Daniel Carral, Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, nos propuso un recorrido por nuestra historia reciente, mixturando los resabios dictatoriales en la democracia incipiente, las conquistas de leyes y derechos, con el rock nacional argentino, protagonista indiscutido de la resistencia social y política.
Enero de 1984. Una noche concurrida en la ciudad de Mar del Plata. Todavía estaban presentes los recuerdos de los festejos por la asunción del presidente constitucional Raúl Alfonsín, tan solo un mes antes. En la radio sonaba Zas, Miguel Mateos, Spinetta y por supuesto Charly.
Un grupo de chiquilines y jóvenes corría (literalmente) por la peatonal San Martín. Entre los primeros me encontraba yo y huíamos de una patota policial que nos encerraba entre dos calles obturadas por dos colectivos de línea, facilitados para aprehender una mayor cantidad de jóvenes en aquellos operativos que conocíamos como razzias.
Todavía teníamos muy presente la MARCHA DE LA BRONCA, de Pedro y Pablo y que a la vuelta del exilio nos trajo Miguel Cantilo que en este caso reaparecía con Punch. Varios años después, en el 2004 se escuchó una perfeccionada versión de aquella canción con lo mejor del rock de los 2000.
Por entonces, en esa incipiente y frágil democracia era todavía la policía la que indagaba al imputado, actuaciones que llegaban al juzgado de turno casi unívocamente con la confesión del acusado. Esta potestad policial en materia de investigación criminal recién fue, modificada-en mi provincia (Buenos Aires)- en el año 1985. De allí venimos.
Esos años de dictadura que se empecinaron con su estructura de terror muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, también había penetrado en muchos de los cuadros del Poder Judicial provincial. No era sólo la ambición de copar la estructura de la justicia federal que se dividieron con rigurosa proporción entre las tres fuerzas armadas del poder de Facto.
En esos primeros años de la década de los 80 la preocupación mayor pasaba por consolidar el proceso democrático. En el ámbito nacional se daba un enorme paso con el juicio a las Juntas Militares, sin embargo, en nuestra provincia todavía eran consentidas muchas prácticas (mayoritariamente atropellos de las autoridades de prevención) que seguían dominando el escenario de investigación, como todos recordarán por entonces a cargo de jueces y juezas en lo criminal y correccional (estas últimas -las mujeres que ejercían la magistratura- en un número mucho menor que sus pares varones).
A un gran compromiso de muchos de los nuevos magistrados/as designados y aquellos restituidos en su cargo tras haber sido anteriormente desplazados por la dictadura, se enfrentaba también un no menos importante sector que seguía arraigado a la década pasada. Ese fenómeno retrasó por años la evolución esperada y algunos grupos de poder siguen incluso hoy obturando reformas que fueron legisladas hace 50 años.
A estas sombras de un nuevo poder judicial se contrapusieron las luces de la valentía de muchos hombres y mujeres (magistrados, funcionarios y empleados) que, desde las épocas duras y pesadas, lucharon para recuperar las instituciones. Recordemos que también en todos los estratos de este poder se perdieron vidas y muchos otros hombres y mujeres sufrieron en sus cuerpos el secuestro y la tortura. Ni hablar de aquellos profesionales independientes de la abogacía y sólo basta para ello recordar lo que hoy -año tras año- conmemoramos tristemente como “la noche de las corbatas”.
Volviendo a los ´80, la copa del mundo de la mano del “Diego”, era un oasis en tiempos de incipiente inestabilidad. Corría el año 1987 y el gran León (me refiero por supuesto al único gran León que no es otro que Giecco), nos recordaba algunas ideas de Sting que interpelaba a la cultura del rock local. A propósito de ello bien vale que luego recordemos que pasó con The Police durante su actuación en el gobierno de Videla y las infundadas difamaciones que pretendieron ensombrecer su abrazo con las madres que ya por entonces nos ponían por delante aquella canción (“Ellas bailan solas”) que, si bien fue pensada para las madres chilenas, reflejaban la situación vivenciada aquí.
