Entrevistamos a Vilma Almirón, Jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N°4 de Resistencia, Chaco. Manifestó un descenso de la cantidad de causas que involucran a adolescentes, habló de un aumento del delito contra la integridad sexual y producto del consumo de sustancias sumado a guerra de bandas por el control de los territorios. Narró su forma de trabajo interdisciplinario, artesanal, enfocado a cada persona. Rechazó en forma contundente que la respuesta sea la baja de la edad de punibilidad. “A veces la primera vez que es visibilizado tanto por su comunidad como por el Estado es a través del delito”. “El Poder Judicial no puede trabajar sólo, es un sistema de protección integral y se hace de la mano con el Ejecutivo. Nosotros podemos tener el mejor equipo multidisciplinario, la mejor ley procesal, pero si no tenemos a alguien que sostenga en el terreno estas medidas, fracasan. Y nos está pasando. El Estado se ha achicado con esta nueva gestión, no hay políticas y no hay recursos”.
¿Cómo están trabajando? ¿Qué cantidad de causas manejan de delitos adolescentes y cómo se aborda cada caso?
A partir de este año en el Poder Judicial de Chaco se implementó un modo de llevar la estadística que sinceró aún más. En este momento tengo 64 causas abiertas en distintas etapas, suspensión de juicio a prueba, medidas de competencia penal, lo que antes se denominaba medidas tutelares. Con nuestra ley local tomamos estas medidas previo al juzgamiento cuando involucra a personas menores de edad. Así que eso te da la pauta de la baja cantidad de causas penales que involucran a adolescentes. Yo soy jueza penal de la primera circunscripción de la provincia de Chaco, o sea la más poblada de la provincia, estoy en la ciudad Capital, abarco un radio de 100 km a la redonda de la ciudad de Resistencia y la zona metropolitana.
Cada año va disminuyendo la cantidad de causas penales que ingresan. Es muy llamativo, y sobre todo también la cuestión de los chicos inimputables. Antes teníamos causas graves con adolescentes no punibles de 14, 15 años, que ingresaban al sistema. Ahora, las medidas excepcionales las adopta la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque no es competencia nuestra. Con la Ley Nº 2951-N. Proceso Penal Aplicable a los Adolescentes, los menores de 16 años dejan de estar en la órbita del poder judicial y pasan a depender del Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Niñez. Por eso, de ese grupo no tenemos ningún registro y lo lleva la Subsecretaría. Pero cuando son hechos graves, o sea homicidios o abusos sexuales agravados, sí tenemos registro y son muy escasos.
Desde antes de la pandemia no tengo un hecho grave de esa magnitud con adolescentes no punibles. Sí los sigo teniendo con adolescentes imputables: homicidios, robo con armas y abusos sexuales.
Hay que destacar que los abusos sexuales se incrementaron a partir de la pandemia, antes era algo eventual y hoy son la mayoría de los casos. Esto también nos interpela, tanto al Poder Judicial como al ejecutivo con quien trabajamos a la par. Pensemos que el adolescente ingresa al poder judicial y al ejecutivo con las distintas políticas públicas que tiene que implementar el otro poder del Estado cuando nosotros adoptamos medidas sobre los adolescentes. Tenemos que formarnos para encontrar las respuestas adecuadas, para comprender por qué suceden este tipo de hechos en un adolescente. Porque una cuestión es la exploración esperable y lógica de un adolescente, o de un adolescente con otro de su misma edad, del mismo sexo o del sexo opuesto pero consentido, distinto es cuando se produce un abuso sexual con niños o niñas. Ahora tenemos una causa con un chico de 14 años que, aunque somos incompetentes, la voy a recaratular con protección integral porque este adolescente atenta contra niños y con una perra. Este tipo de casos no nos tienen que espantar ni horrorizar, hay que actuar. Los adolescentes están en una etapa en la que se pueden abordar estas problemáticas complejas, se puede trabajar con una psicopedagoga y una psicóloga, o una psiquiatra porque a veces es necesario un plan de medicación. Hay que saber qué está ocurriendo en la vida de este adolescente. En el ejemplo que traje a colación, el adolescente vive con la abuela, en el mismo terreno la mamá, en el fondo. Luego del abuso, la abuela lo echó de la casa, ahora vive con la mamá con la que nunca tuvo relación. Todas estas cuestiones las tenemos que conocer y comprender para evaluar cada caso. Por eso creo que este tipo de delitos nos interpela y nos obliga a trabajar en conjunto y en forma interdisciplinaria.
