De la mano de Mario Adaro nos sumergimos en una reflexión sobre los nuevos desafíos para la administración de justicia “en clave de datos, información y algoritmos”, las nuevas demandas, la identidad digital, la ciudadanía digital y los nuevos derechos, el nuevo perfil del juez.
Mario Adaro, abogado y docente, magíster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca, España, presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Director Académico y docente de la Diplomatura en Derecho Digital y Estado 4.0, de la Universidad Champagnat e Indie Lab, Laboratorio de Innovación para la sociedad aumentada, docente del Programa de Actualización Inteligencia Artificial y Derecho- Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires- IALAB, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
La aldea global es testigo de la irrupción de nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, como internet de las cosas (o IoT, por el término en inglés Internet of Things), robótica, la inteligencia artificial (IA), big data, blockchain, desarrollo de la impresión 3D, de la nanotecnología, de la biología, la bioética y la bioquímica, el reconocimiento facial y los perfilamientos, cuyos efectos impactan en la vida diaria. Estas tecnologías exponenciales nos enfrentan a una crisis, vivimos en el cambio constante a una velocidad sin precedentes.
Sumado a que la situación de pandemia por COVID-19 ha acelerado y profundizado la incorporación de tecnologías en todos los ámbitos de la persona humana y de las organizaciones tanto públicas como privadas, incluido los poderes judiciales, realidad que no es solo local sino global.
Frente a cambios de tamaña envergadura resulta palmario el planteo de nuevos desafíos: lograr una administración digital y repensar los procesos de la administración -y en nuestro caso de la administración de justicia- en clave de datos, información y algoritmos.
Brevemente referenciar, que hemos pasado en estas últimas décadas de la Justicia 1.0 (reemplazo de la máquina de escribir por las computadoras) a la Justicia 4.0 (uso de la inteligencia artificial, el algoritmo, blockchain y la big data), si bien actualmente muchos de los poderes judiciales del país se encuentran en el estadio de la justicia 3.0. Es decir, la migración del expediente papel al electrónico/digital, bajo licencias y programas de código propietario, donde las empresas aportan gestores documentales o expedientes centralizados, con mainframe sobre data center.
Sin embargo, hoy irrumpen las tecnologías emergentes que modifican nuestra cotidianidad, lo que incluye a la labor en los tribunales. Pero el núcleo o eje tecnológico debe ser integrado por las personas, responsables del uso y aplicación de la tecnología; y los procesos, que son la aplicación de las tareas y actividades. Es decir, tecnología, personas y procesos son interdependientes de entre sí, cuyo activo es la generación del conocimiento.
La tríada personas, tecnologías y procesos de gestión son el corazón de la innovación. Varios autores indican que son el ADN de la transformación digital. La innovación y los procesos disruptivos son la clave del cambio organizacional y cultural. “La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”, (Steve Jobs).
Ivan Bofarull expresa que “la disrupción es una forma de innovación, ya que es un proceso que crea un valor nuevo. Además, es un tipo de innovación que hace que lo anterior se vuelva obsoleto, ya sea un producto, un servicio o un hábito. La disrupción provoca un reemplazo. Por eso, en el entorno actual de la covid-19 es crucial la disrupción: al cambiar muchos ámbitos de manera forzada, hay una ventana que nos invita a ese reemplazo”.
La justicia tiene nuevos desafíos organizacionales y en sus competencias, y este escenario es de vinculación con el ecosistema digital, con la dimensión digital. En este terreno surgen nuevas demandas que debemos resolver.
Entre el mundo físico-analógico y el mundo digital hay toda una construcción de normas constitucionales y de derechos fundamentales que empieza a darle forma a la identidad digital, la ciudadanía digital y los nuevos derechos, lo que nos obliga a tener una formación permanente.
En el caso específico de la administración de justicia, nos vemos interpelados a abandonar la administración analógica, transitar rápidamente la administración electrónica para finalmente lograr una verdadera administración digital, pensada en gestión de datos. La capacidad digital se mide en el uso de la Big Data. La generación, la gestión, la sistematización e interpretación del dato es la llave de la innovación y de las ventajas competitivas.
Es posible transitar un nuevo camino que nos permita repensar los derechos humanos en clave digital, un verdadero derecho procesal ya no informático ni electrónico, sino digital: un debido proceso digital e incluso el derecho al control humano como garantía del debido proceso. Los principios clásicos procesales de inmediatez, publicidad, celeridad, concentración y economía procesal alcanzan su esplendor bajo la luz y manto de la tecnología.
Pensar en clave tecnológica es buscar las herramientas que disponemos para mejorar procesos y hacer más eficientes las tareas humanas.
Y fundamentalmente debemos empezar a pensar como ecosistema digital ya que hay desarrollos que pueden ser realizados por los poderes judiciales, hay otros que necesariamente deben ser diseñados por las empresas, y está también la tarea de las universidades y los centros o laboratorios de investigación e innovación.
