Por Laura Rodríguez Machado, Diputada Nacional por Córdoba. Presidenta de la Comisión de Legislación Penal – Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei tiene como principal objetivo modernizar una normativa que data de 1980, aprobada durante el gobierno de facto del General Videla. Claramente, esta legislación ha quedado desfasada frente a las realidades actuales.
Una de las propuestas más importantes de esta reforma es la reducción de la edad mínima de imputabilidad a 14 años, aunque el proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional sugiere que sea a los 13 años. El consenso legislativo se inclina por los 14, una edad que se considera adecuada para que los menores puedan enfrentar el nuevo régimen.
Este cambio no se trata solo de reducir la edad de imputabilidad, sino de crear un sistema más justo y eficaz que evite la impunidad de los menores que delinquen y garantice el derecho de las víctimas a obtener justicia. A la vez, se busca generar acciones concretas que permitan recuperar al menor, estableciendo un régimen diferenciado que se enfoque en la resocialización y en la imposición de sanciones penales apropiadas.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo trata de castigar, sino de intervenir de manera temprana en el conflicto del menor con la ley, con el objetivo de resocializarlo y prevenir futuros delitos, muchos de los cuales podrían ser de mayor gravedad. A lo largo de estos meses, en el plenario que integran las comisiones de Presupuesto, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia, he tenido la oportunidad de liderar un debate amplio. Hemos escuchado a más de 26 especialistas y realizado 8 reuniones que nos permitieron intercambiar ideas y generar espacios de reflexión sobre el impacto de esta reforma.
¿Qué establece el nuevo régimen?
Este proyecto ofrece una serie de sanciones alternativas que van más allá de la prisión, como la amonestación, la prohibición de contacto o acercamiento con la víctima, la prohibición de salir del país o del lugar de residencia, la prohibición de conducir, el monitoreo electrónico, la prestación de servicios comunitarios y la reparación integral del daño causado a las víctimas. Estas sanciones solo podrán aplicarse si las penas previstas no superan los 10 años y no incluyen delitos que resulten en la muerte de la víctima o en casos con antecedentes penales firmes, previa evaluación de una junta interdisciplinaria.
Cuando se trata de penas de prisión, se contemplan modalidades más flexibles, como la prisión domiciliaria, el régimen de fin de semana o la internación en institutos abiertos. Todo esto acompañado de programas que faciliten la resocialización del menor, a través de iniciativas educativas, deportivas y de formación ciudadana. Incluso se prevé la posibilidad de ordenar tratamientos médicos, sobre todo en casos de menores con problemas de salud mental o adicciones, y estas medidas pueden ser tomadas en cualquier momento del proceso, incluso como accesorias a otras sanciones.Otro punto importante de la reforma es el rol clave que juega el juez en la decisión del entorno del menor durante su proceso penal. En aquellos casos en los que el entorno familiar sea inapropiado o inexistente, el juez tiene la facultad de ordenar la permanencia del menor en ámbitos familiares alternativos o bajo la custodia de organismos de protección de la niñez, siempre con la supervisión judicial.
Además, el proyecto introduce la figura del “supervisor”, quien acompañará al menor desde el inicio de su tratamiento, trabajando junto a él para elaborar un plan personalizado de educación y resocialización. Este supervisor será el nexo entre el joven y el sistema, asegurando que el proceso de rehabilitación se lleve adelante de manera efectiva y personalizada.
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es garantizar que el abordaje judicial y el tratamiento de los menores en conflicto con la ley sean realizados por profesionales capacitados específicamente para esta tarea. Jueces, fiscales, defensores y todos los operadores del sistema deben estar preparados para tratar estos casos de manera justa y eficaz, con un enfoque adecuado a la realidad de los menores y sus necesidades particulares.
Este nuevo Régimen Penal Juvenil es mucho más que una simple reforma punitiva. Se trata de un enfoque integral que busca equilibrar el derecho de las víctimas a obtener justicia con la necesidad de ofrecer una segunda oportunidad a los menores que delinquen. El régimen no solo sanciona, sino que también resocializa, educa y repara. Al priorizar un tratamiento diferenciado, que incluye sanciones alternativas y programas de rehabilitación, estamos asegurando que estos jóvenes no queden atrapados en el ciclo de la criminalidad.
Este proyecto busca crear una sociedad más segura y equitativa, donde tanto las víctimas como los menores tengan un lugar en el proceso judicial. La justicia no debe ser ciega, debe ser justa y sensible a las complejidades que enfrentan los menores en conflicto con la ley. Solo con un enfoque integral y moderno podremos avanzar hacia un sistema penal juvenil que realmente funcione, brindando seguridad a todos los ciudadanos, pero también esperanza y redención a quienes lo necesiten.
