dr. Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, quien asumió su cargo el 10 de diciembre de 1983. La recuperación de la Democracia simbolizó el quiebre de la época oscura de los años de dictadura que soportó nuestro país y llenó de sosiego al pueblo argentino que vislumbró nuevos y renovados aires de cambio.
En Argentina rige un Código de Justicia Militar que hasta ese momento era desconocido por la población civil y da cuenta de un crítico régimen penal paralelo que resguarda al personal castrense a su reducido ámbito. Los jueces, defensores y fiscales son militares, sin título de abogado, y, por tanto carecen de habilitación para aplicar la ley. Abarca hasta a los civiles.
Las fuerzas democráticas se opusieron a que quienes habían sido sus subalternos juzgaran a los altos jefes, denunciando, también, la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar. El gobierno del presidente Alfonsín estableció la revisión por parte de la justicia civil de la sentencia dictada por el tribunal militar, dándole la posibilidad de proseguir la causa si no se emitía fallo en un tiempo prudencial.
Los jueces militares se negaron a imponer condenas y dieron sus conclusiones afirmando que no habían cometido delitos, que las órdenes impartidas eran concluyentes y que había que procesar a testigos y víctimas por falso testimonio contra sus pares.
Al respecto el presidente, en su condición de jefe de las fuerzas armadas, y debido a las demoras del Tribunal Supremo Militar en juzgar a sus pares, los tres poderes del estado constitucional lograron que un tribunal de Justicia no militar sentara en el banquillo de los acusados a las caras visibles de la dictadura cívico militar: los nueve ex presidentes de facto.
Una de las primeras medidas que instó el nuevo presidente elegido democráticamente, Dr. Raúl Alfonsín, fue la creación de una un Comisión Especial capaz de investigar los graves delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar establecida entre 1976 y 1983. El 10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín asumió a la presidencia. Cinco días después, el 15 de diciembre de 1983, con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, Alfonsín ordenó, a través del decreto (Decreto 187/83 del 15/12/83, publicado en el Boletín Oficial el 19/12/83) la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP. Fue un órgano descentralizado creado con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura cívico militar en la Argentina, que dio origen al Informe «Nunca Más», también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en 1984.
El país estaba convulsionado con todo lo expuesto a la luz de la verdad y por cada uno de los acontecimientos que por años fueron ocultados a la opinión pública y a la comunidad internacional. Atrocidades y sometimientos forzados resultaron los sucesos que reclamaban por Justicia y juicio a los responsables que, en esos tiempos, pretendían que la sociedad creyera su relato en pos de una “reorganización nacional” basado en la intolerancia y la impunidad. El 22 de abril de 1985 comenzó el Juicio a las Juntas Militares, denominado también Causa 13. Fueron condenados 5 militares (Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti) y 4 fueron absueltos.
Durante los años subsiguientes muchos fueron los desafíos que el nuevo y consolidado gobierno democrático tuvo que sobrellevar, resultado de muchos años de opresión de pensamiento, de falta de liderazgo político, con el resurgir de sublevaciones militares bajo la mirada de la comunidad internacional. Argentina, ahora en democracia, comenzaba a construir un nuevo camino y poco a poco los derechos humanos empezaron a cobrar verdadera relevancia en la vida del pueblo argentino. Una de las decisiones más controversiales por esos años propuesta por el entonces gobierno, fue la implementación de la Leyes de Punto Final y de Obediencia debida.
Ambas leyes de “Punto Final” (1986) y “Obediencia Debida” (1987) fueron los instrumentos con los que el gobierno de Raúl Alfonsín buscó clausurar el tratamiento judicial de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura en Argentina (1976-1983). Esto representó una afrenta para quienes venían luchando por un juicio y castigo ejemplar para los represores. Familiares de desaparecidos, encabezados por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, pero por, sobre todo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo acompañadas y abrazadas por el pueblo, vieron esta medida como injusta, mezquina y no acallaron sus voces contra este reclamo.
