Dialogamos con Hugo Yasky, Diputado Nacional y Secretario General de la CTA de las y los Trabajadores
Sabemos que sos muy crítico de la Reforma Laboral contenida en la Ley Bases, ¿Cuál de todas las modificaciones es la que más te preocupa con respecto a los derechos de trabajadoras y trabajadores?
En principio mi preocupación es sobre toda la reforma laboral contenida en la Ley Bases. Considero que no hay un solo artículo que mejore el nivel de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Lo paradójico es que al capítulo laboral lo denominaron “modernización laboral” y su contenido encarna exactamente lo contrario: una regresividad absoluta, al eliminar infinidad de derechos laborales garantizados en el artículo 14 bis de la Constitución, los convenios de la OIT y los tratados internacionales de derechos humanos.
La intención de la reforma ultraliberal no es otra que eliminar el principio de protección de los trabajadores y trabajadoras y devolvernos a la época pre-peronista, en la que no existía el derecho a una justa indemnización y la única opción del obrero era agachar la cabeza frente a las condiciones de trabajo que le imponía el empleador.
Entre las modificaciones más nocivas aparece la absoluta desprotección del trabajador frente al empleo no registrado y la creación de la figura del “colaborador”, un guiño al empleador que le permite contratar hasta tres (3) trabajadores sin registrar.
Y es alarmante la validez que se le da al despido discriminatorio, poniéndole “un precio” a la discriminación en lugar de obligar al empleador a que reincorpore a la víctima.
No me resulta un tema menor que en el contexto político de saqueo, la reforma intente impedir que los trabajadores se organicen y participen de ciertas medidas sindicales, al colocar algunas como causa de despido.
Es una reforma patronal con revanchismo de clase, íntegramente escrita por y para los empresarios y en contra de los trabajadores, que considera que los derechos laborales son privilegios, y por lo tanto, hay que degradarlos hasta su mínima expresión.
El gobierno asegura que con esta reforma se combatirá el trabajo no registrado en el país ya que elimina las multas para empleadores que formalicen a trabajadores informales. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración?
Estoy en desacuerdo. Lo que busca el gobierno al eliminar las sanciones que castigaban al trabajo no registrado es premiar al empleador incumplidor y darle vía libre para evadir y negrear.
Se pretende una suerte de “autocumplimiento” patronal, cuando la propia realidad y la historia demuestran que sino hay un costo económico el empleador nunca cumple con las leyes laborales.
La pregunta que hoy me surge es quien va a registrar una relación, si para la ley es lo mismo que el trabajador esté registrado o que no lo esté. Por eso, contrariamente a lo piensa el gobierno, creo que existen serias posibilidades de que el empleo informal se dispare y alcance en los próximos años niveles inéditos.
En realidad, la eliminación de sanciones es otro guiño al sector empleador, que culpabiliza a los trabajadores que hacen un juicio laboral en lugar de hacerse cargo de la industria del incumplimiento patronal que existe en la Argentina.
Incluso, podríamos discutir si las sanciones que se eliminaron fueron útiles para combatir el empleo informal. Lo que no puede ser una solución es dejar desamparados a los trabajadores y no castigar a los empleadores que deciden no registrarlos durante años, privándolos de obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo y vacaciones pagas.
Por otro lado, ¿consideras que la nueva categoría de colaboradores podría ocasionar despido de trabajadores que sean luego contratados como monotributistas colaboradores?
Considero que, en el contexto actual de destrucción del empleo y cierre masivo de empresas, ninguna pyme va a contratar trabajadores, sea o no utilizando esta categoría.
Es un mecanismo de fraude a la legislación laboral porque pretende eludir el contrato de trabajo. Responde al nuevo paradigma de trabajadores “deslaborizados” que incentiva la reforma.
Sueñan con regresar a la vieja locación de servicios del código civil, donde se esconde al trabajador como lo que es y se lo quiere hacer aparecer como “independiente” para que no tenga ningún derecho ni marco de protección.
Es una figura peligrosa que sin embargo los jueces laborales no van a convalidar, porque además en la práctica implica grandes riesgos para el empleador que la utilice, en función de los reclamos laborales que se le puedan originar en consecuencia.
La falsa ilusión del gobierno es que con este tipo de figuras se creará empleo. Hay un informe de la OIT del 2015, hecho en 63 países sobre reformas laborales regresivas, que demuestra que en ningún país sirvieron para disminuir el desempleo y precarizaron más los puestos ya existentes.
Con estas mismas leyes que se eliminaron se alcanzó la tasa más baja de desempleo de los últimos años, lo que revela que el interés de esta reforma no es crear empleo sino avasallar derechos laborales.
¿Te preocupa el fondo de cese que se utilizaría para reemplazar las indemnizaciones? ¿Crees que los sindicatos lo aceptarán en las convenciones colectivas?
Lo primero que hay que aclarar que el fondo de cese no puede disminuir el monto de las indemnizaciones. Confío que ningún sindicato convalidará ninguna reforma a la baja.
Especialmente, teniendo en cuenta el olor a negocio que se huele en la reglamentación, donde se permitió que al fondo lo manejen financieras. Es un reciclado de las AFJP, un nuevo intento de estafa, porque no establece ninguna garantía para el trabajador en caso que se le licúe el monto por cualquier causa económica. Incluso, se pretende que el propio trabajador aporte para el fondo en algunos supuestos.
Por eso, la idea de que el trabajador se pague su propio despido confío que no será habilitada por ningún gremio.
¿Algún sector se ve más afectado que otro con las modificaciones?