El encuentro al que aludía el ex The Police fue en 1988 durante el concierto que ofreció en el Estadio de River Plate en el marco de la gira de Amnesty International.
DIVIDIDOS, LAS PELOTAS, en 1988, nos permitieron levantar un poco el bajón y superar -en parte- los levantamientos militares del 87, pero, sobre todo, extrañar un poco menos a Luca.
Volvieron los miedos a la impunidad con la sanción de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”. Nuevamente, la democracia sufría los embates de un poder que todavía -por aquel entonces- nada tenía de residual.
De ahí veníamos. Cuando surfeábamos las graves crisis socioeconómicas de fines de los 80 y comienzos de los 90, un trompazo nos sacudió con los indultos del 89. De nuevo recobraba vigencia Víctor Heredia con “Sobreviviendo” y aquella frase de su letra que nos decía “Tengo cierta memoria que me lastima”.
De cualquier modo, los avances en materia de derechos individuales se fueron consolidando progresivamente hasta que nos topamos con la reforma constitucional (de nuestra Carta Magna nacional) del año 1994. El impacto de la incorporación ya como Bloque Constitucional federal de los Tratados de Derechos Humanos, algunos de los cuales, si bien ya regían mediante ley de adhesión, no ostentaban esa jerarquía fundacional y provocó el inicio de un cambio cultural que iría creciendo paulatinamente.
De allí que, durante largo tiempo era ostensible la diferencia de interpretaciones entre quienes ya ejercían cargos de responsabilidad en la magistratura antes de la reforma constitucional del 94 con relación a quienes se sumaron luego, habiéndose educado en un contexto donde los Pactos Internacionales eran el epicentro de la formación constitucional. Felizmente, esos ya son problemas del pasado.
El caso del soldado Carrasco precipitó la derogación del servicio militar obligatorio. Cada vez que recordamos la “colimba” la evocación nos lleva irremediablemente a Charly que con Sui Generis y su álbum “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”, ironizaba en el tema “BOTAS LOCAS”. Cómo olvidar aquel estribillo que decía: “Yo formé parte de un ejército loco tenía veinte años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos el loco era yo”. La historia de cómo Charly se libró del servicio militar es ya, a esta altura, conocida por todos.
Cambiando un poco de tema y ya para el caso de la provincia de Buenos Aires, la ola reformista de los 90 en el ámbito penal (con relación a los sistemas procesales) nos encontró a medio camino, por suerte no tan atrasados como los aires reformistas del sistema nacional pero fuertemente influenciados por ellos a partir del “nuevo” código Levene, que se miró con simpatía desde nuestra provincia olvidando la providencial obra del maestro Maier que pocos años antes fuera desechada por intereses corporativos.
Arrancamos esta nueva década en la provincia de Buenos Aires con el sano intento de reflotar una vieja ley de 1974 que había creado la figura del “Instructor Judicial”, legislada por aquellos años en el breve interregno de gobierno constitucional durante los 70. Pero ahora ya estábamos en los noventa, por entonces Soda Stéreo la rompía, Fito sacaba su álbum más populoso, escuchábamos Babasónicos y, por supuesto, todo el país saltaba al ritmo de Los Redondos. “Todo es igual nada es mejor” sonaba en cambalache pero también ahora con distinto ritmo, como marca de una individualidad bastante predominante en aquellos 90. Lo reflejaba así años después la Portuaria de la mano de Diego Frenkel.
En contraposición a ese individualismo, a mediados de los ’90 el hip hop de la mano de “Actitud María Marta” se solidarizaba y abrazaba a “Hijos” que peleaban contra la impunidad. Aquel tema “Hijo de Desaparecido” reflejaba los sentimientos de aquella época donde el panorama que reinaba era incierto y oscuro.
