Informe del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA presentó el pasado viernes 3 de marzo un documento luego de tres días de reuniones con autoridades y representantes del Estado, mujeres víctimas de violencia, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación.
«Este Comité pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política», expresó la presidente del Comité, la peruana Marcela Huaita Alegre, al leer un comunicado con los resultados preliminares de la visita.
«Esta delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política no son hechos aislados, que se trata de una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación», dice el documento.
«Prácticamente la totalidad de las entrevistadas durante las diferentes audiencias coincidió en que los hechos de violencia pretendían tener un carácter disciplinador por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían», sigue.
«Especial preocupación generó también al Comité la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura», agrega.
Según el Comité «los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o ex funcionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local».
«Los actos de agresión en línea dirigidos en contra de mujeres con un perfil público o que son activas en los debates digitales son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública, lo cual debilita al sistema democrático», asegura el documento presentado por el Comité.
«Esta violencia causa daños y sufrimientos graves a las mujeres, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos -sigue-. El Comité llama la atención sobre el hecho de que existe un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política».
«La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia. En este contexto la característica casi común de los casos de violencia contra mujeres en la política es la impunidad», concluye el documento.
La titular del Comité, Marcela Huaita Alegre, estuvo acompañada por la especialista brasileña Leila Linhares Barsted; su par boliviana Lourdes Montero Justiniano; la psicóloga costarricense Sylvia Mesa Peluffo; la secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero; la experta independiente argentina Susana Chiarotti, y la responsable de comunicación, Tatiana Bensa.
Con respecto al intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, Mesa Peluffo sostuvo durante la conferencia de prensa que puede ser denominado como un intento de «magnifeminicidio».
«Cuando las mujeres participamos en la vida política muchas veces estamos expuestas en relación con nuestra imagen, los insultos sexistas y gráficos que hacen mella de nuestra imagen ante la ciudadanía», sostuvo Huaita Alegre y señaló que eso sucedió con el caso de Fernández de Kirchner, ya que, tuvo «vejaciones sobre su imagen que han sido replicadas en medios y redes sociales, donde se naturaliza la violencia».
El Comité dejó recomendaciones a los tres poderes del Estado, como la implementación de medidas urgentes, como protocolos para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, la resolución de los casos, estadísticas, diagnósticos, investigaciones. Que se desarrollen campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, como un factor de debilitamiento de la democracia.
También a los medios de comunicación: «Prohibir toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género».
