Conversaciones con Gustavo Salvador, coordinador del Comité de Seguridad de la FAM, secretario de Políticas Judiciales de la FAM, ex presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, camarista penal.
¿Por qué se creó esta Comisión de Seguridad en el seno de la FAM?
Fue un desafío que me plantee a mitad del año pasado cuando en la Asamblea de Junta de Gobierno que se llevó a cabo en la provincia de San Luis, a través de una exposición de la realidad que estábamos transitando en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, se decidió dar origen a una Comisión de Seguridad dentro de la Federación Argentina de la Magistratura. Esa Comisión de Seguridad, la cual tengo el honor de coordinar, está integrada por distintos representantes de otras provincias de nuestro país y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí se plasmará una propuesta de trabajo, en la cual nos replanteemos la situación que están transitando las y los operadores del sistema de justicia en el desarrollo diario de sus tareas para que las mismas no tengan que verse afectadas por intimidaciones, amedrentamientos, amenazas, no solamente desde el punto de vista material sino desde el punto de vista anímico, que puedan influir en la toma de decisiones diarias que los operadores deben llevar a cabo.
Lo que se planteó en aquel momento fue que la Federación Argentina de la Magistratura debía abocarse a una problemática que está in crescendo en todo el territorio de la República Argentina y que no podíamos permanecer pasivos ante este crecimiento, sino que, por el contrario, teníamos que tener una conducta proactiva de anticiparnos a la posibilidad de producción de alguno de estos eventos. La idea es la anticipación y no tener que reaccionar ante el lamentable suceso que afecte alguno de las o los operadores del sistema de justicia. Tenemos que tratar de diagramar políticas que lleven adelante los distintos poderes judiciales para prevenir la realización de hechos que puedan afectar a la independencia judicial, ese es el fin último que nosotros perseguimos como Federación. Prevenir estas acciones que puedan condicionar e interferir en la labor diaria de las y los operadores del sistema de justicia.
¿Qué acciones ya realizó la Comisión de Seguridad?
Desde su creación la Comisión de Seguridad ha llevado a cabo un revelamiento de la seguridad de cada uno de los edificios de poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de evaluar -por intermedio de cada uno de los representantes de cada jurisdicción- cuáles son las medidas que deben priorizarse para abordar la cuestión de la seguridad de las y los operadores judiciales. Es así, que luego de varias reuniones y con un diagnóstico de cada jurisdicción se definió, cómo primera medida, solicitar una reunión a la presidenta de JUFEJUS para interiorizarla de la situación general, como así también para requerirle su interacción con los representantes de los diferentes Superiores Tribunales de Justicia que conforman la entidad a los fines de que en cada uno de los distritos se aboquen al abordaje de las inquietudes que planteen los representantes de los Colegios y Asociaciones de cada provincia.
¿Cómo siguen su tarea cotidiana, cómo siguen trabajando aquellos que recibieron amenazas o sufrieron atentados?
Realmente es una problemática que estamos viendo en distintas jurisdicciones del país, con acciones concretas, materiales, o con acciones psicológicas, porque no hace falta una amenaza que se lleve a cabo para tratar de interferir, para tratar de intimidar en el accionar ya sea de un magistrado o de un funcionario judicial propiamente, sino también en todo lo que es el núcleo que lo rodea, a la familia, por ejemplo, de algún operador del sistema judicial.
Hoy estamos viendo que con el avance de la criminalidad organizada estas acciones intimidatorias, de amedrentamiento, han crecido exponencialmente, no pudiendo soslayarse lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario en donde llegó al extremo de suscitarse balaceras contra domicilios de magistrados o de fiscales, como así también contra edificios públicos de los Tribunales de la ciudad. La verdad es que esto fue abordado desde los distintos poderes del Estado, hoy se está trabajando sobre esa problemática, pero no obstante no puede desconocerse la influencia de dichas conductas en el ánimo, en el espíritu, de las personas que deben desarrollar esas tareas diariamente. No forma parte de las reglas del juego que, por investigar, juzgar a integrantes de un grupo de narco-criminalidad, se deba estar sometidos a esta presión psicológica en el desempeño de su tarea.