En la presidencia de Alfonsín, a pesar de sus desaciertos, el sistema democrático se restableció con fuerza en el colectivo social como el único capaz de representar a cada habitante del país y que quisiera vivir en libertad y en paz. En esos años, la libertad era algo que se volvía a disfrutar y a percibir como la única respuesta para construir la memoria de un pueblo que por muchos años se mantuvo guardada.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ahora podían hablar con libertad sobre los horrores cometidos contra sus hijos, hijas y nietos y nietas y las búsquedas de sus familiares empezó a ser un ejercicio legitimado por la población. En lo político, y terminando el mandato antes de tiempo, un nuevo gobierno en democracia ganó las elecciones. La presidencia de Carlos Menem fue un período comprendido entre el 8 de julio de 1989, quien recibió el bastón presidencial de manos de Alfonsín. Menem asumiría una segunda presidencia entre 1995 a 1999.
La democracia posibilitó que, nuevamente, un gobierno peronista asumiera el mandato presidencial en Argentina luego de los sucesos históricos ya conocidos. Pero las reformas neoliberales impactaron en el pueblo. Pese a una estabilidad económica relativa (del 1 a 1), la Reforma de la Constitución en 1994 que incorporó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas, hizo asomar movilizaciones de sindicatos, impensadas en tiempos de dictadura, que comenzaban a reclamar por sus derechos. También, con coraje de ser atendidas y escuchadas, diferentes organizaciones y activistas de derechos humanos salieron a las calles por la ampliación de derechos.
Pero un retroceso en los derechos de Memoria, Verdad y Justicia, hizo prender las alarmas. Una serie de 20 decretos sancionados el 6 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el presidente Carlos Menem, indultó a civiles y militares que habían cometido crímenes durante la dictadura que incluía a miembros de las juntas, condenados en el Juicio de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y a los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas.
La democracia siguió fortaleciéndose y ya no era duda que representaba un avance de gobernabilidad y ampliación de derechos para Argentina. El voto universal, (secreto) y obligatoria otra vez retomaba su inicial compromiso de ser fundamental para garantizar que las fuerzas políticas pudieran gobernar con equidad e igualdad.
El tercer gobierno democrático desde la vuelta a la democracia, fue el de Fernando de la Rúa. Llevado al poder ejecutivo de la nación por una alianza de partidos y en oposición al menemismo, inició su mandato en 1999 hasta 2001. Durante este período, la democracia presentó sus dos caras. Por un lado, su innegable libertad de participación del pueblo que hizo que miles de personas pudieran salir a las calles y expresarse en contra de las medidas sociales y económicas de ese entonces y que tuvo como resultado primero, la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación y, posteriormente, la renuncia anticipada de de la Rúa, quien armó al gobierno para ejercer la represión, quedarse con sus ahorros y tomar medidas que desfavorables para los más necesitados.
Por momentos se pensó que la Democracia otra vez tenía los días contados y los recuerdos del pasado aún fresco, resurgieron. El pueblo no solo reclamaba por sus derechos, sino que se animaba a poner a la luz de sus gobernantes, los actos de desigualdad y corrupción que ellos cometían.
A pesar del desconcierto y el caos de esos días, que acapararon todos los medios de comunicación internacionales, la Democracia tuvo nuevamente su protagonismo y no desamparó al pueblo argentino. Con el resurgimiento de la Democracia en 1983, también reapareció el establecimiento constitucional de los tres poderes como garantes de los derechos de las personas y del orden constitucional. La presidencia provisional del Senado Nacional, tomo el timón, tal como establece la Constitución Nacional. Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, le sucedieron cuatro presidentes en once días: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Este último estuvo desde 2002 a 2003, cuando se llamó a elecciones anticipadas para formar gobierno desde los estatutos democráticos y constitucionales. Visto con los ojos de una sociedad marcada por los acontecimientos, era algo nunca antes visto. Pero en términos democráticos simbolizó la intención que tiene la Democracia en tiempos de crisis para reordenar la situación. En tiempos de dictadura, los dictadores se suplantan entre sí y el pueblo quedaba sometido a sus voluntades. En Democracia, se ejecutan todos los pasos para que, ante una posible crisis institucional el pueblo no quede desprovisto de derechos, garantías y libertades.
