Por Ezequiel Mercurio. Medico especialista en psiquiatría y medicina legal. Magister en criminología. Autor de diversas publicaciones sobre la Neurociencia del cerebro adolescente y su relación con la justicia. Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires ezequielmercurio@gmail.com
En momentos en que resurge el debate sobre bajar la edad mínima de responsabilidad penal en Argentina, resulta fundamental analizar esta propuesta a la luz de los avances científicos sobre el desarrollo del cerebro adolescente. No se pretende reducir la complejidad de la temática únicamente al funcionamiento del cerebro. El tratamiento y estatus que las sociedades les han brindado a los niños y adolescentes se ha ido modificando a lo largo de diferentes procesos históricos, sociales, culturales y políticos.
La transición entre la adolescencia y la adultez se halla representada a lo largo de la historia en distintas culturas a través de diversos ritos iniciáticos. La edad a partir de la cual un joven puede tomar decisiones y ser responsable por ellas ha ido variando no solo según la cultura, sino también a partir del tipo de decisiones a tomar.
El paradigma de la autonomía progresiva de los adolescentes para la toma de decisiones se consolidó en nuestro país con la sanción del Código Civil y Comercial en 2015. Este marco legal reconoce que niños, niñas y adolescentes adquieren gradualmente las habilidades y competencias cognitivas, psíquicas y emocionales necesarias para diferentes tipos de decisiones a diferentes edades. En la actualidad, los jóvenes de 13 años pueden tomar ciertas decisiones sobre su salud, siempre que estas no impliquen prácticas invasivas y no pongan en riesgo su vida o salud; y pueden tomar decisiones con relación al cuidado de su cuerpo como adulto a partir de los 16 años. También, si lo desean, pueden ejercer su derecho al voto a los 16 años.
Sin embargo, en el actual debate público sobre el régimen penal juvenil, algunos sectores proponen bajar la edad mínima de responsabilidad penal a 13 o 14 años y equiparar el tratamiento penal de adolescentes con el de adultos. Se esgrimen para ello dos argumentos centrales: i) «a comportamiento de adulto, pena de adulto» y ii) «si un adolescente puede tomar decisiones en salud a los 13 años o votar a los 16, también puede ser penalmente responsable como un adulto».
Con respecto al primer argumento, tratar jurídicamente a un niño o adolescente como un adulto implica no solo una regresión en términos de Derechos Humanos, que no podría ser de ninguna forma admitida a la luz de las convenciones especializadas, sino que tampoco encuentra sustento en el campo científico. Los niños y adolescentes no son adultos de tamaño más pequeño.
La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, que también se halla en otras especies de animales no humanos, que transcurre entre la infancia y la adultez. Durante esta etapa, los jóvenes y adolescentes experimentan diversos cambios físicos, psíquicos, cognitivos, hormonales y conductuales. Es un momento donde se comienza a explorar el mundo de forma independiente a los padres, en compañía de los pares, y donde la exposición a conductas y comportamientos de riesgo aumenta de forma exponencial. La adolescencia es una etapa de búsqueda de sensaciones. Todo ello explica por qué los jóvenes sufren más accidentes, lesiones y muertes que en la infancia.
Los jóvenes se comportan y toman decisiones de forma diferente a la de los adultos, y en parte esto puede explicarse sobre la base de la inmadurez del desarrollo de su cerebro. Los adolescentes son más impulsivos que los adultos y toman decisiones de forma diferente: focalizan los beneficios en el corto plazo por sobre las consecuencias negativas a largo plazo. Su comportamiento está más influenciado por la presión de sus pares y son más susceptibles al estrés. Esto puede explicarse porque las áreas del cerebro involucradas en la recompensa están más activas y son más sensibles durante la adolescencia. Sin embargo, otras áreas todavía no se encuentran suficientemente maduras, como lo es la región más anterior del cerebro, el lóbulo frontal. Esta región tiene funciones críticas para el control inhibitorio y la valoración del comportamiento.
