Diálogos entrevistó a Silvana Mucci, Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, para conocer en profundidad la historia del trabajo en la provincia que las coloca en la cima de las provincias argentinas con más y mejor acceso a Justicia.
VL: En esta edición de Diálogos que dedicamos a Acceso a Justicia, indagando qué pasaba en cada una de las provincias nos topamos con que una de ellas tiene un reconocimiento del trabajo que viene haciendo sobre Acceso a Justicia que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa provincia es Río Negro y está conmigo justamente la Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Silvana Mucci. Contanos un poco cómo se dio este reconocimiento de la Corte a Río Negro y cuáles fueron los fundamentos de la Corte al dar este reconocimiento a la provincia.
Silvana Mucci: Antes que nada, tengo que decir que el responsable de esta área -que nosotros llamamos Área MAJ- es un equipo de trabajo. Ha tenido protagonistas muy activos que son quienes le dieron mucho crecimiento a esta área. En la última modificación y en los últimos años lo que se hizo fue incorporar todas estas áreas a la estructura de la organización judicial. De hecho, una de las Secretarías Judiciales que se crea, la que conduzco, es de Gestión y Acceso a Justicia. Dentro de la Secretaría nuestra funcionan todos estos métodos.
VL: Bien. Cuáles fueron los fundamentos de la Corte para este reconocimiento.
SM: La Corte tiene ciertos ítems o indicadores de Acceso a Justicia y va verificando si cada provincia los tiene o no los tiene. En el caso de la provincia de Río Negro hace varios años ya que viene liderando la inclusión dentro de la organización judicial de esos indicadores. Esos indicadores, además de la mediación y la conciliación, son la existencia de las Casas de Justicia, de Oficinas de Atención a las Personas –conocidas antes como Oficinas de Atención al Ciudadano que nosotros hace tiempo que las llamamos Oficinas de Atención a las Personas porque no atendemos sólo a ciudadanos y ciudadanas, sino que muchas veces atendemos a personas que no tienen o nunca van a tener el estatus de ciudadana o ciudadano-. El tener todos estos dispositivos, no sólo en la normativa sino funcionando y haciéndolo muy activamente y con estadísticas muy altas respecto de la participación de las personas en ellos, es lo que nos ha mantenido en ese lugar con esos parámetros de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte.
VL: ¿Cómo comenzó este proceso? Yo imagino que en algún momento hubo como algún punto de quiebre, una preocupación que dio inicio a este proceso para llegar ahora a tener este reconocimiento y este trabajo que vienen llevando a cabo.
SM: Allá por el año 1999 hubo una movida que venía del Ministerio de Justicia de la Nación, que firmó convenios con varias provincias a través de JU.FE.JUS -Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales- respecto de empezar a incorporar la mediación, también la promoción de la Casa de Atención al Ciudadano. Fue una invitación que se hizo a todas las provincias. En Río Negro eso se arraigó. Se armaron los dispositivos como experiencias piloto, como pasó en muchas provincias. De hecho, uno ve cuando comparte experiencias con otras jurisdicciones cuántas se quedaron en aquel tiempo. Acá empezó a funcionar. Primero, la mediación, que empezó a funcionar como proyecto piloto a partir de una acordada del Superior Tribunal de Justicia antes de que fuera ley. Después, se sancionó la primera ley y empezó la obligatoriedad. Desde 1999 a la fecha han tenido continuidad, han tenido crecimiento y han tenido profundización. El que figure en la ley orgánica, aunque parezca una cuestión meramente de forma, es muy de fondo, porque es tener dentro de la organización judicial a los métodos MAR. Es decir, la DIMAR, las Casas de Acceso a la Justicia, las Casas de Atención al Ciudadano están incorporadas de forma orgánica al igual que todos los fueros. En general, las leyes orgánicas son de los fueros, no de los jurisdiccional. Las sucesivas conducciones del STJ de 1999 a la fecha le han dado siempre un lugar equiparado con lo jurisdiccional. Y, en el último tiempo, un lugar te diría que preponderante a todo esto de la justicia primaria, del acceso a justicia más allá del acceso a la jurisdicción. Porque realmente nos ha dado resultado. La cantidad de conflictos que se resuelven en la instancia de mediación, de conciliación es muy alta. El índice de acuerdo es alto. Nosotros estamos con un 80 % de índice de acuerdo. ¿Cuál ha sido nuestro desafía permanente y sigue siéndolo? Ir haciendo crecer el índice de sustanciación. Es el único índice que nos preocupa en función a los requerimientos. Por ejemplo, vos te lo ponés a comparar respecto a cómo funcionan en otras jurisdicciones y es hasta casi una sutileza. Esto muestra cómo estamos todo el tiempo preocupados por darle crecimiento a todos estos métodos. También a la mediación extrajudicial que va creciendo en cuanto a la cantidad de operadores. A raíz de esta entrevista estaba mirando la cantidad de operadores extrajudiciales en el ´20-´21 y los que tenemos hoy: teníamos 54 y ahora tenemos 110. Estos son los mediadores extrajudiciales, los que trabajan en las Casas de Justicia. Esta es una justicia muy preventiva, una justicia muy primaria. Cuestiones vecinales, cuestiones que ni siquiera configuran la menor cuantía. Para eso en la provincia nosotros tenemos otro dispositivo que es más generalizado que es los Juzgados de Paz. En estos Juzgados de Paz también se aplican los principios MAJ, los principios de la resolución de conflictos de los MAJ.