El 27 de abril de 2003, Con el 22,24% de los votos y ante el posterior renunciamiento de Carlos Saúl Menem a enfrentar un balotaje, a quien los sondeos lo daban como perdedor, el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner se consagró ganador, convirtiéndose en quinto presidente elegido desde el regreso de la Democracia. Bajo su mandato comenzaron a fortalecerse las instituciones democráticas, la puesta en valor y el reconocimiento firme a los organismos de derechos humanos y a los defensores y defensoras de derechos humanos y un respaldo a la concertación y al juzgamiento y condena a quienes, en años anteriores, habían cometido crímenes de lesa humanidad. La reapertura del Juicio a las Juntas, la reivindicación del lugar que deben ocupan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y las políticas públicas en torno a los derechos humanos de las personas, permitieron que Argentina fuera definitivamente considerada referente internacional de conquista y ampliación de derechos.
Uno de los hechos democráticos más significativos durante su gobierno fue la reivindicación por Memoria, Verdad y Justicia de los 30.000 desaparecidos cuando se expresó públicamente el 24 de marzo de 2004, durante el acto para recordar los 28 años del golpe de Estado de 1976, en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
En ese momento, el presidente Néstor Kirchner quedó en la historia cuando dijo “…procedan” cuando ordenó retirar los cuadros de los dictadores Videla y Bignone, marca definitiva de un claro posicionamiento del país, de las Fuerzas Armadas y suyo propio, en su carácter de presidente y de Comandante en Jefe, de terminar con esa etapa oscura y de consolidar “…el sistema de vida democrático y desterrado el terrorismo de Estado».
Luego de estabilidad democrática y económica el país retomó su curso con un nuevo gobierno elegido democráticamente. El mayor cargo de nuestra nación era ocupado por una mujer. La democracia consolidó sus bases y amplió sus brazos. Cristina Fernández de Kirchner (2007 – 2015) continuó el compromiso con la igualdad de género y los derechos de la mujer establecidos durante la presidencia de Néstor Kirchner. Sus administraciones estuvieron marcadas por varias acciones y políticas significativas relacionadas con los movimientos de género, los derechos de la mujer y los derechos LGBTIQ+.
Los organismos de derechos humanos por primera vez, luego de muchos años, fueron los protagonistas centrales de las políticas públicas. El CIPDH-UNESCO fue creado en el año 2009 mediante la firma de un Acuerdo Bilateral entre la República Argentina y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, según sus siglas en inglés), sobre la base del reconocimiento de la trayectoria del Estado Argentino y la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos. El acuerdo fue aprobado en el Congreso de la Nación mediante la ley 26708 sancionada el 30 de noviembre de 2011.
El 1 de abril de 2009, luego de un debate fundamental para la lucha por los derechos de las mujeres el Congreso de la Nación Argentina, promulgó la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, (ley 26485). Se trata de una norma de orden público, trasversal a todas las ramas del derecho y responde a la obligación internacional del Estado Argentino de adoptar todas las medidas posibles para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La norma dio un paso firme en la erradicación de la violencia para dar una respuesta efectiva y coordinada. En ese marco, Argentina ya había dado un paso firme al ser Estado firmante de las convenciones conocidas como “CEDAW” y “Belem Do Pará”. Con la adopción de la ley 26845.
La sanción de esta ley significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en el país que puso al país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación, luego de una primera década concentrada a la violencia doméstica de la que las mujeres siguen siendo las principales víctimas.
Los medios de comunicación de nuestro país fueron, por años, los representantes de cuestionamientos que favorecieron a distintos gobiernos. Durante la última dictadura cívico militar, muchos medios se habían beneficiado y, por consiguiente, fortalecido conformando monopolios muy poderosos, capaces de cooptar las opiniones y decisiones de los ciudadanos, con el fin de favorecer sus intereses económicos. En 2009, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se presentó y promulgó una nueva Ley de Medios 26522, que reemplazaría a la vieja Ley de Radiodifusión 22285.
