Aportes y reflexiones de Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El Poder Judicial de la Nación fue, junto a los Poderes Judiciales Provinciales, de las primeras autoridades estatales que se han dedicado a desarrollar políticas de género preocupados por todo lo que hace a la protección de los femicidios que están generándose en el país. Fue ya también en la Declaración de Cancún donde la Junta de Presidentes de Cortes Mundiales firmó una declaración de interés a partir de la cual en el año 2009 se creó la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte Nacional.
A partir de allí, en el trabajo en conjunto con las más altas autoridades de las justicias provinciales fue promoviéndose el desarrollo y la generación de herramientas para la protección de toda esta situación. El personal del poder judicial también fue de los primeros en empezar a capacitarse en políticas de género, se han empezado a establecer herramientas de trabajo y se han hecho estadísticas.
Los números indican desde el año 2014 se han recibido alrededor de 31.000 denuncias que han sido seguidas por jueces y juezas de todo el país. De estas denuncias que se han recibido y tramitado, sólo 2 han concluido en femicidios, lo que implica un gran control de la situación que cayó bajo la órbita del poder judicial.
Sin embargo, esto es insuficiente porque los casos de femicidio siguen existiendo. Esta situación demanda una actividad férrea y conjunta de todos los poderes del estado, tanto el poder judicial como el poder ejecutivo y el legislativo.
Es importante que desde asociacionismo aportemos, como lo venimos haciendo desde hace tantos años. Pero no se soluciona solamente con las buenas actividades que se hace desde el poder judicial, necesitamos del acompañamiento por parte de los demás poderes del estado para contar con los recursos necesarios que hoy son indispensables para poder hacer un adecuado seguimiento de las cuestiones vinculadas a esta temática: pulseras, tobilleras, herramientas que hacen a la recepción de denuncias y seguimiento.
Falta mucho por hacer y depende del trabajo conjunto de todos.