En mi opinión, hay que pensar y planificar hacia dónde vamos en materia de tecnología aplicada a la administración del servicio de justicia. Desde este contexto, podemos decir que vamos desde la innovación impuesta a la transformación consensuada.
En ese camino, los desafíos y esfuerzos en materia de innovación, creatividad, disrupción para la administración de justicia se encuentran en alcanzar la gestión del expediente judicial digital; profundizar el teletrabajo, más allá de la imposición que la pandemia nos ha interpelado; potenciar el desarrollo de microservicios en nube, lo que prontamente podrá ser realizado en la Nube Federal de Justicia que se encuentra en desarrollo, en el marco del Instituto de Tecnología, Innovación y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS). Incorporar la herramienta de design thinking o pensamiento de diseño, que es aquella “metodología utilizada por los diseñadores para resolver problemas complejos que, en vez de centrarse en éstos, se orientan a la acción, propiciando el avance hacia la creación del escenario de futuro preferido”. De allí surge el movimiento legal desing thinking, en Standford. Este implica la aplicación sistemática de la metodología design thinking al ámbito jurídico. Las características centrales son: el eje está en el usuario, y en la posibilidad de realizar prototipos acordes a cada usuario (experiencia usuario), lo que permite lograr un sistema legal inclusivo.
Otros de los desafíos se encuentran en lograr los desarrollos tecnológicos en código abierto, aplicar y actualizar los protocolos de actuación en materia de audiencias remotas, por ejemplo. Incorporar lagos de datos (data lake) y su posterior análisis de éstos, cuantificando datos cualitativos, comprendiendo procesos, advirtiendo patrones recurrentes, y realizando predicción, en síntesis, aplicar inteligencia artificial.
Todo ello requiere un nuevo perfil del juez, que debe enfocarse como líder del cambio, que sea motor y destinatario de la capacitación y de las nuevas competencias transversales y habilidades.
El desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías implican nuevos saberes, competencias y habilidades, donde merma o disminuye el trabajo físico y se acentúa el conocimiento aplicado.
En cuanto a las habilidades, el desafío es bucear en el paradigma de los liderazgos situacionales o transformador, potenciando el carisma, el pensamiento crítico, la motivación, el estímulo intelectual, pensamiento innovador o creativo, la inteligencia emocional / social, pensamiento computacional y la consideración hacia el otro. Es decir, impera un enfoque activo, de entusiasmo, de co-creación, de competencias compartidas, de innovación, capaz de concebir una visión y promoverla, de resiliencia. Se suma el aprendizaje en nuevos medios de comunicación, nuevos sistemas de alfabetización digital, la interconectividad global y permanente.
En este marco, aparecen las competencias transversales, entendidas como aquellas competencias genéricas, que se relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Es decir, competencias técnicas: el conocimiento técnico jurídico y procesal; competencias relacionales, que hacen a la flexibilidad en las relaciones interpersonales como la gestión del conflicto, capacidad de escucha y empatía; las competencias funcionales: trabajo en equipo, interdisciplinariedad, cooperación, colaboración, autogestión, planificación, adopción de decisiones permanentes y gestión de la información. Las competencias analíticas que son aquellas habilidades intelectuales de análisis y síntesis para realizar las tareas de manera eficaz y las competencias personales: esto es, un alto sentido ético, ser capaz de aprender y actualizarse permanentemente, ser flexible. Se sintetiza en la confiabilidad, integridad, aprendizaje permanente, comprensión e integración social.
Para alcanzar efectivamente estas competencias se requiere de la capacitación continua y permanente, desde una enseñanza constructivista y por competencia, que debe migrar hacia la construcción del conectivismo. Aquí aparece el efecto Médici, que significa que “cuando operamos habitualmente en un campo, nuestro cerebro produce conexiones entre conceptos que son afines a ese campo en particular, generando ideas que evolucionan en una única dirección. Sin embargo, cuando nos exponemos a la intersección de campos podemos combinar conceptos desde múltiples perspectivas, generando ideas que saltan hacia nuevas y desconocidas direcciones”.
En definitiva, es a partir del pensamiento intersectorial, la acción integrada y creativa, como en el Renacimiento, que se logra una justicia, más cercana a los ciudadanos, al justiciable, a la gente.
Finalmente, la transformación digital se ha erigido en una importante tendencia mundial que plantea desafíos y oportunidades y que, si se acompaña de políticas efectivas, puede ayudar a superar las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe.
El uso de las nuevas tecnologías son herramientas que se deben adoptar y que a su vez son el mecanismo de respuesta más ágil, que permiten proporcionar mejor información y otorgar mayores servicios digitales en forma permanente a toda la población, en tiempo real, y procurando satisfacer una demanda (cada vez más infinita) de necesidades.
Estamos muy cerca de iniciar el 2021, el que se avizora como un nuevo año con diversas ofertas de formación académica y de capacitación en tecnología, innovación y justicia. Esperamos encontrarnos en el 2021 en algún espacio-tiempo digital.