Aun así, en nuestra provincia de Buenos Aires se avecinaban los cambios, que fueron apresurados por algunos hechos policiales que costaron vidas, pero cuya trascendencia llevó a replantear la estructura del sistema de investigación y enjuiciamiento penal. Todavía seguía dominando una gran descentralización de la investigación en las dependencias policiales y ya, por cierto, no era la mejor policía del mundo. Adquirían relevancia nuevas deudas de la democracia como -por ejemplo- el sistema con el que se abordaba a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. La oralidad de los juicios que mirábamos expectantes en el desarrollo de la Justicia Nacional se introdujo en la provincia de Buenos Aires sobre una base mucho más provechosa que todos llamábamos (muy ambiciosamente) “El Acusatorio”.
El tratamiento legislativo y puesta en marcha de este novel sistema, y aquí hago un paréntesis porque es obligatorio reconocer también el enorme esfuerzo de operadores de todos los sectores contra las resistencias culturales y las limitaciones de recursos materiales, se dio en un momento sociopolítico de enorme crisis a finales de los 90. Quizás por ello ya antes de entrar en vigor el nuevo código había sido reformado un par de veces. Hoy llevamos 39 reformas producto de la ausencia de definiciones iniciales.
Claro que, para la generación de jóvenes penalistas de entonces, quienes veníamos de los códigos de matriz inquisitiva, ese fanatismo por la reforma que, al menos ponía el acento en la meta-diferenciación de las funciones de investigar y juzgar, (tal como lo señalara años después la Corte federal en “Quiroga”), nos confundió un poco sobre la calidad y profundidad del cambio.
Aunque entre nosotros pensáramos que bajábamos de Sierra Maestra con este nuevo procedimiento penal, en realidad su texto se destacaba por una diversidad de plumas en una marcada ausencia de coordinación de los institutos procesales y, en rigor, recurría a muchos de los mismos errores del sistema nacional.
El nuevo desafío fue entonces, en nuestra provincia como en tantas otras, comenzar a contar con un ministerio público fiscal autónomo en sus investigaciones, la desaparición del juez de instrucción que muchos añoraban y la creciente preocupación por recuperar la investigación a manos civiles dependientes de este nuevo y autónomo Ministerio, seguía sin consolidar la reclamada “Policía Judicial”.
El inicio del siglo XXI nos encontró a todos frente a un cambio de paradigma en la seguridad mundial. El atentado a la Torres del 11 de Septiembre de 2001, configuró un nuevo orden mundial, securitizó la política de todos los países de Occidente y ya, en nuestro plano local, cayó hasta lo más profundo del derrumbe de las instituciones.
También el rock se hacía eco de esos tiempos y la Bersuit nos anticipaba el futuro político cuando ironizaba al poder tocando “se viene el estallido”.
Se profundizaron cambios en el orden sustantivo con las conocidas reformas “Blumberg” que, en algún punto, trastocaron la coherencia interna del Código Penal de 1921. El fenómeno no se hizo esperar en el ámbito de las incumbencias legislativas provinciales y se restringía hasta lo inexplicable aquel principio general que señala a la libertad como regla durante la sustanciación del proceso, algo tan devaluado -a esa altura- como nuestra moneda que ya había mutado hacia los famosos y recordados patacones.
Empezaban a legislarse códigos procesales en otras provincias que nos llevaron a repensar y preguntarnos qué tanto habíamos avanzado en la nuestra. A mediados de los 2000, la integración de una renovada Corte federal traía aire fresco a la jurisdicción penal con sentencias que retomaban la senda de aquella primera Corte del Alfonsinismo. Se reafirmaron nuevos criterios sobre imparcialidad (Dieser, Llerena), sobre el sistema acusatorio al menos desde lo formal (Quiroga), algunos importantes avances en materia del verdadero alcance del juicio y la oralidad desde el resguardo de la defensa material en juicio (Derecho a confrontar los testigos de cargo, fallo “Benitez” del 2006), el pronunciamiento en el caso “Maldonado” para el fuero de responsabilidad penal juvenil y el fallo “Casal” que vino a redefinir el derecho al doble conforme y alcance de las impugnaciones, entre muchos otros.
