Diálogo Ciudadano analizó con Claudia Caputi, flamante presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, la situación actual de las mujeres y hombres con respecto a las violencias y vulneraciones de derechos en el seno de los poderes judiciales y ámbitos públicos, las fases que percibe desde el dictado de leyes, protocolos, incumplimientos y resistencias del sistema patriarcal, avances, el trabajo concreto y el camino que se transita en busca del ideal: es instaurar una cultura de la paz y eso implica ese trato igualitario.
¿Las mujeres en la justicia se pudieron empoderar? ¿Hubo un cambio desde tus inicios a hoy? Yo veo un antes y un después con el nacimiento de la red. Antes había intentos y esfuerzos en ayudarnos entre todas para empoderarnos, pero eran esfuerzos aislados, no estaban articulados, eran espontáneos, faltaba un motor que los organice, los articule, los motorice y eso lo siento en la red. Antes de la creación de la red veníamos haciendo acciones concretas de acompañamiento a juezas que habían vivido situaciones de diferentes violencias por el ejercicio del cargo. Y a su vez generamos un foco de reflexiones sobre los cambios legislativos y para lograr una impartición de justicia que tenga perspectiva de derechos humanos, de género, de infancias, de toda la agenda actual necesaria.
Estamos en una revisión de los conceptos. El orden patriarcal es una creación cultural y como tal puede ser sustituido por un orden más equitativo, paritario que no discrimine, que no ejerza violencia. Nos estamos desplazando a una etapa deseable, de mayor empoderamiento de las mujeres, mientras no haya contra reacciones, la cuestión es que el día que podamos ocupar todas las actividades, sin contratiempos, sin discursos deslegitimantes para quitarnos de ahí, dejando fluir nuestras necesidades, ambiciones, y necesidades legítimas, ese día no se va a hablar del rol de la mujer porque justamente cumpliremos todos los roles, o ya no existirían los roles.
Visualizamos 3 etapas bien marcadas que quiero explicar: la primera es la ley vacía e incumplida. Luego, la importancia enorme de la Ley Micaela que viene a subsanar esa situación. Ahora sí sabemos. Se empiezan a elaborar los protocolos y ahora estamos en la etapa de planteo y cuestionamiento sobre esos mismos protocolos y por qué fallan. Justamente porque la protección del agresor aún tiene fortalezas, está anclada en un orden patriarcal que lo legitima y lo protege, y a su vez revictimiza a la víctima, no le cree, la maltrata. Y bueno, nadie que esté sufriendo esa violencia, va a querer incrementarla. Por eso, hasta que no vea que va a recibir un trato adecuado, no va a denunciar. Ahí entra el trabajo de las asociaciones de encontrar buenas prácticas de apoyo para las personas que atraviesan esa situación y tenemos socias en la red que están atravesando estas violencias.
En la primera etapa que menciono el anecdotario era: La persona que acudía a denunciar era destratada por el sistema que no le creía, que la perjudicaba en su carrera laboral, etc. Aquí quiero explicar este tema de “no creerle a la mujer que denuncia”. Estamos haciendo un trabajo de seguimiento en la red porque no hay relevamientos exactos que nos digan cuanto demora la mujer que sufre la violencia laboral hasta ir a denunciar y por qué otra no lo hizo, qué factor influyó sobre ella en la medida que lo haya intelectualizado y no esté todavía sufriendo las consecuencias psicológicas, psicosomáticas, laborales y económicas de esa violencia laboral. Entonces el único parámetro que tomamos como referencia es el tiempo de la denuncia de la violencia doméstica, que es otro formato, ocurre en otro contexto, pero también hay una relación desigual de poder. Y ese tiempo está medido en la Argentina arrojando 5,6 años y en España el Ministerio de las Mujeres e Igualdad lo mide en 8,2 años. Y esto es un promedio, lo que significa que hay mujeres que han soportado estas violencias 15, 20 años, y otras que a los 2 años su red de apoyo las fortaleció, las empoderaron y pudieron denunciar. Entonces en violencia laboral lo que vemos es una tolerancia e inacción en las autoridades competentes para llevar adelante sumarios o procesos disciplinarios. En el empleo público no hay una sola ley, la normativa está fragmentada.
Quiero sumar para el análisis una tesina que está haciendo una doctora y dirijo yo, que me parece un ejemplo impactante. Es sobre el ejercicio de las atribuciones sancionatorias administrativas cuando incurre en violencia de género. En el trabajo de la tesinanda, las 40 carillas iniciales son un recordatorio nefasto de mujeres judiciales y empleadas públicas que denunciaron porque no se les daba respuesta o no tenían una escucha empática, o se admitía tolerancia, no se llegaba a la sanción. Uno quiere mejorar el sistema, más allá de la sanción. Generar una instancia de sensibilización y diálogo porque el sistema argentino no tolera ya que existan estas conductas, que puede ser delito o no. Está la conducta antijurídica, que no es delito pero que activa la ley, de toda esa casuística, algún porcentaje menor será delito. Y no tenemos que sentir que porque no es delito no se puede hacer nada y me remito a la ley de protección integral que lo prevé. Es lo que hablamos de justicia restaurativa. Esta doctora empieza a volcar en la tesina que en algún momento entre el 2016 y el 2018 esa tolerancia se empieza a quebrar y a generar casos sanciones o destituciones que sorprenden porque años atrás esa persona hubiese seguido cometiendo el acto antijurídico sin nadie que lo detuviera.
