Lazos institucionales estratégicos, alianzas y acuerdos, por Ariel Ariza
En 2021 se produjo un hecho excepcional en la historia de la FAM que fue la reunión con un Presidente de la Nación en ejercicio. La audiencia con Alberto Fernández, el pasado 28 de marzo, fue solicitada por la presidente de JUFEJUS, María del Carmen Battaini, quien tuvo un gesto de generosidad y grandeza al invitarme, en representación de FAM, a formar parte de ese encuentro de la que participamos solamente tres personas (el mismo día de la asunción del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos y en medio de una polémica entre los poderes).
Quiero aprovechar este espacio de conversación que es Diálogo Ciudadano para destacar la importancia de la dimensión política de la FAM. Su rol en el aporte para el diseño de políticas públicas referidas al campo judicial. La FAM, como toda organización que persigue fines respecto de los cuales no tiene autonomía necesita establecer alianzas estratégicas, acuerdos, convenios y asociaciones con otras agencias de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil. Solamente así podemos incidir en problematización y el tratamiento de los asuntos que luego se nos presentan como demandas de la sociedad, aunque tengamos una gobernabilidad limitada sobre los mismos que siempre aparecen restringidos por disponibilidades presupuestarias y coyunturas socioeconómicas en un momento dado (condiciones de cumplimiento de las penas, inseguridad ciudadana, adopciones, incumplimientos contractuales, etc.).
Por eso, conscientes de que para alcanzar nuestros fines estatutarios necesitamos trabajar con la sociedad y con las organizaciones que cotidianamente se desenvuelven en ella, en estos últimos cuatro años hemos adaptado nuestro dispositivo comunicacional, ampliado los canales de intercambio con la sociedad e incrementado su presencia en el espacio público y en el debate institucional.
En este último año particularmente esa labor de contacto con la ciudadanía se ha incrementado fuertemente a partir de la definición por parte de los presidentes de Colegios y Asociaciones que componen FAM del propósito institucional de mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos trabajando por sistemas judiciales independientes. De resultas de este trabajo lo que antes era una aparición pública esporádica o causal, ahora conforma el núcleo y la razón de ser de un equipo de comunicación que se integra con los que pertenecen a Colegios y Asociaciones provinciales y de CABA.
En simultáneo pusimos en marcha un trabajo sobre nuestro mapa de actores e instituciones relacionados con el funcionamiento de los sistemas de justicia, que se vio reflejado en la profundización de su presencia en la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM); con la Unión Internacional de Magistrados (UIM); el diálogo permanente y las invitaciones recíprocas a participar de nuestras reuniones con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS); el maduro y fluido intercambio con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; el vínculo con la Federación Argentina de Colegios de Abogados; el diseño de actividades conjuntas con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas con quienes nos hemos vinculados a través de un convenio de trabajo; correspondiendo destacar también el largo vínculo existente con la organización Unidos por la Justicia en materia de capacitaciones. Las instituciones del ámbito universitario vinculadas en esfuerzos conjuntos con FAM a todo lo largo y lo ancho del país también son innumerables.
Sabemos que los proyectos con y hacia otras instituciones otorgan mayores matices y perspectivas a las acciones de la Federación y elevan las posibilidades de influir socialmente. Como muestras fácilmente reconocibles de ello debemos recordar la presencia en los debates de las reformas tanto del sistema previsional como en los de la Comisión Asesora de la Reforma Judicial, ambos en el marco del Congreso de la Nación. Quizá el punto sobresaliente de definiciones que han debido en el ámbito de la conducción de FAM y de las líneas trazadas por la Junta de Gobierno, lo constituyó el documento presentado al Consejo Consultivo creado por decreto 635/2020 por el Presidente de la Nación.
Este documento, disponible en los canales de FAM, engloba y abarca el conjunto de posiciones desde las Asociaciones y Colegios provinciales sobre todas las cuestiones que refieren particularmente al mayor espacio del país en materia de sistemas de justicia. Allí podrá verse un recorrido exhaustivo que explica por qué los grandes problemas de la justicia argentina parten de las asimetrías de recursos y salariales que se exhiben como un mosaico de diferencias en el conjunto de las jurisdicciones provinciales y de CABA.
Reforma Judicial la FAM expone en Senado
En el plano de las actividades académicas, FAM ha venido trabajando en una oferta producida y dictada conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Además, casi todas las asociaciones de las provincias y la CABA tienen convenios con universidades locales, nacionales o regionales para el dictado de capacitaciones y posgrados. Esta propuesta adquiere un valor democratizador del acceso al conocimiento porque se encuentran disponibles para cada integrante que lo desee y esté ubicado en cualquier punto de la geografía argentina.
Durante 2021 se ha decidido reforzar esta propuesta con el diseño de cursos sobre independencia judicial, gestión, comunicación y derecho del consumidor, todos contemplando los impactos que la pandemia ha generado en cada una de las áreas.
No podemos dejar de mencionar por la calidad de sus resultados el proyecto de formación en saberes complementarios a la función judicial que desplegamos a partir de una propuesta de colaboración elaborada conjuntamente con el Grupo San Cristóbal. También a lo largo de 2021, desde el Instituto de Estudios Judiciales, se ha proseguido con una renovada puesta en consideración y estudio de alternativas de formación. Destacan los módulos de capacitación llevados a cabo sobre Justicia Restaurativa como así también la actividad en desarrollo con el Centro Manuel A Sáez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre la reforma de la ley 25587 en materia de donaciones. También se encuentran en marcha y los programas sobre Ética Judicial y Responsabilidad Penal Juvenil.
Quiero poner de resalto que los colegios y asociaciones provinciales y de CABA reaccionaron a los desafíos de la pandemia y del teletrabajo generando políticas con eje en la solidaridad: de apoyo a las comunidades en las que están insertos y de colaboración con el funcionamiento del sistema judicial. Hacia la comunidad, de manera directa: organizaron colectas, cedieron predios para atención de personas vulnerables y para atención de salud en la pandemia, consensuaron descuentos de sus haberes para destinarlos a fondos solidarios, hicieron donaciones de ropas, alimentos, equipamiento sanitario, etc.
Para apoyar el proceso de adaptación del sistema judicial al teletrabajo, brindaron sin dudarlo sus celulares, computadoras y conectividad al servicio del funcionamiento del sistema; compraron equipos para adaptar la tecnología hogareña a las necesidades de la función (cámaras, micrófonos, etc.); adaptaron sus horarios a las necesidades de esta configuración excepcional durante varios meses, con marchas y contramarchas impuestas por las condiciones sanitarias; se realizaron capacitaciones, investigaciones del uso y satisfacción y propuestas de mejora de los sistemas informáticos de los poderes judiciales y los ministerios públicos, etc. En consonancia con las profundas adaptaciones que han tenido que asumir abogadas y abogados en el ejercicio profesional esas transformaciones también alcanzaron fuertemente a integrantes de los poderes judiciales.
En estos años, y de manera inesperadamente clara durante el último año y medios, aprendimos que el camino para que nuestros mensajes sean escuchados y valorados, para incorporar iniciativas para la mejora del sistema de justicia y para fortalecer nuestra imagen pública y reputación institucional, pasa por trabajar junto con otros y otras, con acuerdos y disensos, y estar siempre dispuestos a pedir y a dar ayuda. Esa, también, es una marca del espíritu asociativo.