En el caso de los homicidios, por lo menos los que estoy viendo en mi jurisdicción, son los menos en ocasión de robos, el homicidio criminis causa, o sea, se comete el homicidio para poder robar. La mayoría son homicidios por ajustes de cuentas entre barrios o entre familiares. Nos pasa que recibimos adolescentes que no tuvieron ningún otro hecho previo, o sea que su primer hecho por el cual entran en contacto con la ley penal es ese homicidio, lo más grave en el código penal. Son banditas vinculadas al consumo de drogas, el hecho irrumpe porque no se quieren adherir a esa banda que está reclutando o por conflictos entre las bandas. Generalmente se producen peleas entre adolescentes y terminan en homicidios. Muchas veces con arma blanca, no necesariamente con arma de fuego, a veces con un cuchillo de cocina, un machete, con lo que se pudo defender. A veces la defensa plantea que eso es legítima defensa, pero no es así, el adolescente sabía que lo estaban hostigando y salió armado. Esto que te cuento fue un caso de un adolescente, acá en una zona rural. El chico que falleció tenía 19 años, no era mucho más grande que él. Otro caso que tuve similar la víctima tenía 21 años, muy joven.
¿Qué herramientas tenés como jueza una vez que el adolescente cometió el delito?
La gran herramienta es la familia o los referentes afectivos. En este trámite que se da con adolescentes previo a su juicio, si no tenés un grupo familiar o referente afectivo que lo sostenga no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque la primera medida, la más grave que podemos adoptar como jueces, es el alojamiento o sea la privación de la libertad, que se realiza en una institución especializada que se llama «Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas» que depende del ejecutivo. Este tiempo de alojamiento debe ser lo mínimo posible, hasta 6 meses, más de eso no puede estar privado de su libertad, y en ese tiempo se trabaja con el adolescente y su familia.
El caso que te comentaba del adolescente que cometió el homicidio con el arma blanca, la familia optó por mudarse del pueblo a una zona rural, porque allí todos se conocen, todos saben quiénes son. Una familia con muy pocos recursos, muy humilde, pero su mamá y su papá accionaron y sabían que la única forma de cuidarlo a él, era sacándolo de ese lugar de conflicto, correrlo del barrio, del pueblo. Entonces se lo pudo inscribir en una escuela de educación técnica rural. Trabaja en el campo, cuida ganado. En este momento yo lo tengo en etapa de juicio. Junto a todo el equipo interdisciplinario trabajamos mucho con la familia de este adolescente, tanto en la escolaridad, el espacio de terapia, la formación de oficios y otras cuestiones, para ayudarlo a salir adelante.
En nuestro juzgado tenemos un gran equipo interdisciplinario trabajando a la par y estas medidas de competencia penal que tomamos fueron monitoreadas por ese equipo. Ese seguimiento puede ser semanal, quincenal, mensual o bimestral. Los informes que desarrollan nos ayudan a ver las evoluciones y si podemos ir aminorando esas medidas de alojamiento que después se pueden convertir en libertad vigilada o las medidas más blandas que son de orientación y protección. En todas estas medidas interviene el equipo interdisciplinario. Por ejemplo, en este caso que te contaba, la escuela técnica para que se inserte el adolescente, la encontró el equipo.
