Dialogamos con Federico Moeykens, Juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Jueces – Fuero Penal del Centro Judicial Capital del Poder Judicial de Tucumán, quien aboga por cambios y modificaciones en la actual ley, pero en un sentido muy lejano al que recorre el debate público. “El futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad de construir un sistema de justicia juvenil que priorice la prevención, la reinserción y la justicia restaurativa”.
Hablame de las fortalezas y debilidades de los sistemas penales juveniles.
Básicamente de donde tenemos que partir es de la modernización del sistema de justicia juvenil, que sin dudas es una tarea urgente. Venimos esperando desde los años 80, que es de donde data la ley actual, dictada durante la dictadura militar y después ratificada en democracia. Este es un dato que tiene un enorme impacto en la actual normativa que nos rige. La reforma de la justicia juvenil es una deuda de la democracia, estamos en 2025, este tema es una tarea urgente y compleja. No obstante, no se ha llevado adelante porque siempre se traba en el mismo lugar: La baja de la edad de punibilidad. Parece que cualquier reforma que se piense para la justicia juvenil, si no viene de la mano de bajar la edad, no resulta válida, ahí se trunca y no podemos seguir avanzando.
Aquí aparecen una serie de tareas que están relacionadas a esta urgencia compleja: por un lado políticas de prevención y esto está relacionado a las debilidades del sistema, porque si pensamos en un régimen judicial juvenil aparece la necesidad de invertir en educación, salud, cultura, deportes, en crear espacios de contención y desarrollo para los adolescentes en situación de vulnerabilidad quienes, en definitiva, son casi siempre o en la mayoría de los casos, los que terminan teniendo un contacto con la ley penal.
Cuando ese adolescente entra en contacto con la justicia el conflicto ya está instalado, como sociedad o como Estado no hemos sido capaces de evitar que se cometa el delito. La justicia puede jugar dos papeles ahí: colaborar en la resolución de ese conflicto de la mejor manera o, por falta de herramientas o lo que fuere, ese conflicto se perpetúe, que esa persona no pueda tener una reinserción social plena. Por eso me planteo cuáles son las debilidades.
La primera debilidad del sistema está relacionada con la inequidad y la discriminación que viene de la mano con la pertenencia de los chicos que tienen contacto con la ley penal a una determinada clase social, tienen la mayoría de sus derechos vulnerados pensando en derechos económicos, sociales y culturales. Lo que tiende a hacer el sistema penal juvenil actual es a criminalizar la pobreza y agrava esta exclusión social en la cual ya se encuentran inmersos. Lo que resulta una sobre representación de jóvenes de sectores vulnerables en el sistema penal juvenil.
Por otro lado, hay un excesivo uso de la privación de la libertad de chicos, y esa es otra debilidad del sistema si lo pensamos dentro del mandato del Comité Internacional de los Derechos del Niño y la Observación General N°24 que es el órgano intérprete de la Convención, que nos indica que debemos tender siempre a medidas restaurativas, socioeducativas. Sin embargo, en la práctica se abusa de la aplicación de medidas de seguridad, aún en casos de no punibles, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y lo tiene sólo esa provincia. Tucumán no incurre en esa práctica, acá no se encierra a un chico de 14 o 15 años por más aberrante que haya sido el hecho.
Otra debilidad sería la falta de recursos y de coordinación de los distintos actores y organismos administrativos y judiciales que intervienen dentro de los procesos. Claramente hay una escasez de recursos financieros que dificultan la implementación efectiva de los programas de reinserción y del seguimiento individualizado de un joven o un adolescente que comete un delito.
No tenemos hoy los resortes institucionales dentro de los sistemas de protección de adolescentes a donde podamos intervenir con un chico no punible porque no existe la voluntad política del Estado argentino de perseguir esta conducta a partir de esta edad. Sí puedo empezar a trabajar con este chico desde el punto de vista proteccional sobre la conducta, que en definitiva no es punible, pero que se le reprocha, y empezar a pensar en prevenir una carrera delictiva futura.
La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué pensar en una condena para que todo eso suceda. En definitiva, observo que el proyecto que está presentado desde el Gobierno primero condena a partir de los 13 años, y después ve si impone libertad vigilada, o si queda encerrado, pero ya está condenado. En cambio, el actual sistema en eso tiene la bondad, entre comillas, de plantear primero medidas socioeducativas, después viene la responsabilidad penal. Yo no estoy de acuerdo en ir a un debate sobre la pena, que es una segunda etapa. Primero es primordial ver si el chico cumplió con determinadas normas de conducta y sanciones socioeducativas, luego incluso podrá eximírsele de pena o imponer una pena, que de por sí ya tiene que ser diferente a la de los adultos por el mismo hecho, porque se trata de un sujeto de derecho en desarrollo. Esta es la lógica del sistema actual en comparación a lo que pretende el proyecto del ejecutivo que básicamente es una condena desde el vamos estigmatizante, más allá de que se cumpla en libertad, con una libertad vigilada, con reglas de conducta, con tareas comunitarias, pero la condena no se la sacás, es un estigma que le queda para toda la vida. Por eso me parece que, en este tema, no se está viendo uno de los pocos beneficios que tiene la norma actual, o sea esta instancia bifásica obligatoria de juicio, que permite incluso pensar en la no aplicación de una pena final.