El argumento de equiparar la responsabilidad penal con otras capacidades decisorias como tomar decisiones en salud o votar, constituye una falsa analogía. Según la evidencia disponible, el cerebro de los adolescentes es un cerebro que está en construcción, y la madurez no se realiza de forma homogénea, exactamente igual en todas sus áreas, ni tampoco se alcanza a la misma edad. El lóbulo frontal alcanza su desarrollo y madurez más allá de los 20 años, mientras que otras áreas y funciones cognitivas maduran más tempranamente. Cabe destacar que estas modificaciones y cambios se corresponden a una etapa del desarrollo humano y no responden a un cerebro alterado o en mal funcionamiento.
En la neurociencia del cerebro adolescente hoy se distingue entre contextos «fríos» y «calientes». Los primeros operan en situaciones donde hay baja activación emocional, con tiempo para reflexionar y sin presión social. Los segundos actúan en situaciones con alta carga emocional, presión de pares y decisiones rápidas. En estos contextos, las rutas neuronales que se ponen en marcha son diferentes.
Las decisiones en salud o el voto involucran principalmente escenarios cognitivos “fríos”, donde hay tiempo para consultar y reflexionar. Mientras tanto, las conductas antisociales adolescentes suelen ocurrir en contextos «calientes»: impulsivas, no planificadas, bajo presión grupal, con bajo control inhibitorio y enfocadas en beneficios inmediatos por sobre consecuencias futuras.
Esta distinción ha sido fundamental en sistemas de justicia como el de Estados Unidos. La Corte Suprema estadounidense ha incorporado evidencia neurocientífica en casos emblemáticos como Roper, Graham y Miller para fundamentar un tratamiento penal diferenciado para adolescentes. Nuestra propia Corte Suprema reconoció en el fallo Maldonado (2005) que la culpabilidad de los adolescentes es menor debido a su inmadurez emocional, impulsividad y susceptibilidad a la presión social.
El Comité sobre los Derechos del Niño, en su observación general número 24 (2019), tomó en cuenta la inmadurez de la corteza frontal adolescente al recomendar a los Estados elevar la edad mínima de responsabilidad penal a 14 años y conservarla en 15 o 16 años donde ya existe, como es el caso de nuestro país. En este sentido, cuando se utilizan como ejemplo las edades de 12 años o menos que tienen otros países, no se enfatiza que dichos países reciben críticas y recomendaciones para elevar su edad de punibilidad más cerca de los 15 o 16 años.
Mirando hacia el futuro, algunos sistemas judiciales comienzan a considerar las particularidades neurocognitivas de jóvenes entre 18 y 25 años, creando cortes especializadas para este grupo. Esto reconoce que el desarrollo cerebral no finaliza abruptamente a los 18 años, sino que continúa durante la adultez temprana.
Las neurociencias no pueden determinar la madurez de un individuo específico mediante imágenes cerebrales, pero ofrecen evidencia sólida sobre las características grupales del desarrollo adolescente. Esta información debe guiar el diseño de políticas públicas y sistemas judiciales que protejan tanto a la sociedad como los derechos de los adolescentes. La vulnerabilidad de los jóvenes al desarrollo de adicciones, la epidemia de ludopatía entre los adolescentes, los accidentes, las lesiones y el suicidio adolescente, nos obliga como sociedad a desarrollar políticas públicas basadas en evidencia que atiendan esta dolorosa problemática que afecta a tantos jóvenes y sus familias.
En tiempos donde prevalecen los discursos punitivos, recordemos lo recomendado por el Comité sobre los Derechos del Niño: los países con edad mínima de responsabilidad penal entre 15 y 16 años, como Argentina, no deberían reducirla. La ciencia nos ofrece argumentos sólidos para mantener esta posición y fortalecer un sistema especializado que reconozca las particularidades del desarrollo adolescente.