VL: Contame cómo funcionan estas Casas de Justicia. Hasta acá las instancias de mediación, de conciliación y los Juzgados de Paz están en todas las jurisdicciones, pero Casas de Justicia no sé si hay en otras provincias.
SM: Sí hay. En Tierra del Fuego seguro. La nuestra de la localidad de El Bolsón fue la primera en el país. Lo recordamos porque fue un hito muy importante. En 2014, cuando se cumplieron los diez años de la puesta en funcionamiento de esta Casa vinieron la doctora Helena Highton de Nolasco y la doctora Gladys Álvarez, que es quien lidera toda la Comisión de Acceso a Justicia en la Corte. Participaron de los festejos por los diez años de la primer Casa de Justicia del país. Nosotros tenemos cinco Casas de Justicia que están en aquellas localidades alejadas de las ciudades cabeceras. Alejadas no sólo en kilómetros sino a cuestiones como las climáticas en determinados momentos del año o que tienen particularidades estas comunidades y sus alrededores que le son propias y que generan la necesidad de estos dispositivos. Tenemos otra en plena Línea Sur que es toda la franja territorial que va de la costa a la cordillera que coincide con el recorrido del ferrocarril que era la Línea Sur del antigua Ferrocarril Argentino que ahora es una empresa provincial, que va desde San Antonio Oeste a Bariloche. La Casa de Justicia de la Línea Sur está en Ingeniero Jacobacci. Tenemos otra Casa de Justicia en Sierra Grande, otra en Catriel y otra en Río Colorado. Estas Casas de Justicia son un servicio multipuertas, a donde las personas vienen con su inquietud, con su situación. A partir de allí se pueden resolver. Muchas veces ni siquiera se trata de un conflicto. Se aborda la situación y, según la naturaleza la esa situación, se hace o una derivación responsable. Derivación responsable que no es decirle que eso lo tiene que resolver en la comisaría u otra dependencia, sino que es un contacto con alguien de la red de dispositivos públicos. O sea, se deriva a la persona que en ese lugar atiende esa situación.
VL: No es que te la sacás de encima.
SM: Se va a donde tiene que ir, previamente construida el contacto con alguien de esa red de servicios públicos, para ser atendida esa persona en el escritorio que le corresponde y no empiece a deambular por distintos lugares. Y, luego, chequear que efectivamente fue atendido. Todo lo opuesto a sacarse de encima la consulta. Eso es la derivación responsable. También se orienta porque muchas veces las personas van con una inquietud y están como con mucha confusión alrededor de lo que se puede hacer. Se hace orientación. No se asesora. Se orienta. Se busca no asesorar para no comprometer porque esta es una instancia que está dentro de la organización judicial. También se hacen mediaciones extrajudiciales que son las que hacen estos operadores de los que te hablaba. Se trata de autocomponer el conflicto con la participación de las partes. Generalmente son cuestiones vecinales, otras veces cuestiones que pueden estar en el límite de situaciones de consumo, de relación de consumo…
VL: Un reclamo por un electrodoméstico que me vino fallado y que no me lo quieren cambiar, por ejemplo.
