Teresa Ovejero Cornejo es la primera mujer que llega a la presidencia de la Corte de Justicia de Salta. Este 8M suma sus vivencias personales junto a un análisis crítico de los avances y las cuentas pendientes en materia de igualdad, prevención y protección de derechos de las mujeres, las violencias, discriminaciones, los estereotipos y el acceso a justicia con nuevas herramientas, juzgados especializados, nuevas capacitaciones.
El 10 de diciembre de 2021 asumí la Presidencia de la Corte de Justicia de Salta. Ser la primera mujer que alcanzó este lugar significa un alto honor para mí y, al mismo tiempo, un enorme compromiso.
Integro el Poder Judicial desde 1993 y me reconozco entre las numerosas mujeres que desde hace tiempo ponen todo su empeño en el trabajo cotidiano y contribuyen desde su lugar a brindar un mejor servicio de justicia.
En efecto, desde las diversas funciones que tuve a cargo y actividades en las que participé, he comprobado que la presencia de mujeres en el Poder Judicial ejerciendo la magistratura y los restantes servicios que coadyuvan a la administración de justicia, tiene una incidencia altamente positiva en la calidad de las decisiones, pues aporta una visión creativa y humanizadora de las cuestiones a tratar o resolver y enriquece las propuestas y soluciones que se ofrecen a los justiciables.
La Corte que hoy presido está integrada por 4 mujeres y 5 hombres y, por su parte, puedo señalar que de los 135 magistrados que integran este Poder, 65 son mujeres y 70 hombres; de 547 funcionarios 375 son mujeres y 172 hombres; de 311 profesionales 183 son mujeres y 128 hombres.
Así, es un dato sin duda positivo que las mujeres, en los últimos años, hayamos alcanzado importantes niveles de igualdad con los hombres en este ámbito laboral.
A su vez, en el marco de la conmemoración del día de la mujer, considero oportuno poner el foco en el trascendental rol que el Poder Judicial tiene en materia de prevención y protección de los derechos de las mujeres pues, como sabemos, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más frecuente en el mundo, y las agresiones graves contra mujeres y niñas son recurrentes. Debemos comprometernos a trabajar de manera coordinada y eficaz para garantizarles su derecho a una vida libre de violencia y discriminación; y para atender, proteger y restituir los derechos de quienes han atravesado situaciones de violencia y se acercan, como última instancia, a los estrados judiciales.
Ello porque, a pesar de que ha habido importantes avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres, siguen existiendo estereotipos de dominación, desigualdad y discriminación que nos interpelan a mayores esfuerzos tendientes a enriquecer y mejorar las prácticas de justicia, que no sólo tienen impacto directo sobre la vida, la integridad y el bienestar de las víctimas de violencia, sino que también contribuyen a lograr un sistema de justicia más equitativo e inclusivo. El mandato constitucional de “afianzar la justicia” para ellas, en este contexto, ha devenido una deuda social impostergable.
Como se ha señalado reiteradamente, el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental –y así lo reconocen los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestras constituciones nacional y provincial- y ello implica que toda persona, sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir ante un sistema judicial independiente y eficaz para exigir la reparación de sus derechos vulnerados.
En esa línea, estoy convencida de que la mirada de género debe ser parte de la modernización del Poder Judicial, para adecuarlo a las necesidades y a las exigencias de nuestros tiempos. Como eje estratégico de mi gestión, he señalado el fortalecimiento de la perspectiva de género como una política transversal en todas las áreas y niveles del ámbito judicial, y el trabajo constante con los operadores jurídicos en un enfoque de equidad.
Una herramienta clave en este camino es la capacitación continua de todos los integrantes del Poder Judicial en perspectiva de género y abordaje de la violencia. Hay numerosas acciones que se vienen encarando desde la Oficina de la mujer de Salta y la Escuela de la Magistratura. El perfeccionamiento permanente de magistrados, funcionarios, profesionales y agentes judiciales en estas temáticas persigue garantizar la calidad y la eficiencia de las respuestas judiciales y dotarlos de recursos analíticos, prácticos y metodológicos, que les posibiliten detectar situaciones donde aparecen estereotipos o sesgos discriminatorios, vinculados a los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, y que deben ser tenidos en cuenta tanto en las decisiones judiciales como en la prestación del servicio de justicia en general.
Salta además cuenta con juzgados especializados en violencia familiar y de género, con una oficina de violencia familiar y de género en la que se desempeñan equipos interdisciplinarios y, a su vez, con fiscalías penales y defensorías con especialización en género. El enfoque multidisciplinario y la especialización son fundamentales para abordar esta problemática compleja y grave, que todavía implica un enorme desafío y que reclama un esfuerzo de reflexión profunda y propuestas comprometidas y coordinadas.
Sabemos que la violencia se manifiesta en diversas expresiones y acciones que muchas veces son sutiles, continuas y que afectan diferentes aspectos de la libertad e integridad de las mujeres. Conocemos el especial estado de vulnerabilidad de quienes sufren violencia, el trato revictimizante al que han sido expuestas muchas veces en su búsqueda de respuestas y los incontables obstáculos institucionales, personales y culturales que todavía enfrentan.
Conocer la realidad es un paso muy importante para modificar lo que advertimos que no está bien y, desde ahí, trabajar para que las decisiones judiciales prioricen la protección de las víctimas, incluyendo la adopción de medidas de prevención que sean oportunas y acordes a la situación en cada caso. Queremos un sistema que les ofrezca información comprensible, completa y pertinente sobre sus derechos, que sepa orientar sobre las acciones posibles y sus efectos, acompañe en la formulación de las denuncias y el seguimiento del proceso y les dé adecuada contención.
Que exista una sociedad sin violencia es responsabilidad de todos: de las familias, de las escuelas, de las sociedades intermedias y, claro está, de los tres poderes que conforman el Estado. Desde el espacio que hoy me toca liderar ratifico mi compromiso en trabajar, con mi mayor esfuerzo, para generar y fortalecer mecanismos de abordaje integral, que procuren respuestas precisas, rápidas y enriquecidas con los aportes interdisciplinarios
