Raúl Roberto Cardozo Subia, un ciudadano boliviano con discapacidad psicosocial, estuvo un año y cinco meses con prisión preventiva, acusado de tentativa de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta lo absolvió por considerar que actuó sin dolo en julio del 2020. La Defensoría General de la Nación llevó el caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el Estado argentino reconoció la vulneración de derechos.
Fue clave el accionar de la defensora pública oficial Clarisa Galán -junto con el equipo interdisciplinario de la jurisdicción de Salta y el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación (DGN)- quienes probaron que Cardozo Subía no podía conocer que transportaba sustancias ilegales y que ni siquiera comprende el valor de sus actos.
Cardozo Subia es un jornalero analfabeto, nacido en Tarija, Bolivia que se desempeñaba como «bagayero»; es decir, se ganaba la vida cruzando en una «chalana» (bote) el río Bermejo para trasladar bultos a cambio de un pago “a voluntad”. En ese contexto informal y precarizado, el 1 de marzo de 2019, fue «contratado» para cargar un bulto a fin de transportarlo desde Bermejo -Bolivia- hacia la localidad de Aguas Blancas. Un control de Gendarmería lo paró y, entre las distintas cajas y bolsas de mercaderías de bazar, encontró una caja cerrada con 5 kilos de cocaína. Aunque siempre argumentó que no conocía el contenido de la carga y señaló a las personas que se la habían dado, una de las cuales estaba en ese momento con él, Cardozo Subia fue detenido, acusado, indagado, procesado en el Juzgado Federal de Orán y enviado a prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal de General Güemes.
En el juicio oral, la defensora Galán demostró que la discapacidad psicosocial del acusado -retraso mental moderado- le impidió y le impide comprender el valor de sus actos. Esa situación era conocida por los operadores de la administración de justicia, ya que la defensa agregó un certificado que daba cuenta de un retraso mental, y venía indicando los problemas de salud mental desde su primera declaración. Una vez elevada la causa a juicio, a instancias de la defensa, se practicaron una batería de test psicológicos, dos juntas médicas realizadas por los peritos de la DGN y otra por profesionales del Hospital Psiquiátrico Miguel Ragone que corroboraban lo dicho. Además, se practicó un completo informe socioambiental, determinando la extrema vulnerabilidad psicosocial del acusado.
Sin embargo, Cardozo Subia terminó procesado. No sólo eso: sino que durante el proceso se violaron las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad ya que Cardozo nunca recibió ningún tipo de apoyo o ajustes razonables en la cárcel a pesar de su discapacidad.
Tras la sentencia absolutoria, la Defensoría General de la Nación presentó una denuncia internacional ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en la que señaló que «con motivo de ese proceso se violaron en perjuicio del asistido diferentes disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como las Recomendaciones Generales N° 1, N° 2 y N° 6 del Comité que monitorea su cumplimiento».
En ese marco de esta denuncia, la Defensoría General de la Nación y la República Argentina, firmaron un acuerdo de solución amistosa, por el cual el Estado se compromete a reparar a Cardozo Subia y a tomar medidas para evitar la vulneración de derechos de personas con discapacidad que caen en el sistema penal.
La defensora pública oficial María Florencia Hegglin, que firmó el acuerdo en representacion de la Defensoría General de la Nación, explicó que el caso de Cardozo Subia «expuso un contexto de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el sistema penal». Hegglin es además la coordinadora del equipo de trabajo conformado en junio de 2021 en la Defensoría General «para el desarrollo de un proyecto piloto en materia de discapacidad mental, intelectual y psicosocial de personas mayores de 18 años afectadas a procesos penales y privadas de libertad».
El coordinador del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la Defensoria General de la Nación, Mariano Fernández Valle, destacó que este es el primer caso que la Defensoría General de la Nación remite al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las ONU, y está comprendida en «una práctica más general que tiene la Defensoría General de asistir a víctimas ante instancias internacionales de protección de derechos humanos».
Tiene otra particularidad este caso: es el primero en que el Estado firma un acuerdo de solución amistosa en una situación denunciada ante ese Comité. Y otra cuestión relevante, dijo Fernández Valle, es que este acuerdo»implica un reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado», que «reconoce los hechos y las violaciones de derechos que se denunciaron en el marco de ese proceso internacional» y «se compromete a adoptar medidas de reparación personal para la víctima y también de no repetición».
Por eso «es un caso de muchísima trascendencia para la defensa pública argentina porque no es infrecuente que la discapacidad intelectual esté totalmente invisibilizada en los procesos judiciales y también en el sistema penitenciario, razón por la cual todos estos compromisos creemos que no solo son importantes para reparar lo que sucedió en este caso concreto, sino sobre todo para que este tipo de casos no vuelva a ocurrir».