SM: Claro. Y que no da para una menor cuantía ante el Juzgado de Paz, y que, por ahí, se soluciona con una llamada telefónica a la casa de electrodomésticos que se conoce. Estamos hablando de comunidades pequeñas. Realmente la afluencia es mucha. La gente ha consolidado la utilización de estos dispositivos. Cree en ellos. Son confiables. Porque se solucionan los conflictos, porque esas derivaciones son responsables. Eso hace confiables a estos dispositivos. La gente los valora. Considera importante ir a una Casa de Justicia. Esto respecto a las Casas de Justicia. Las Oficinas de Atención a las Personas funcionan en las ciudades cabeceras. Tienen similar función, sobre todo con el tema de la derivación responsable pero dentro de la estructura de los edificios judiciales. Por estar ancladas en los edificios judiciales y en las ciudades cabeceras, el universo de las personas que vienen a las Oficinas de Atención a las Personas está más vinculado a una cuestión judicial, ya tiene más identificado un conflicto.
VL: Tiene más claro que tiene que ir a la Justicia a reclamar o a ir a pedir ayuda.
SM: En general sí. Ya tiene un conflicto definido. Ahí se orienta a qué fuero, a qué lugar. Si tiene que ir a Defensa Pública, si tiene que ir al Colegio de Abogados a buscar un defensor porque sus ingresos le permiten tener una defensa privada. Muchas veces se trata de hacer una averiguación. Y también se hacen esas derivaciones responsables. Se trabaja muy articuladamente con la Defensa Pública tanto en las Casas de Justicia como en las Oficinas de Atención a las Personas, porque en general las personas que utilizan estos dispositivos tienen en su mayoría una cuestión de población vulnerable; de ser las personas que, de otra manera, en general quedarían por fuera del sistema. Es una manera de atrapar a un sector con una vulnerabilidad mayor y que pueda tener acceso a justicia. Son poblaciones que muchas veces ni siquiera saben que lo que les está sucediendo tiene un correlato de un derecho y la posibilidad de ser exigido ese derecho. Todos estos dispositivos lo que hacen es ampliar el acceso a justicia. Llegan a una población que, muchas veces, desde lo jurisdiccional no llegarían.
VL: Me quedo pensando en situaciones mucho más graves como, por ejemplo, los casos de violencia de género. ¿Cómo está trabajando Rio Negro para garantizar el acceso a justicia de las víctimas de violencia de género?
SM: En el tema de violencia de género los dispositivos se amplían. También contamos con una Oficina de Derechos Humanos y Género y se orienta hacia los Juzgados de Paz en los lugares donde no hay Juzgados de Familia. Tenemos Juzgados de Familia en otras localidades además de las ciudades cabeceras como San Antonio, El Bolsón, Villa Regina o Luis Beltrán que abordan la violencia de género desde el inicio, desde la primera denuncia en un lugar especializado con equipos técnicos interdisciplinarios. Esto ha sido una preocupación constante del Poder Judicial. De hecho, desde la puesta en vigencia hace cuatro años del Código Procesal del Fuero de Familia se consolidaron estas normas procesales, estas prácticas.
VL: Hablando con otras jurisdicciones marcaban algunas dificultades específicas. Un de ellas los kilómetros, el clima, la cordillera que vos también señalabas. Algunos incluso a veces se acercan hasta esos lugares en donde no hay ninguno de estos dispositivos de acceso a justicia. Muchas veces queda a voluntad del funcionario si puede ir al lugar y, por ejemplo, tomar una audiencia…
SM: Nuestra provincia tiene desde el año 1957 el dispositivo de los Juzgados de Paz. Río Negro tiene 49 Juzgados de Paz que son el dispositivo de acceso primario a la Justicia por excelencia. Se fueron enriqueciendo con estas modalidades de trabajo. Han ido como mutando, como creciendo, como incorporando toda la filosofía de los MAJs, toda la ideología de los MAJs para aplicar en cada una de esas comunidades mucho más pequeñas, donde el único organismo judicial que existe es el Juzgado de Paz. Nosotros tenemos un desarrollo armónico y articulado. Los Juzgados de Paz nuestros están todos conectados, tienen conectividad inmediata con toda la estructura de la provincia. Hace unos años los Juzgados de Paz nos quedaban realmente aislados. Que desde hace varios años estén todos con conectividad ha sido un salto cualitativo. La distancia, no sólo la territorial, sino también el grado de aislamiento por los lugares donde están, era realmente difícil de sortear. Con el teléfono y el mail no alcanzaba. Hoy se arma un zoom enseguida. Se puede estar disponible para apoyar, para acompañar la gestión que sea del Juzgado de Paz de modo inmediato.