A mi criterio todos los trabajadores y trabajadoras se verán afectados por igual con las modificaciones, cuyo único objetivo es quebrar la columna vertebral de protección estructurada en las leyes laborales.
Como mencione anteriormente, no hay un solo punto que proteja a la persona que trabaja, pese a que el artículo 14 bis de la constitución la protege por esencia, porque es quien, por la necesidad de procurarse de un salario para sobrevivir lo pierde todo: su tiempo, su libertad, su cuerpo, su fuerza de trabajo, arriesga su salud y su vida.
El capítulo laboral de la ley bases es un catálogo de desprotección, de ideas muy arcaicas y que ya no funcionaron.
¿Qué sucede con el empleo público?
En materia de empleo público, la ley bases es la herramienta del Gobierno para concretar su plan estratégico de destrucción del Estado y despidos masivos.
Para cumplir ese fin, buscaron en la reforma debilitar a los sindicatos del Estado, afectar el derecho a huelga y eliminar la participación de los gremios estatales en los concursos.
Resulta inconstitucional y regresiva, porque pone en tela de juicio el derecho a la estabilidad. Deja al empleado estatal de planta permanente en una situación de disponibilidad, para que el Estado lo pueda despedir con mayor facilidad.
Bajo esa óptica, ahora se está sometiendo a miles de empleados estatales a exámenes que en nada se relacionan con sus tareas, poniendo en peligro su fuente laboral.
El daño que se está haciendo al empleo público no tiene precedentes, desplegando un nivel de crueldad inusitado, dejando sin trabajo a cientos de personas que trabajaron toda su vida en ministerios y organismos públicos, situación por la que los gremios estatales están dando la pelea.
Se cumplen 50 años de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Te parece que habría que modificarla o modernizarla? ¿En qué aspectos?
Hay que modernizarla, pero con el principio protectorio en la mano. Es indispensable extender la protección a las nuevas formas de organización del trabajo y consagrar derechos laborales que no fueron previstos cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo. Una modificación en ese sentido fue la ley de teletrabajo, por mencionar un ejemplo. Existen temas ineludibles que una reforma laboral debe incluir.
El mundo hoy está discutiendo sobre la reducción de la jornada de trabajo.
¿Reducir la jornada de trabajo, para qué? Para tener menos estrés, menos enfermedades y accidentes. Para que haya menos desempleo y para redistribuir la ocupación en las tareas de cuidado y el trabajo en el hogar, que aún sigue pesando mayoritariamente sobre la mujer.
Es que se ha descubierto que reducir las horas de trabajo conlleva también beneficios para el empleador: mayor productividad y disminución de errores o ausentismo.
Argentina es una mala excepción, porque tiene una de las jornadas más extensas de la región. La mayoría de los países ya la redujeron, Chile es el caso más reciente. Ni hablar de los países europeos que avanzaron hace años.
Por eso, vengo insistiendo junto con otros diputados con un proyecto de ley para instaurar la jornada máxima de 40 horas semanales, carga horaria adoptada por la OIT, sin disminución del salario.
La ampliación de las licencias es otro asunto pendiente, tanto para las personas gestantes como las no gestantes, por violencia de género, por controles preventivos de enfermedades oncológicas o cuidado de un familiar con discapacidad, entre otras.
Por supuesto que se debe legislar para proteger a las personas que trabajan mediante el uso de la tecnología, como es el caso de las plataformas digitales y todo lo relacionado con el proceso de inteligencia artificial.
Y bregar por ambientes laborales seguros y saludables, pero garantizando la participación de los trabajadores mediante comités mixtos de prevención.
¿Qué debates crees que están faltando para que la normativa acompañe los avances en materia de derechos para las mujeres y diversidades?
Me parece que falta intensificar la implementación del convenio 190 de la OIT ratificado, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo.
El trabajo es uno de los principales territorios en los que la desigualdad de género se manifiesta, de distintas formas: agresión física, acoso psicológico o sexual, aislamiento, rechazo al momento de contratar, homofobia, lesbofobia, etc.
Por eso, creo imprescindible ampliar los supuestos contemplados en la ley de violencia contra la mujer, impulsar el acceso igualitario al empleo y estar atentos a las nuevas formas de violencia digital.
Los avances se pausaron producto del pensamiento negacionista del gobierno, que se materializó en el cierre del ministerio de mujeres.
No hay que bajar los brazos frente al ataque a las conquistas del movimiento feminista y luchar por un mundo del trabajo sin violencias, con la ley micaela para que los empleadores incluyan protocolos y códigos de ética con perspectiva de género en respuesta a los casos denunciados.
Los sindicatos respiraron aliviados cuando no se tocó sus fuentes de financiamiento o la libertad para la realización de asambleas, el derecho de huelga y las actividades calificadas como estratégicas o esenciales, entre las que se incluía a la Educación. ¿En qué te parece que deberían estar alertas para no claudicar en la defensa de los derechos laborales?
Los sindicatos no respiraron aliviados, no hay tranquilidad y no vamos a permitir que se ataque al derecho de huelga de ninguna manera.
Estamos en alerta permanente contra todo ataque a los derechos de los trabajadores, a cualquier intento de intromisión en la autonomía sindical de las organizaciones gremiales o en vaciarlas para tener una clase trabajadora de rodillas.
Confío que el movimiento obrero organizado no claudicará frente al nivel de ajuste, la destrucción del salario o a la quita de derechos desplegada por el gobierno, esencialmente porque no es sustentable en el tiempo, y dará la pelea en forma articulada con el movimiento estudiantil, los jubilados y los movimientos sociales.