Muchas veces el agresor, estoy pensando en una provincia del sur, es una persona con contactos políticos, muy influyentes, tuvo conductas impropias con una jueza de una instancia inferior y cuando la jueza estaba muy angustiada y quería hacer la denuncia ante la autoridad administrativa, no tuvo ningún abogado o abogada que la quisiera patrocinar por miedo a represalias de este agresor. Esto pasó justo antes de la creación de la red. Quiero creer que hoy con la red esto no pasaría. Esa soledad de tener que escribir una presentación administrativa, sin un apoyo, sin una colaboración, eso no sucede más. Esta presentación fue desestimada porque no había otra instancia. Hasta que los protocolos estos que se van dictando empiecen a dar sus frutos, se creen instancia de acompañamiento, una especie de ombudsman u ombudsperson que le de contención y oriente a la persona que está atravesando esto. En uno de mis últimos trabajos de violencia económica no se coloca el termino víctima porque esas personas no se identifican con ese rótulo, y está bien que no lo hagan porque están en un proceso de superación del trauma.
Podrías darnos ejemplos de esta etapa de revisión de protocolos y por qué fallan.
Por ejemplo, hubo una destitución de un fiscal federal, que está en la página de fiscales.org, que tuvo cierta repercusión mediática, y las afectadas solicitaron que se les dé una solución laboral reivindicando las oportunidades que habían perdido mientras duraron los varios años de violencia. El organismo respondió que la norma que lo daba las atribuciones para destituir no tenía potestad para evaluar sus carreras. Esto es importante. ¿Qué se hace con la mujer que vio frustrados ascensos que merecía o que vio perjudicada su productividad porque el sistema estaba permitiendo que sufra esa situación de violencia?
¿Cuál sería el sueño, el ideal al que queremos arribar?
Queremos una sociedad igualitaria donde el detalle de la identidad de la persona sea respetado y no sea usada para discriminarla o tratarla de manera desfavorable. En esto tenemos el apoyo de varones, por qué, porque muchas veces se habla de que las discriminaciones un problema de la mujer, y no es así, es un problema de la sociedad, nuestro sueño es instaurar una cultura de la paz y eso implica ese trato igualitario.
También hay un engaño en el medio porque muchas veces nos dicen, bueno, listo, ya está, ya consiguieron una ley. Qué más quieren. Y esa ley en sí misma no es la solución porque una ley tarda 15 años en que los operadores jurídicos la conozcan y la apliquen. Luego el sistema tiene esta maniobra de tolerancia que explicábamos.
El estado de cosas ideal sería llegar a un punto en donde las situaciones de violencias sean casos aislados, anecdóticos y que, desde los estructural, desde lo sistémicos de los poderes judiciales, el congreso y la legislatura y las administraciones públicas, cuando la persona individual cometa este acto antijurídico inmediatamente el sistema reaccione adecuadamente, lo sanciono y protejo a la víctima o persona que está atravesando la situación. A esa etapa de evolución queremos ayudarla, explicarla, no dejarla librada al azar, supuestamente van a ser menos los casos y queremos implantar un clima de respeto y que haga favorable el trabajo.
Hay que generar un cambio cultural y que nos lleve a esta cultura de la paz.
A propósito de Claudia Caputi y su descripción de la Red de Mujeres para la Justicia
Claudia Caputi asumió la presidencia de la Red de Mujeres para la Justicia el 13 de diciembre del 2021. Es abogada egresada de la UBA. Especialista en Derecho Administrativo Económico (PUCA). Vocal de la Sala II Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ex Secretaria Letrada de la CSJN (1999-2011).
El asociacionismo en clave judicial es un motor de cambio favorables, yo misma estoy inscripta en 16 asociaciones.
¿Por qué no llamamos Red de Mujeres para la Justicia.
Nosotras vemos y entendemos que hay un verdadero cambio de paradigma en el ejercicio de la unción judicial. Antes las y los que se desempeñaban en los sistemas judiciales eran figuras distantes, pétreas, no hacían mucho salvo dar órdenes, casi inalcanzables con poca comunicación con la sociedad, y a nosotras nos parece que hizo crisis eso, y el paradigma que lo va reemplazando es servicial y funcional. Por eso queríamos destacar que somos mujeres que estamos para los demás y no sobre los demás. Por eso la red es definida por muchas socias como un oasis donde uno se desprende de los cargos, sino que somos elementos para llevar a cabo una tarea servicial hacia el otro y para el otro.
Nosotras nos manejamos desde la horizontalidad y la toma de decisiones por consenso, democráticas, incluimos a todas las mujeres de todos los cargos, todas las jerarquías, todas las funciones de los poderes judiciales y de los ministerios públicos (fiscalas, defensoras y asesoras tutelares) y además incluimos a los cuerpos técnicos porque nos parece que estamos los poderes judiciales como un camión hundido en el barro, queremos que arranque, que salga de ese poso a donde está. Para eso el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Tenemos psicólogas expertas, asistentes sociales, sociólogas, que aportan una visión necesaria porque el derecho en cierto punto quedó corto, agotado de herramientas. También incluimos a referentes que trabajan en el ejercicio privado de la profesión.
Para nosotras María Angélica Gastaldi ex presidenta y Dra. María de los Ángeles Baliero de Burundarena ex vice, son un ejemplo de vida y de lucha.