Este suceso fue vivido por la ciudadanía como un paso más de la Democracia y de la ampliación del derecho a la libertad de expresión, de prensa y de multiplicidad de voces.
El avance por la justicia de la mano de los derechos humanos y la Democracia se afianzó como la única solución para cerrar la etapa más oscura de nuestro país. En los medios de comunicación del mundo, Argentina era mencionada como ejemplo en derechos humanos y como referente de lucha para las causas que, en otros países, habían quedado en el olvido. En 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba fijó como fecha el 2 de julio, a las 9.30, con el objetivo de iniciar el juicio oral contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de esa ciudad. El tribunal estuvo integrado por los jueces Jaime Díaz Gravier, Carlos Julio Lascano (vocal subrogante) y José Quiroga Uriburu (vocal subrogante).
El incipiente crecimiento de lazos negacionistas y la desestimación que el gobierno democrático de Mauricio Macri atribuyó a los derechos humanos, representó un retroceso en torno a conquistas y luchas que defensores y defensoras obtenidos desde la nueva vida democrática de Argentina. Es estos años la ciudadanía no bajó los brazos y respaldó cada uno de los logros alcanzados. Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, durante estos años, simbolizaron la voz de todos y de todas.
Respaldadas por todas las organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nacionales, las Madres y las Abuelas se destacaron por ser faros de Memoria, Verdad y Justicia. Esquivando cada dificultad, cada negación del pasado vivido y en representación de las 30.000 personas desaparecidas, ellas continuaron siendo condecoradas en muchos países por sus luchas.
El voto universal y obligatorio, uno de los principales mecanismos que impulsa la decisión democrática más importante para una nación, también fue un tema de debate con la intención de ampliarlo y de hacerlo aún más democrático. Desde 1951, bajo la ley 13010 con el gobierno democrático del entonces presidente Juan Domingo Perón, las mujeres pudieron acceder a este derecho fundamental de ciudadanía. Desde fin del S XIX, Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo y Julieta Lanteri habían tomado la iniciativa por la lucha del voto femenino. En el siglo XXI, con una sociedad actualizada y con el resurgimiento de la participación activa de las juventudes en política, el Voto Joven, sancionado en 2012, simbolizó un nuevo avance para la democracia.
Así, la ley 26774 de Ciudadanía Argentina incluye a juventudes de 16 años en adelante, sean personas nativas o argentinas por opción, para que ejerzan de pleno sus derechos políticos.
En este sentido, el ejercicio de la ciudadanía es, por lejos, el momento clave donde el pueblo decide quiénes lo representarán y tomarán decisiones sobre el destino del país y en cada una de sus provincias y localidades.
El rumbo de la Democracia ya no era tema de discusión, constituyéndose en el único sistema de gobierno plural, legítimo y clave para sostener las garantías, derechos y deberes de la ciudadanía. Pero otros aspectos estuvieron en juego a partir de 2015. Algunas leyes de gobiernos anteriores fueron derogadas, la cuestión de los derechos humanos se vio apagada y las políticas, que hasta ese momento sostenían de manera decisiva la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, comenzaron quedar veladas con la introducción de políticas liberales.
A pesar de que por esos años surgieron discursos negacionistas y de odio, las organizaciones de derechos humanos no bajaron los brazos para que los juicios contra represores continuaran y se concretaran con sentencia firme. En marzo de 2017, el Tribunal Oral de San Martín sentenció al dictador Reynaldo Benito Bignone, a Santiago Omar Riveros y a otros cinco represores a prisión perpetua. Las sentencias, se consideraron como un acto de justicia entre las familias de los desaparecidos y los sobrevivientes; “Fueron 30 mil”, se escuchó en la sala repleta de familiares y amigos de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos. Este suceso fue un triunfo donde los términos Democracia y Derechos se reunieron para, una vez más, reivindicar el pasado y fortalecer que lo sucedido no vuelvas “Nunca Más”.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y una de las mayores exponentes de la lucha por los derechos humanos, Estela de Carlotto, recuperó a su nieto luego de una búsqueda de alrededor de 35 años.