Pensemos que muchas veces los adolescentes tienen la primaria incompleta, estamos hablando de chicos de 16 años que tiene hasta tercer grado como mucho, no saben leer y escribir. Entonces tenemos que volver a esta cuestión organizacional para cualquier adolescente, que siempre tomo de las psicólogas y las trabajadoras sociales: tiene que tener horarios para levantarse, deportes, esparcimientos saludables. Y que los papás tengan la autoridad. Muchas veces me dicen “dígale usted doctora” pero claro, yo no me lo puedo llevar a mi casa para controlar que se esté portando bien, así que trato de empoderar a esa mamá y a ese papá. Muchas veces es una mamá sola, una abuela sola, que también se encuentra desbordada porque tiene otros hijos más chicos, o tiene que salir a buscar el mango para comer. A veces los chicos están indocumentados y no tienen asignación universal, así que esos son los primeros pasos que damos llamando a la Subsecretaría de Niñez. Al tener su identidad puede acceder a distintos dispositivos del estado, si no, no existen. Por eso, a veces la primera vez que es visibilizado tanto por su comunidad como por el Estado es a través del delito. Es tremendo lo que te cuento. Con este trabajo logramos la inserción social, porque no es reinserción, estaban afuera.
El Poder Judicial no puede trabajar sólo, es un sistema de protección integral y se hace de la mano con el Ejecutivo. Nosotros podemos tener el mejor equipo multidisciplinario, la mejor ley procesal, pero si no tenemos a alguien que sostenga en el terreno estas medidas, fracasan. Y nos está pasando. El Estado se ha achicado con esta nueva gestión, no hay políticas y no hay recursos. También nos pasaba antes que había muchos discursos y poco en acción. No hay presupuesto para las salidas vigiladas, nadie que acompañe, o no hay móvil para salidas convivenciales. Cuando los adolescentes están alojados y tomo alguna medida de salida para que vuelva a la casa, se trabaja mucho, ese adolescente que vuelve a la casa con libertad vigilada no es el mismo, y me pasaba que no había móvil para llevarlo 60 km, 70 km, o acá en Resistencia. Me ha pasado que la familia no tenía dinero para ir a buscarlo. La Aldea Tres Horquetas está a 17 km de Resistencia, sí o sí hay que tomarse un colectivo de corta distancia o pagarse un remís. Muchas veces las familias no tienen dinero para ir a buscarlos y devolverlos cuando termina la salida. Entonces se ordenaba en el oficio que la Subsecretaría de Niñez se haga cargo del traslado, luego llegaba el informe el lunes de cómo fue esa salida que ordené, no se pudo cumplir porque no había vales de nafta. Y el chico quedó encerrado. Contingencias así, millones.
Somos artesanos. Porque estamos viendo todo el tiempo como construir esta organización en torno a un adolescente para que pueda estar escolarizado, para que pueda tener una restauración de derechos, para que pueda incorporar que este acto que ha cometido es contrario a la ley. Como dice Germán Martín que es un fiscal penal adolescente de Neuquén: “El rito es el reto”. Entonces todo esto que nosotros hacemos, de hablar en audiencia, de explicarle, que sepa que esto no es una puerta giratoria, sino que hay todo un trabajo y cada causa es particular.
Nosotros tenemos la norma de fondo, las convenciones internacionales y convencionales, y todo el discurso hermoso en nuestras leyes, pero bajarlo al terreno es muy complejo.
Muchas veces las personas cuestionan desde un lugar de desconocimiento por qué nos preocupamos y ocupamos tanto, si cometió un delito tiene que estar preso y listo o el consabido que se escucha mucho “hay que matarlo”, y así un montón de discursos que uno escucha… Y yo les digo… ¿Y si le pasa a tu hijo? ¿No querrías que estas mismas leyes de garantías lo protejan? Nadie está exento. En las clases medias y altas tenemos mucho consumo y entonces entran por la ley de salud mental, no por lo penal. Pero claro, hay más recursos, hay obras sociales, pueden acceder a un tratamiento.