VL: ¿Qué pasa cuando se topan con una persona con alguna discapacidad, sorda o ciega? ¿Está previsto el acceso a justicia para estos colectivos?
SM: Sí. En la provincia de Río Negro tenemos no sólo el correlato de la posibilidad de todos los apoyos necesarios para atender a la población con discapacidad como requirente del servicio de justicia, sino que, de manera paralela, se fue trabajando mucho en garantizar la inclusión dentro del Poder Judicial de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos desde hace dos años una acordada que regula un cupo de ingreso mínimo que tiene que garantizarse en los ingresos al Poder Judicial. Este año ingresaron las primeras personas que participaron de los concursos públicos, abiertos, externos, donde se convocó sólo a las personas con discapacidad para cubrir determinados puestos de trabajo. Eso lo pudimos hacer porque el trabajo que veníamos haciendo para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los procesos ya nos había llevado a tener terapistas ocupacionales, a tener dispositivos dentro de la organización que pudieran hacernos ver de qué manera tiene que estar garantizado el acceso no sólo de las personas con restricciones de movilidad sino tener disponibles desde intérpretes hasta todo lo que se necesita para generar los apoyos necesarios para que esas personas puedan sentirse contenidas y puedan realmente hacer una representación real y eficaz. Vemos que si no tienen estos apoyos están en una desigualdad muy grande respecto de las otras partes. Por otra parte, nuestros edificios son poco accesibles. Hemos hecho bastantes modificaciones edilicias para atender a las discapacidades que tienen que ver con la movilidad. Pero convengamos que los edificios históricos de la estructura judicial todavía tienen que modificarse mucho.
VL: Me quedo pensando también en los pueblos originarios. Hay provincias que tienen facilitadores culturales. Inclusive, la posibilidad de que el propio dispositivo de acceso a justicia hable el lenguaje de ese pueblo originario. ¿Qué está pasando en Río Negro en este sentido, ya que tiene una población importante de pueblos originarios?
SM: Hacemos lo mismo que con todas las poblaciones que nosotros tenemos consideradas como vulnerables. Carta de Derechos Ciudadanos y Reglas de Brasilia forman parte de la ley orgánica. Eso nos impone que, con las poblaciones vulnerables, tengamos que tener los dispositivos y los recaudos necesarios para garantizar su inclusión dentro delos procesos de la manera más igualitaria posible. La población de pueblos originarios entra dentro de estas poblaciones que consideramos vulnerables y se disparan los dispositivos que se necesiten para garantizar esa participación. Si es un intérprete cultural se busca un intérprete cultural. Hemos trabajado muchas veces con el Consejo de Desarrollo Indígena con que cuenta la provincia que es quien desde el ejecutivo facilita muchas veces estas cuestiones. Desde allí en muchas ocasiones se han aportado desde las profesionales –coincide que fueron siempre mujeres- que allí trabajaban y tenían ascendencia mapuche y, por ende, formación cultural originaria que nos facilitaron durante un tiempo ese acceso a esa información y a esa interculturalidad para poder entender en qué condiciones y en qué términos está participando esta persona mapuche.
VL: Con todo lo que han venido trabajando en Acceso a Justicia en Río Negro, ¿qué pensás que falta?
