Las organizaciones Fundación Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de abogadas feministas CDD Argentina, Abosex, Abofem Argentina y Cladem Argentina, presentaron el pasado 11 de agosto el “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal”.
Este monitoreo se enmarcó en una investigación desarrollada por las organizaciones sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 27.499 de capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género dentro de la órbita de los Poderes Judiciales provinciales y de la CABA, entendiendo que la impartición de justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades.
El trabajo tuvo como objetivo no sólo que los Poderes Judiciales locales informen sobre el grado de cumplimiento de la ley, sino también instar a la rendición de cuentas y transparencia como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana, que acerca a un sistema de justicia de puertas abiertas a la sociedad.
Entre las conclusiones se destaca que: «En algunas provincias se observa una demora significativa entre la adhesión a la ley Micaela a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales. Tal es el caso de La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses). El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades».
«Sobre la cantidad de cohortes o ediciones de capacitación brindadas hasta diciembre del 2021, sólo el 25% de las jurisdicciones del país ha completado al menos una cohorte: Santiago del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa (8), Catamarca (7) y San Luis (1). La provincia de Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires dividen su formación en tres y cuatro módulos, respectivamente. Si bien informan haber comenzado con los primeros cursos, ninguna ha completado la capacitación completa. Por lo tanto, registran cero (0) cohortes capacitadas.
«Sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%)».
«No todas las provincias informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros. Sólo lo informan Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos, Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que ha capacitado al 71% de magistratura y funcionariado hasta categoría equivalente a judicatura de 1° instancia».