En mi trabajo, cuando termina la causa con la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, los convoco al juzgado, sito a una audiencia por la ley de víctima para que la persona entienda qué se trabajó, qué se hizo y por qué tomé la decisión que tomé. Ese momento que me llevará una hora, que es tiempo que uno le resta a otras tareas del juzgado, pero sirve para informar y dar a conocer que el fuera penal juvenil no es una puerta giratoria, es un trabajo de hormiga con cada causa. Nunca he tenido malas reacciones, que me hayan pegado un portazo o que me hayan manifestado que no sirve, todo lo contrario. La parte damnificada comprende y entiende trabajo que se hizo. Y en muchos casos se logra que puedan pedir perdón. Realmente es un trabajo de internalización del adolescente comprender las consecuencias, por ejemplo, de quitarle la vida a una persona, y lo que sucede con todo el entorno familiar, de amigos, del barrio, de la víctima directa. Y esto sirve a esa familia para también restaurarse y pacificar ese conflicto, porque ese el tratamiento diferencial que tiene con el adulto. El adulto sí está consciente de lo que hace, el adolescente no. Hay que comprender la autonomía progresiva de los adolescentes, de disponer de su cuerpo, de su elección sexual, de poder votar, y claro que pueden matar, pero tenemos que ver cómo logramos ayudarlo y no causarle más daño, encerrarlo y que salga peor. Queremos que la incursión al delito sea debut y despedida porque pasó por un sistema que trabaja para que no reincida.
El empoderar a madres y padres es importante, han perdido autoridad. Una vez le pregunté a una mamá por qué no iba más a la escuela el adolescente, y me respondió que él no quería. Por ende, le tuve que explicar que es su obligación que su hijo concurra a la escuela. Así que a veces es educación y empoderamiento. Si tenes un chico que a los 10, 11 años dejó la escuela, a dónde va, a la calle y allí solamente hay consumo. El más fácil de conseguir, el alcohol, después el faso, y luego el paco, la pasta base. Ves la falta de piezas dentarias, la piel y las uñas destruidas, el bajo peso, que, luego de la visibilización de este adolescente, hay que ocuparse de su salud, incluso la dental, no tiene posibilidades de hacerse un implante, lo que dificulta su presencia para buscar un trabajo, lo estigmatiza, incluso cuando aparecen con esos tatuajes tumberos, que le dan sentido de pertenencia en el grupito del barrio.
¿Notás un aumento del delito a partir del consumo?
Sí, es el gran problema. Y el fácil acceso que tienen a las drogas lo que luego los lleva al delito porque una vez podés tener diez mil pesos para comprar, pero después no hay más. Empiezan los robos de las pequeñas cosas en las propias casas, y si no hay en casa lo busco afuera con otros de mi edad o mayores. Pero igual el mayor es el delito sexual.
¿Tenés a mano herramientas para agresores sexuales, talleres, cursos?
No hay espacios. Cuesta mucho poder abordarlos, al igual que la violencia familiar. Tenemos un solo dispositivo en Resistencia que es para masculinidades saludables. Tenemos una trabajadora social y una psicóloga dentro del equipo multidisciplinario que le dan ellas mismas una especie de talleres, buscando que miren algún video en Instagram o Youtube para problematizarlo en un nuevo encuentro, y hacen talleres de educación sexual esperable y saludable para un adolescente varón de 16, 17 años, en 2025. Ello ayuda mucho porque no tenemos otro lugar. Y pensemos que tenemos una persona en formación, que podemos restaurar.
No hay espacios en el Estado, y en el privado podría haber, pero no hay recursos para contratarlos. Por eso lo que veníamos haciendo resulta muy bien y no hay reincidencia en menores de edad, que es lo que más me interesa.
Siempre planteamos al ejecutivo la necesidad de tener más espacios para masculinidades saludables y para sexualidad saludable.
¿Qué aspectos debería contemplar la Reforma de la Ley Penal Juvenil?