Esos años fueron como una primavera en muchos aspectos. Comenzaba una paulatina renovación en los cuadros de magistrados/as, funcionarios/as, muchos de ellos casi no habían vivido profesionalmente las épocas del viejo procedimiento.
Como Poder del Estado tuvimos un rol de suma importancia al ratificar aquella ley del 2003 que había sancionado la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Fue en el 2005 cuando nuestra Corte Federal declaró inconstitucionales ambas leyes y constitucional su nulidad. Una nueva etapa se iniciaba en la historia de nuestra reciente democracia y pudieron entonces reanudarse aquellos juicios archivados en los 80. Nunca más la impunidad. Comenzaba una nueva etapa también en la recuperación de la identidad de “Hijos” y van 132 a quienes las abuelas con su lucha integraron a sus familias.
Una nueva revolución aparece ya notoriamente en superficie aun cuando su gestación reconocía décadas de trabajo. El feminismo y las identidades disidentes que conformaron el movimiento LGBTIQ+, vinieron a romper viejos patrones culturales que dominaron una sociedad patriarcal y una nueva mirada nos obligó a salirnos de una perspectiva atestada de prejuicios.
Eran épocas en la que habíamos escuchado al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado y ya todos estábamos expectantes por su lanzamiento como solista. Ceratti se lucía en ese rol. Eran los mejores años de Babasónicos, Intoxicados. El MP3 y las listas random ya formaban parte de nuestras costumbres.
A más de una década de la puesta en marcha de la reforma procesal, empezábamos a darnos cuenta de sus contribuciones positivas, pero también de las necesidades de cambio para profundizar el sistema. Al mismo tiempo también éramos conscientes que no todo depende del sistema que impere como instrumento para la realización del derecho sustantivo, los códigos de procedimiento pueden imponer reglas, pero es fundamental cómo se opere con ellas.
Un poco más acá en el tiempo apareció una discusión que reavivó una vieja manda constitucional: “El Juicio por Jurados”. Fuimos de las provincias pioneras en implementarlo y es por ello que el debate sobre sus reglas y la necesidad de implementación fue más arduo. Eso también explica algunas imperfecciones en su texto que ya fueron zanjadas en modelos superadores implementados en otras provincias que siguieron ese camino dónde los bonaerenses junto a las neuquinos fuimos precursores.
A diferencia de otros cambios, los operadores del sistema no sólo no ofrecieron resistencias culturales, sino que abrazaron con entusiasmo la participación popular en la administración de justicia. Velozmente comenzamos a formarnos aprovechando la experiencia de aquellos sectores que venían desde años atrás investigando sobre el tema. Uno de los mayores logros de los últimos tiempos fue ver el enorme compromiso de todos los operadores del sistema. Llevamos sólo algo más de 9 años de su implementación y ya forma parte inescindible de nuestra cultura procesal. En esta oportunidad, al contrario de otros tiempos, el compromiso de los y las integrantes de este Poder Judicial, permitió mejorar el problema de las reglas a través de una adecuada interpretación.
Pero aquí lo importante es que el juicio por jurados vino a interpelarnos sobre la forma en que -particularmente – Litigamos en los juicios. Ese enorme aporte también lo estamos capitalizando en la actualidad y, en muchos casos, por iniciativa de los operadores que han adoptado lo mejor de sus reglas y las implementan en los debates ordinarios con notable desempeño.
Una mañana despertamos pensando que había iniciado el “Apocalipsis”. Un “Papa argentino”, y entonces Bergoglio dejó ser tal para ser ahora Francisco, y reafirmar ideas que parecían antiguas pero que seguían vigentes, ir por las tres “T”: Tierra, Techo y Trabajo.