Con respeto a la debilidad que mencionábamos sobre la falta de coordinación entre los organismos de la justicia y los de protección integral de la niñez. Vemos mucho voluntarismo. Pero a ciencia cierta, es necesaria la implementación de protocolos de actuación entre el poder judicial y el poder ejecutivo, a los fines de articular prácticas que conlleven a la prevención de futuros delitos de estos chicos, que ya han tenido su primer contacto con la justicia penal.
Hay cuestiones más generales que tienen que ver con los desafíos de la reinserción social, y ahí aparece la falta de oportunidades laborales, educacionales, y el mismo estigma social que marcan a estos chicos que están en contacto con la ley penal.
¿Cuáles son las estadísticas en la provincia de Tucumán de delito juvenil?
Aproximadamente el 4.5% de los delitos son cometidos por adolescentes punibles, entre 16 y 17 años, en un 90% esos delitos con contra la propiedad.
¿Se aplica la justicia restaurativa para este tipo de casos?
En Tucumán se puso en funcionamiento un plan piloto de mediación penal juvenil, y en diversos casos se apeló a la justicia restaurativa para poner fin al conflicto que involucraba a un adolescente. El caso más reciente que he tenido se trata de una chica, una adolescente, de 17 años, que había hechos dos amenazas falsas de bomba en su colegio. No sólo fue al encuentro restaurativo dentro del colegio y con todas las autoridades educativas, sino que esta chica visitó el cuartel de bomberos, se le mostraron todos los protocolos que se activaban a partir de una amenaza de bomba. Así pudo tomar conciencia sobre el daño que había causado a la sociedad. No obstante, también se impuso una reparación económica. Fue muy interesante el caso.
Veo gente muy comprometida dentro de los poderes judiciales, con iniciativas muy interesantes, pero trabajando a pulmón, a veces en soledad. Lo veo como una debilidad al no poder institucionar este voluntarismo, pero veo como una fortaleza el trabajo a conciencia que tienen los integrantes de los poderes judiciales. ¿Cómo lo ves vos?
Somos como una secta. Nos tomamos nuestra tarea como una religión y nos comprometemos. Hay un compromiso fuerte por parte de los operadores especializados, no basta con cumplir una tarea diaria sino con comprometerse con la temática. Ahí entonces podríamos decir, por ese compromiso, a diferencia de los que pasa con el sistema de adultos, que los operadores de la justicia penal juvenil priorizamos la educación, el apoyo psicológico y la formación de estos chicos que cometen un delito para su reintegración a la sociedad.
En el actual sistema como fortaleza debemos mencionar esta estructura bifásica de juicio de un adolescente, que es lo que no debería perderse. Se intenta reducir la reincidencia a partir de todas medidas alternativas a la privación de la libertad que veníamos mencionando.
Otra fortaleza del sistema penal juvenil actual es que reconoce la vulneración de derechos sociales y económicos que tienen estos chicos y reconoce la necesidad de una asistencia especializada adaptada a cada edad, que sabemos que son hoy 16 y 17 años, guiado por el principio del interés superior del niño, reconociendo la menor culpabilidad y que desde un punto de vista psico-neuro-biológico estos chicos están en una posición diferente a la de los adultos.
¿Cómo les va en el trabajo transversal con otras disciplinas en Tucumán?
Se ha hecho un trabajo muy importante entre los distintos poderes a través de reuniones regulares que derivó en un protocolo de actuación que se llama “Protocolo Interinsitucional para el Procedimiento Penal Juvenil” para estandarizar prácticas. Y lo interesante de la elaboración es que se logró la coordinación en las actuaciones entre el poder judicial, las autoridades de aplicación, el servicio penitenciario y los demás dispositivos que intervienen, así que el trabajo transversal está garantizado. Sumado al Código Procesal Penal. Nosotros somos una de las pocas provincias que ha cruzado el sistema adversarial con el sistema de justicia juvenil, lo que ha representado un gran desafío porque es adaptar las audiencias de ese sistema acusatorio adversarial pensado para adultos, al sistema penal juvenil y a los estándares que recomienda el Comité de los Derechos del Niño y la Observación General N°24. Nos está yendo bien, pero es muy artesanal. Las únicas experiencias que hay son en Neuquén, Río Negro y Tucumán, donde se garantiza ese esencial diálogo que debe existir entre el sistema acusatorio adversarial pensado para adultos al sistema penal juvenil para respetar el famoso principio de especialidad, porque de lo contrario se corre el riesgo de reducir el sistema penal juvenil al sistema de adultos. Ese es el constante desafío con que nos encontramos.