Yo integro el foro adolescente penal juvenil de la JUFEJUS, donde nos nucleamos con jueces, fiscales y defensores de todo el país. En estos años hemos estudiado e incorporado, no solamente cuestiones atinentes a los derechos humanos, sino también al derecho convencional. Digo esto porque cuando se piensa en una reforma de la ley no se puede trabajar cuando hay un hecho trágico, obviamente uno siente la empatía ante tan terrible desgracia, pero no es el momento y menos con los medios de comunicación y las redes sociales actuando que son tremendas en el efecto de desinformar y confundir. Nuestro país y nuestro cuerpo legislativo es absolutamente acogedor de nuevas reformas y nuevas normas, que reconocen y fortalecen nuestro sistema. Nosotros como Argentina tenemos el orgullo que nuestra experta Mary Bellof integre el Comité de los Derechos del Niño, que revisa constantemente la interpretación de la Convención. Nosotros tenemos la Observación General N° 24, que le vuelve a decir a Argentina que no retroceda en derechos, que mantenga la edad de imputabilidad, que trabaje con justicia restaurativa, con medidas alternativas, todo lo que nosotros dentro del fuero especializado nos obliga a actuar y trabajar así. Tenemos herramientas para trabajar con estos adolescentes, y hacemos justicia, obviamente que la última ratio es aplicar la pena privativa de la libertad. Si no se pudo lograr esta internalización del delito como un hecho gravoso, tenemos la facultad de aplicar pena. Obviamente que la ley data de hace 40 años, pero no obstante eso, se puede trabajar porque a la par tenés la Constitución, la Convención, diferentes directrices, opiniones consultivas, el cuerpo del jury internacional de derechos humanos, a los que jueces y juezas podemos echar mano al momento de intervenir y brindar respuestas tanto al adolescente como a la comunidad.
Voy a un ejemplo de un caso grave. Tenemos un homicidio protagonizado por un chico de 17 años, yo no lo puedo condenar, se hace el juicio de acción de responsabilidad. A su mayoría de edad se hace el juicio de cesura de pena, que suena muy grandilocuente, nosotros acá le decimos integración de sentencia. Entonces, de la primera acción de responsabilidad, ahora tenemos que ver si le aplicamos o no una pena. Esa dualidad que tiene nuestra ley, es lo que lo hace diferente al adulto. Es lo positivo de esta ley que no debemos perder.
Para mi la edad es intocable porque no se puede retroceder en derechos.
Y también tenemos que cambiar el chip, porque estos adolescentes nativos digitales no son como éramos nosotros. Una vez a un chico que no sabía leer ni escribir le pregunté como hacía para comunicarse con el celular, y me miró con sorna y me contestó: ¡Mando audios! Tenemos que ver a qué adolescente nos dirigimos y cuáles son sus problemáticas.
Yo sí agregaría en la ley a la justicia restaurativa, que la usamos todo el tiempo en el fuero, pero hay que incorporarla en la ley, el trabajar con la comunidad, pacificar el conflicto, la caracterización del delito como algo dañoso, la visibilidad de ese adolescente como persona, como sujeto de derechos, pero también como sujete de deberes y obligaciones.
La justicia restaurativa es una herramienta que nos ayuda a nosotros en todo el proceso tanto para trabajar con el adolescente como con la víctima o las partes damnificadas. Porque realmente los hacemos parte del proceso. Porque si trabajas con la ley actual, la víctima o la parte damnificada la ve pasar de lejos. En cambio, en justicia restaurativa es parte activa del proceso, va conociendo y va sabiendo el paso a paso. Se pacifica el conflicto. De esto podemos sacar algo positivo. Si la persona no reincide, ya ganamos todos.
Tuvimos un caso en el juzgado que nos conmovió mucho en una conciliación en el proceso. Era un delito contra la propiedad. El chico le había arrebatado el portafolio a una docente de matemáticas. Ella le dijo que en ese portafolio tenía 50 exámenes corregidos, era un trabajo de un trimestre. Y allí, en ese espacio neutral como es una sala de audiencia, él le decía que estaba terminando quinto año, que la materia que más le costaba era matemáticas, y ella se ofreció a enseñarle. Imaginate nosotros, estábamos con el defensor, la fiscal, tratando de contener la emoción. Ella se levantó, le dijo yo no soy dios para perdonar, yo te disculpo, estoy contenta que estés en la escuela, se levantó y le dio un abrazo.
Obviamente que no se da en todos los casos, pero con que se de en uno solo, ya es gratificante.
Con cada caso nos replanteamos prácticas, qué podemos hacer, somos artesanos con el derecho procesal, el derecho de fondo, el derecho convencional, el derecho constitucional y tenemos que hacerlo efectivo en el caso concreto. Cada expediente es una persona y todo un mundo propio.