Como agentes del Estado también sufrimos al enfrentarnos a una inesperada pandemia. Somos parte de una sociedad que perdió muchas vidas, y los integrantes del Poder Judicial no hemos estado exentos a ello. Perdimos muchos compañeros y compañeras además de familiares y amistades. Aun así, también hemos visto el enorme sacrifico para seguir prestando un servicio, en todas las líneas de trabajo, pero particularmente en las instancias iniciales.
Así llegamos a estos tiempos que nos encuentran aquí reunidos, mientras en los lugares de trabajo se escucha de fondo a Biza-rap, Tan Biónica, Woz y algún otro melancólico que desde alguna plataforma trae lo mejor de Fito.
Hay aspectos que merecen ser profundizados en el programa institucional de nuestro Poder Judicial. Una muestra de ello es abandonar esa natural inclinación a la composición e integración endogámica. En palabras de Alberto Binder es importante echar una mirada hacia algo, cuyo título asustaba a importantes grupos corporativos, me refiero a la “democratización de la administración de justicia” bajo el entendimiento de que no se trata de que los jueces/zas sigan los dictados de la mayoría -lo que iría en contra de nuestra función constitucional- sino que, al contrario, esto tiene que ver con que “el servicio de justicia que prestamos sepa acompañar el crecimiento y desarrollo de una sociedad plural, dinámica, tolerante e inclusiva”.
Para esto hay que sacarse de encima la lógica de los trámites de pesadez burocrática, el egocentrismo valorativo, la ausencia de imaginación y la falta de empatía hacia todo lo que tenga rostro humano y no sean papeles.
Nuevos desafíos nos esperan y quizás uno de los más importantes trace su rumbo hacia la consolidación de un Poder Judicial independiente, no sólo de los otros poderes en términos republicanos, para lo cual un impulso imprescindible es contar con una autarquía en la administración de recursos, sino también trabajar de cara a la sociedad demostrando, como lo hemos intentado desde nuestra provincia, que los poderes fácticos no moldean decisiones ni impulsan persecuciones.
Recuperar la identidad del Poder Judicial, va a depender también del conocimiento de la sociedad respecto del servicio que prestamos y el compromiso de los operadores. En eso, el sistema de jurados será de una ayuda invalorable.
De otro lado, necesitamos tanto profundizar el acceso a la justicia como también dar otro paso en el sistema de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Éstos no son adultos en miniatura y no demandan un sistema centrado para ellos sino en una justicia que haga foco en ellos y las problemáticas de la infancia, desde una perspectiva que debe romper con los moldes tradicionales de adultos.
Finalmente, y al menos como anhelo en la provincia de Buenos Aires, los debates en la etapa de juicio, en un futuro cercano, ya nada tendrán de parecido a lo que hemos visto hasta el presente. La especialización en litigación que los jóvenes operadores han abrazado con entusiasmo va a forzar el cambio de paradigma. Otro tanto será de las investigaciones preliminares, que algún día estarán consolidadas de la mano de la “Policía Judicial” y se reducirá a un sistema de audiencias donde se confrontarán los hitos más importantes de esa etapa del proceso.
Y para cerrar, y que no se me vea como un simple comentarista, también quienes integramos órganos de impugnación y revisión debemos replantearnos nuestra tarea. Han pasado casi 20 años desde el Fallo “Casal” de la C.S.J.N. y hoy asegurar el doble conforme requiere de un compromiso que remueva las cortapisas que como coartadas obstaculizan la revisión integral. Ello implica ser eficientes y utilizar las nuevas tecnologías de registración de debates y ahondar en la epistemología de la que se nutre a la sana crítica racional. Posiblemente sea necesario un rediseño del sistema recursivo y, como último anhelo que seguramente será alcanzado, que por fin se consolide la llegada de una mayor cantidad de mujeres a las más altas posiciones de este poder del Estado.
Aventuro un futuro enorme desde la inferencia que me permito hacer a partir del esfuerzo de la gran mayoría de integrantes de este Poder Judicial que seguramente no olvidará el compromiso con nuestra Constitución y tendremos siempre presente la custodia de LA VERDAD , MEMORIA y JUSTICIA.