Era Guido, el hijo de Laura, hija desaparecida de Carlotto quien lo dio a luz cuando estaba en detenida en el centro clandestino «La Cacha” y que luego fue asesinada.
Laura Carlotto había sido asesinada el 25 de agosto de 1978 y nunca más se supo nada de su hijo.
El joven se había presentado por voluntad propia ante la sospecha sobre su identidad y las pruebas de ADN confirmaron el parentesco.
La lucha de Estela de Carlotto había comenzado con las rondas en Plaza de Mayo junto a las Madres que reclamaban por el paradero sus hijas/os desaparecidos/as en dictadura cívico militar. Luego, Estela enfocó su búsqueda y su lucha en recuperar a los nietos y nietas que habían nacido en cautiverio y que habían sido apropiados, sin conocer su verdadera identidad.
El presidente Macri asumirá su gobierno bajo tres pilares propuestos en campaña: pobreza cero, derrota del narcotráfico y unidad de los argentinos. El día de su asunción, ante el parlamento nacional, expresó que, en su mandato, primará el consenso y el trabajo en equipo; se reforzará la presencia del Estado, sobre todo para “los que menos tienen”, universalizando la protección social y urbanizando las villas, y con el objetivo que todos tengan “igualdad de oportunidades”; se crearán nuevos trabajos, mejorando la infraestructura que permita el crecimiento de la economía y un tiempo nuevo de construcción con “más justicia social”; se impedirá la consolidación del narcotráfico; se combatirá la corrupción de manera implacable; se impulsará “una revolución” en la educación pública, dando más «prestigio, valor y protagonismo a la profesión docente» y se promoverá el fortalecimiento de la justicia independiente como baluarte de la democracia.
Los movimientos feministas y disidentes continuaron su lucha por la defensa de la igualdad y la concientización sobre la violencia de género, a pesar de que le nuevo gobierno no dio prioridad a estas cuestiones. Durante estos años, hubo una disociación entre democracia y derechos. Pese a que la democracia avanzaba, varios derechos fueron obstaculizados: a la protesta, a la libertad de expresión, seguridad, entre otros. En un hecho significativo de cambio de época, el presupuesto de derechos humanos para 2017, perdió 110 millones de pesos con respecto al de 2016.
Para la sociedad argentina, el primer año de gobierno estuvo estrechamente asociado con el aumento de tarifas en los servicios públicos, perjudicando a la población con menores recursos. Desde que asumió la presidencia, el índice de aprobación de Macri había disminuido en un 20%.
Las movilizaciones sociales aumentaron en comparación con el año anterior, pero esto no significó un desafío importante para la capacidad de gobernanza de Cambiemos (la coalición de gobierno).
Los despidos masivos de empleados estatales y los aumentos salariales logrados fueron rápidamente devorados por la inflación. Los salarios reales cayeron un 12% en el segundo semestre.
En el segundo trimestre de 2016, el 10% de la población más rica acumulaba un ingreso que representa 23,2 veces el acumulado por el 10% más pobre y la población en condiciones de pobreza ascendía del 27,3% al 32,2%. Los reclamos comenzaron a verse a 1 año de asumido el nuevo gobierno.
El gobierno usaba el lema “pesada herencia» para excusar las dificultades y errores en los asuntos económicos, políticos y sociales, tratando de inculcar en la opinión pública la idea de que la responsabilidad del ajuste de las políticas recaía en la situación heredada por el gobierno anterior.