SM: Es un poco lo que te decía al principio. Nos gustaría incrementar el índice de sustanciación en todos los requerimientos de los MAJs. Esto significa que, aun sabiendo que nunca va a poder ser la totalidad, la mayor parte de los requerimientos puedan ser sustanciados. Aunque es muy alto el índice de acuerdo, todavía hay una porción de conflictos que se nos sigue escapando. Desde el año 2017 toda el área MAJ está incorporada dentro de lo que se llama planificación estratégica. Entonces, tenemos ese crecimiento bastante planificado. Esto nos permite ir viendo y evaluando en cada lugar qué es lo que estamos necesitando. La conciliación laboral obligatoria lo empezó a hacer hace dos años. Empezar a sumar la obligatoriedad de estas instancias de autocomposición de los conflictos es realmente un gran desafío. Sigue siendo un desafío la aceptación más generalizada en la sociedad, también con los colegas, abogadas y abogados sigue siendo una tarea de día a día. Por más que ya es un sistema consolidado, que tiene aceptación en los Colegios de Abogados. Incluso hay Colegios de Abogados que han incorporado dentro suyo incluso a las mediadoras y los mediadores como parte. Sin ser un Colegio de Mediadores sí los han incorporado. En otro momento eso se veía como algo muy lejano.
El sistema nuestro se ha sostenido mucho por el tema de la gratuidad. Estos dispositivos son costosos para el Poder Judicial, para la Provincia. No puedo dejar de decirlo: en aras de reducir la intervención del Estado en cuestiones que puede haber personas que entienden que el Estado no debe intervenir, creo que sigue siendo un gran desafío sostener la gratuidad de este sistema porque es lo que lo ha hecho disponible para todas las personas.
VL: También es Acceso a Justicia la posibilidad de litigar en forma gratuita, porque si no puedo pagar un abogado, no puedo pagar a alguien que represente, no puedo acceder a la Justicia…
SM: Lo que uno se da cuenta es que la Defensa Pública en la mayoría de las provincias del país está siendo desbordada. Si uno no genera dispositivos de justicia primaria sostenibles, realmente es un sistema que no puede sostenerse en el tiempo. Sostener los métodos autocompositivos, sostener todos estos dispositivos de justicia primaria es la única manera de sostener el acceso a Justicia, de garantizarlo a la mayor cantidad de población. Porque la Defensa Pública se queda corta. Porque las áreas jurisdiccionales como los Juzgados de Familia empiezan a colapsar. Funcionan los sistemas jurisdiccionales tradicionales porque están acompañados de toda esta política institucional, judicial sostenida por el STJ, incorporada en la Ley Orgánica como parte del Poder Judicial. El desafío es sentir, considerar e incorporar a todas las áreas MAJs como parte del Poder Judicial.
VL: Me quedo pensando en la celeridad que imprimen en la resolución de conflicto estos dispositivos como la mediación, la conciliación…
SM: Si uno quisiera pensarlo en términos económicos, el costo para el sistema es muy menor. Las ecuaciones deben ser analizadas desde muchos puntos de vista. Uno no puede quedarse sólo con que el Poder Judicial de Río Negro se hace cargo de los honorarios de los mediadores para que para las personas sea gratis. ¿Cuánto es esto? Bueno, nosotros no podemos. Hay toda otra ecuación que tiene que ver con que hay un conflicto que no llega, con un conflicto que se resuelve, con una pacificación de esa comunidad que ahorra muchos costos. Ese costo que es difícil sacar. Uno tiene que tener la evaluación de lo que una causa judicial cuesta y el tiempo que insume. Incluso, ahí estás haciendo un análisis muy parcializado de todo el costo que se ahorró esa persona, de todo el costo que se ahorró la estructura y todo otro montón de actores que es difícil sacar, porque sería por la negativa. Pero esa resolución de un conflicto en ese tiempo acotado y realizada por las mismas partes, porque es una autocomposición por las mismas partes ahorra muchos recursos. No hay algo más económico y más despojado de tanta intervención. Nada más simple.
VL: Me quedo pensando también en la importancia de los abogados y abogadas porque en esto de acordar de acceder a la mediación, el asesoramiento al cliente para que no se fuerce una situación para llegar a juicio es donde se ve la importancia del rol profesional.
SM: Fue un camino de pasito a pasito desde 1999 hasta ahora, que tiene que ver con el lugar que el Poder Judicial le da. Dice esto está acá, esto se va a quedar, esta instancia está para ser recorrida seriamente. No un como sí. Y cuando empieza a dar resultados a los abogados también le empieza a resultar interesante. Empiezan a confiar en el sistema. Les empieza a resultar un sistema ágil, confiable y seguro. Un sistema que también les garantiza sus honorarios y poder vivir de su profesión.
