El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro emitió una resolución donde garantiza que todas las mujeres judiciales tienen el derecho a adherir a las convocatorias del 8M sin sufrir ningún descuento salarial.
No es el primer año que se toma esta determinación para todas las mujeres que trabajan en el Poder Judicial de Rio Negro. La resolución adoptada el pasado 9 de febrero (N°34/22) sostiene que de este modo se logra “garantizar a todas las mujeres que trabajan en el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, el derecho de adherir a las distintas convocatorias que se realizan con motivo del día internacional de la mujer.
Entre las argumentaciones el STJ sostiene que las mujeres “se autoconvocan para analizar, debatir y poner en agenda diversas problemáticas desde la perspectiva de género, toda vez que son quienes padecen violencias y discriminación en virtud de los roles que les son socialmente asignados, cuestión que genera una clara, vulneración en sus derechos sociales, civiles y políticos”.
“Nuestro país ha incorporado a la normativa interna instrumentos jurídicos tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer {Belem Do Pará) (Ley 24.632) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23.179), que reconocen la problemática expuesta precedentemente y que, en virtud de ello, promueven la adopción de medidas específicas de los Estados Partes a los fines de fomentar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias”, explicita la resolución.
Además, el STJ recuerda que la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales expresa el compromiso del Estado de “adoptar medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres”.
Para finalizar se destaca que “el Superior Tribunal de Justicia ha adoptado la perspectiva de género como política pública y transversal, a cuyo fin se delinearon las principales misiones y funciones de la Oficina de Derechos Humanos y Genero del Poder Judicial de Rio Negro (conf. Acordada 21/19 STJ).