¿Por qué trabajan con el sistema penitenciario, a donde se recluyen a los adolescentes privados de su libertad?
Dentro del Servicio Penitenciario se cuenta con una unidad especializada para jóvenes adultos, que es la Unidad N°5 donde ahí, una vez que son penados con una pena privativa de la libertad, ya siendo mayores de edad, pueden ser recluidos en esas unidades especiales.
¿Cómo son el Tucumán los lugares de detención para adolescentes?
Tenemos el Instituto Roca, especializado para adolescentes varones, que tiene claramente una impronta carcelaria, donde se procura que el chico tenga algunas actividades, pero en definitiva estamos lejos de pensar que esos institutos cuentan con todos los recursos y herramientas materiales y humanos para poder brindar un óptimo tratamiento socioeducativo. Volvemos siempre a lo mismo: falta de recursos. Y hay que decir que existe una desigualdad muy grande entre lo que gana alguien que trabaja dentro del poder judicial y lo que percibe alguien que trabaja en un organismo administrativo. Eso hace que el sistema sea desigual. Porque no podemos olvidar que cuando hablamos de justicia penal juvenil, hablamos de lo judicial y de lo administrativo.
¿Cómo vivís vos el discurso social que busca que el Estado encierre a un niño que delinque, no le reclama que lo atienda y se vulneran sus derechos elementales a la salud, educación, vivienda, alimentación, esparcimiento y otros?
Es difícil hablar con una sociedad que está constantemente enojada, y es comprensible que lo esté. Es complejo pedirle que reflexione como lo hacemos nosotros que estamos insertos dentro de un sistema y la sociedad lo mira desde afuera. Si pensamos en la serie “Adolescencia” tiene la particularidad de poner el foco en el adolescente infractor, y no en la víctima que aparece en una foto, la conocemos por un nombre, pero no sabemos en definitiva cómo era, quien era, qué le gustaba. Pero sí aparece un chico y eso es lo que nosotros vemos a diario con todos los chicos que entran en contacto con la justicia penal. Y acá aparece el concepto de la corresponsabilidad. Esta responsabilidad que tiene la familia del chico que ha cometido el delito, la responsabilidad que tiene la escuela, la responsabilidad que tiene el club y la responsabilidad que tiene toda una comunidad en la cual está inserto ese chico. De pronto ese chico que hoy pide, mañana pide y pasado tratará de pedir o intentará robar para satisfacer una necesidad. No es abolicionismo lo que pregonamos, pero sí tiene que haber una mirada distinta porque no es normal, habitual ni deseable que un chico esté en contacto con la ley penal.
Acá los medios de comunicación cumplen un rol clave porque en definitiva también debiera comunicarse, no sólo lo que hizo el chico, por ejemplo, sino cuál es la realidad de ese chico, qué pasó antes y que pasa después, para intentar comprender y prevenir futuras conductas, no sólo de ese chico, sino también de otros que puedan estar potencialmente en la misma situación.
La baja de la edad es la punta del icerberg porque debajo del agua, lo que no se ve, es la necesidad urgente de modernizar este sistema de justicia penal juvenil. Esa modernización tiene que ver con el fortalecimiento de políticas de prevención, invertir en educación, salud, deporte, expresiones culturales, entre otras, una reforma del sistema penal juvenil implementando medidas socioeducativas, no imponer más restricciones a la libertad ambulatoria sino pensar en salidas alternativas, colocar mitradas diferenciadas a los bloques etarios en juego, porque no es lo mismo un chico de 13, 14 o 15 años que uno de 16 o 17.
También hay que discriminar la gravedad de los delitos, no es lo mismo un chico que ha cometido un homicidio en el conurbano, que uno que hizo una amenaza en La Quiaca. Sin embargo, en el proyecto del ejecutivo se mete todo en la misma bolsa.
Es necesaria una capacitación de todos los operadores del sistema, hay algunos especializados, pero hay muchos que no lo son, empezando por el personal policial que es el primer contacto que tiene el chico porque la mayoría de los delitos son en flagrancia. También hay que formar al personal penitenciario, y lógicamente a jueces, fiscales y defensores. Tiene que haber una participación de la comunidad involucrando a organizaciones sociales familias y referentes comunitarios porque de esa manera podremos cambiar estas miradas sesgadas de la sociedad.