En años anteriores, los pueblos originarios habían sido reconocidos como comunidades autóctonas y plenas de derechos. Sus culturas, tradiciones, lenguas y creencias representan, para cada su origen. En 2017, una brutal represión que contó con la complicidad de fuerzas policiales y de seguridad y el poder político de esos años, terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un caso que conmocionó a toda la población por la brutal represión ejercida, la cual se vinculó con el concepto de “mano dura”. El hecho fue reconocido como un crimen de Estado. La democracia, aunque herida, permitió que el hecho llegue a la justicia.
En 2018, un tema de debate nacional fue la portación de armas. La democracia es el sistema que también permite el debate y la aprobación de normas a través de sus representantes. Durante ese año, los medios acapararon la atención a un dicho de la entonces Ministra de Seguridad, a la prensa en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba: “Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país libre”, señaló la ministra de Seguridad. La gran conflictividad en sus dichos, se vio reflejada a la enorme tasa de femicidios que llevaba el país por esos años. Los retrocesos en términos de derechos de género y de los derechos de las mujeres, al igual que otros, se vieron estancados por ser considerados “curros” de los sectores militantes y de los organismos defensores de derechos humanos.
El 10 de diciembre de 2019, asumió Alberto Fernández. Su gobierno admitió el desafío de resarcir el estancamiento y profundizar, una vez más, las políticas en torno a los derechos humanos. El entonces desconocido virus del COVID19 que desencadenó la pandemia, fue un nuevo desafío por enfrentar en todo el planeta. Argentina se encontraba, con un desabastecimiento descomunal en los sistemas de salud y en los hospitales públicos, resultado de medidas tomadas por el anterior gobierno de restarle importancia al Ministerio de Salud Nacional convirtiéndolo en Secretaría, y adjudicarle, en el presupuesto nacional, un margen deficitario. Con el poder que le otorga la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo puso su mayor esfuerzo para abastecer cada hospital dependiente del sistema de salud nacional y tomar las medidas de resguardo y protección de la ciudadanía frente a esta pandemia mundial. Se articularon funciones para ordenar la situación sanitaria, brindar protección a las personas, desestructurar de forma ordenada las nuevas medidas y la vida en sociedad, y preservar la paz frente a tales acontecimientos. La virtualidad fue la forma más adecuada de seguir con la vida cotidiana, las clases, las reuniones y los trabajos también.
Durante la cuarentena, y en función de salvaguardar los derechos de las personas, el gobierno del presidente Alberto Fernández, instruyó una serie de medidas: nuevos requisitos para personas migrantes; lanzamiento del Plan Estratégico de Vacunación, programas de Recuperación Productiva y de asistencia a personas trabajadoras independientes de sectores críticos y para acompañar la reactivación económica conservando los puestos de trabajo; prórroga de la doble indemnización para personas despedidas sin justa causa; prórroga de la suspensión de juicios de ejecución fiscal y de traba de medidas cautelares de mipymes; asistencia a las y los trabajadores ante una situación de desvinculación colectiva para percibir seguro por desempleo. Líneas de crédito.
Las organizaciones de derechos humanos, una vez más se fortalecieron con sus voces por Memoria, Verdad y Justicia. En 2020, y en plena pandemia, la Organización H.I.J.O.S cumplió sus 25 años de lucha. Habían nacido durante la vuelta de la Democracia en 1995 y fue la organización de derechos humanos, junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que más se opuso a la decisión del entonces Presidente electo Carlos Menem, quien, mediante su decisión de otorgar indultos, favoreció a represores de la última dictadura militar.
Otro hecho significativo y de resonancia nacional e internacional, fue que también, en 2020 y después de dos años de audiencias, culminó el juicio por los crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata con 28 condenas a prisión perpetua por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. La Democracia jugó su carta y la justicia acompañó la jugada.
Tras un año de pandemia por el COVID19, la Democracia siguió avanzando y la ampliación de derechos fue recobrando el impulso de 2015. Militantes feministas, organizaciones de derechos humanos, mujeres de todo el país acompañaron cada una de las jornadas de debates en el Congreso, pidiendo el reconocimiento a ser dueñas de sus cuerpos, a decidir cuándo o por si o por no la maternidad, a que respeten cada uno derechos y a que se les otorgue el derecho a contar legalmente con poder abortar de forma gratuita y segura. Con idas y vueltas del Poder Legislativo y tras varios días de debate, en diciembre de 2020 se aprobó la ley del aborto legal en la Argentina. La ley 27610 garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige, y regula la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud regula la interrupción bajo un modelo mixto de plazo y causales. Su aprobación proporcionó la reivindicación de miles de mujeres que por no gozar de este derecho fueron sometidas a situaciones traumáticas o incluso la muerte por no contar con un sistema sanitario adecuado. Sin Democracia ni decisión política esta ley no podría haberse sancionado.
Por primera vez en nuestro país, desde la vuelta de la Democracia en estos 40 años, se realizó una celebración multitudinaria convocada por el Presidente argentino, Alberto Fernández, y la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y todos los sectores de la sociedad argentina. La fecha elegida fue el 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos. Una vez más la Democracia y los Derechos Humanos se entrelazaron para conmemorar los logros de 38 años que goza nuestro país de una Democracia consolidada, fuerte e ininterrumpida.
El actual presidente de Brasil, Lula Da Silva, y el ex presidente del Uruguay, José “Pepe” Mujica, fueron invitados especiales a quienes se convocó para fortalecer lazos democráticos de unidad y de hermandad que la República Argentina tiene con sus países hermanos y más próximos reunidos bajo los mismos ideales.
Durante 2023, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO (CIPDH-UNESCO), tuvo el honor de ser el organizador ejecutivo del III Foro Mundial de Derechos Humanos, el cual realizado en distintas sedes. La principal fue el Museo por la Memoria de la ex ESMA, donde participaron miles de personas de distintos países. Fue un evento sumamente relevante y de connotación democrática que contó con referentes de los cinco continentes en torno a los derechos humanos.
Nuestro liderazgo mundial en términos de derechos humanos tiene un peso significativo para las democracias.
Este año, uno de los eventos más importantes en la materia de Argentina hacia el mundo fue la realización del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH23). Organizado íntegramente por el equipo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO (CIPDH-UNESCO) este encuentro fue la marca que reivindicó a cada una de los miles de personas que fueron privadas de su libertad, desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la última dictadura cívico militar. Asimismo reivindicó las luchas individuales y colectivas que en 40 años nunca se doblegaron. Reivindicó a nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Reivindicó a cada nieto y nieta recuperados. Reivindicó el trabajo de cada organización e institución que promovieron y defendieron cada uno de nuestros derechos. Reivindicó a cada defensor y defensora de los derechos humanos. Reivindicó el compromiso de nuestro país por la puesta en valor los derechos de las minorías. Reivindicó que no se puede soslayar la Memoria, la Verdad y la Justicia en tiempos de negacionismo y resurgimiento de las derechas en el mundo.
Argentina pudo subsanar sus diferencias y sus más profundas heridas. A partir de aquí, nos espera un futuro con esperanza siempre y cuando sigamos el rumbo de este camino: No hay derechos sin democracia. No hay democracia sin derechos.
Hoy en Argentina, a instancias de una nueva elección presidencial, se vienen realizando debates en medios televisivos sobre las propuestas de cada uno de las candidatas y candidatos.
A instancias de la CNE Cámara Nacional Electoral y por voto popular, uno de los temas que el conjunto de la sociedad les ha pedido a los pre candidatos que debatieran públicamente fue Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Esto da el indicio favorable de que, a pesar de los distintos gobiernos que se sucedieron, el tema es uno de los más importantes a considerar, por parte de la mayoría de argentinos y argentinas a la hora de emitir el voto.
En un acto democrático pleno, Argentina se ha convertido en una nación que entiende que su mayor conquista ha sido reforzar su sistema democrático y defenderlo.
Diciembre 2023
Asunción de Javier Milei. El ultraderechista ganó la presidencia el 19 de noviembre con el 56% de los votos prometiendo ajuste y shock económico.
